La inmigración ilegal y la ideología son los principales desafíos de la seguridad de EEUU que están causando temor, y no existen planes para prevenir ni evitar estas amenazas que pueden derivar en terrorismo, advierte Emilio González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración.
“EEUU, después del 11 de septiembre, elaboró una política de seguridad muy eficaz, un sinnúmero de atentados que se mantuvo en reserva no llegó a ejecutarse porque hicimos lo que teníamos que hacer, pero lamentablemente al gobierno de Biden no le interesa la seguridad nacional”, considera el experto.
González, exoficial de Inteligencia y designado por el presidente George W. Bush, dos años después del atentado, para dirigir el Servicio de Inmigración por su amplia experiencia, compartió con DIARIO LAS AMÉRICAS su visión sobre la seguridad del país y las consecuencias.
El tema, a propósito del aniversario del peor ataque terrorista perpetrado contra EEUU, recobra gran interés de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. En el debate Trump-Harris, la seguridad nacional no fue tema principal.
Seguridad nacional en alto riesgo
EEUU, en los últimos años, se ha visto envuelto en serios problemas de vulnerabilidad en las fronteras, la ideología y de agentes que resultaron ser “espías”, lo que pone en alto riesgo la seguridad.
En junio pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó al Tren de Aragua, organización de delincuencia organizada transnacional, surgida en Venezuela, casi un año después de que autoridades federales constataron la presencia de miembros de la banda en territorio estadounidense.
“El Tren de Aragua enfatiza la creciente amenaza que representa para las comunidades americanas”, afirmó el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, en un comunicado.
El texto señaló un amplio y temible récord delictivo que incluyó tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, pero el gobierno de Biden no ha explicado cómo varios de sus miembros lograron ingresar al país con ese historial.
También en junio, un grupo de legisladores federales liderados por el senador Marco Rubio presentaron un proyecto de ley para Proteger a los Aeropuertos de EEUU de los Estados Patrocinadores del Terrorismo. Esto, en reacción al “recorrido” que una delegación de integrantes de la Aviación Civil del régimen cubano hizo en las instalaciones de la Administración de Seguridad de Transporte (TSA por su sigla en inglés), incluyendo zonas de seguridad restringidas, en el Aeropuerto Internacional de Miami.
“Es absurdo que EEUU haya recibido a funcionarios de países designados actualmente como Estados Patrocinadores del Terrorismo. La decisión patética del presidente (Joe) Biden de otorgarle al régimen castrista acceso a áreas sensibles de nuestros aeropuertos, pone en riesgo la seguridad nacional del país y a todos los pasajeros”, declaró Rubio en un comunicado.
En fecha más reciente, el 9 de septiembre, ocurrió otro hecho similar. Cinco congresistas republicanos pidieron explicación a la administración Biden por la entrada a EEUU de Manuel Menéndez Castellanos, exalto funcionario del Partido Comunista de Cuba, a través de un proceso de reunificación familiar.
“El proceso de investigación de antecedentes no logró identificar su participación en el régimen de (Fidel) Castro, a pesar de su afiliación documentada al Partido Comunista”, se quejaron en un comunicado.
A estos hechos se suman los escándalos de espionaje, como los casos del exembajador de EEUU en Bolivia, Manuel Rocha, acusado de ser por más de 40 años un “agente al servicio de Cuba”; y el de Linda Sun, exjefa adjunta de gabinete para dos gobernadores de Nueva York, señalada de actuar como agente no revelada del gobierno chino.
Fronteras sin control
Hasta la fecha, los estadounidenses no conocen el plan de Estrategia de Seguridad Nacional que la administración Biden publicó dos años después de la toma de posesión (2021), y que debe publicarse por esa fecha. El retraso incluso obligó a posponer la Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono, según se informó.
Pero lo que sí sabe González es que la inmigración ilegal es la preocupación número uno y que “no hay seguridad en la frontera de EEUU”.
“Las personas pasan por la frontera de forma anónima, y no solo pasan, sino que además les dan entrada con una visa por una aplicación en el teléfono, sin verificar; están haciendo cosas que no tienen nada que ver con la seguridad nacional”, lamenta el experto, asesor clave de seguridad nacional y política exterior del gobierno de Bush.
La cifra exacta de inmigración ilegal se desconoce, aunque se calcula entre 15 y 20 millones, y eso refleja, dice, el desinterés en el control de la frontera del país.
“Es inexplicable que ni Biden ni su gobierno hayan podido explicar cuál es el plan. Hay quienes sospechan que se está cumpliendo con lo más izquierdista de su partido”.
Apunta que abrir la frontera no es una estrategia, y lo que resulta de ello es un alto índice de criminalidad. Aunque el Tren de Aragua “no va a tumbar al gobierno norteamericano”, sí ocasiona “graves problemas en todos los estados” que pueden horadar la estabilidad democrática.
“El hecho de que hayan dejado entrar a estas personas libremente, sin que les importe quiénes son demuestra que hay casi un descontrol organizado desde la Casa Blanca. La criminalidad afecta que las personas puedan ir a votar, afecta a los presupuestos municipales y estatales”.
Las ciudades pagan las consecuencias, dice. En Boston, una de las más grandes urbes de EEUU, han arrestado a más de 150 personas “por horribles crímenes”, en solo siete meses. “Los recursos y policías destinados para esa acción podían haber sido usados para otras cosas de esa localidad”.
Agenda Ideológica
El exoficial estadounidense atribuye la disminuida importancia al problema de seguridad fronteriza a un asunto de “una agenda ideológica”.
“No cabe otra razón. ¿Por qué quieren dejar entrar a millones de personas anónimas, por qué no les importa la ola de delincuencia? Aparte de los requerimientos de los aproximadamente 20 millones de personas de vivienda, presupuestos escolares, y hospitales”.
“Los norteamericanos que pagan impuestos comienzan a preguntarse por qué el gobierno de Biden le da a un inmigrante ilegal 4.000 dólares mensuales y a ellos les dan menos”, refiere.
“La estrategia es dejar entrar a todo el mundo entrar y después resolver, y eso es una estrategia del ala más izquierdista del Partido Demócrata que no es el mismo de hace 20 años y ha sido consumido por la extrema izquierda, eso se ve todos los días”, sostiene, tras señalar que el descontrol en seguridad no beneficia ni al Partido Demócrata ni al país.
Pese a todo, González está convencido de que EEUU seguirá enfrentando desafíos en materia de seguridad y buscará siempre la manera de adaptarlos a la realidad.
FUENTE: Entrevista a Emilio González, exdirector del Servicio de Ciudadanía e Inmigración
