El fenómeno de los incendios forestales y el terrible daño ambiental, que se ha expresado en drama, desastres, consecuencias irrecuperables, recurrentes en esta época del año, sin embargo las dimensiones de los daños efectos y consecuencias son devastadoras y alarmantemente crecientes, lo que generó respuestas solidarias, mediáticamente fuertes, matizada por diferentes puntos de vista en la asignación de responsabilidades, culpabilidades y por una evidente politización en la forma de abordar el problema.
*Por Vladimir Medina – Sociólogo y analista político
El origen sistémico el modelo de desarrollo y la visión estatal.
En un intento de entender la complejidad, dimensión y responsabilidades en este problema es importante identificar los aspectos globales sistémicos en términos de modelos de desarrollo que determinaron y provocaron la emergencia de este fenómeno que se convirtió en crisis medioambiental, lo que nos permitirá determinar causas, responsabilidades, consecuencias y probables acciones urgentes que hay que asumir
El origen que posibilitó las condiciones para lo que hoy estamos viviendo tiene que ver con los modelos de desarrollo como base estructural, proyectado por el Plan Bojan, asesor norteamericano inspirado en la visión desarrollista extractivista en el contexto de la economía de mercado. Esta condición marcó tendencia, en los modelos de desarrollo y el enfoque de la planificación en Bolivia durante todos estos años pasando por todos los gobiernos: democráticos, dictaduras, de derecha, de izquierda, incluidos los periodos administrados por el MAS tanto en las gestiones de Evo Morales como de Luis Arce Catacora, a partir de la visión estratégica política y económica insertada en la denominada agenda 2025 que en el marco de diversificar la matriz económica planteaba la ampliación de la frontera agrícola, y el fomento a actividades depredadoras del medio ambiente como es la minería aurífera operada en la mayoría de los casos por cooperativas mineras
Las causas estructurales
En el contexto de este modelo se han generado como causas fenómenos y factores que han facilitado las consecuencias, desastres e impactos directos en el medio ambiente, que intentaremos describir y analizar para poder acercarnos a las causas y responsabilidades.
- La deforestación y los desmontes en el marco de la ampliación de la frontera agrícola
Este factor se constituye en una de las principales causas estructurales que provocan los incendios forestales, entendiendo que son acciones desarrolladas en el marco de la ampliación de la frontera agrícola con el propósito de incrementar la ampliación de la producción de granos para exportación (sobre todo soya y derivados), al crecimiento de la actividad ganadera en la perspectiva de la exportación de carne, y otros que tienen que ver con la actividad agroindustrial
La desforestación y el desmonte utiliza varias modalidades, una es la mecanizada y otra es la quema a gran escala, lo que sugiere el principal factor de riesgo es el desmonte de grandes extensiones con fines agrícolas. El desmonte es mecanizado, abarca varias hectáreas por unidad agrícola y la quema es a gran escala en comparación con el chaqueo tradicional. En consecuencia, el peligro de que la quema de los desmontes arrase con los bosques es mucho mayor.
Debemos considera también que los actores y sectores que utilizan esta modalidad son diversos grupos humanos, desde los sectores agroindustriales, ganaderos, campesinos, colonizadores, hasta los que están inmersos en el mercado y tráfico de tierras, asentamientos ilegales, comunidades fantasmas y otros.
Los efectos medioambientales son incalculables, como procedimiento ya afecta de hecho a la extensión de tierras supuestamente aptas para cultivos, pero el descontrol muchas veces deliberados empieza a afectar a zonas forestales, tierras fiscales, comunidades indígenas y bosques.
- La conformación de comunidades y asentamientos
Este factor es un fenómeno creciente en los últimos años ha permitido que bajo el paraguas de interculturales o colonizadores, sectores, actores y grupos humanos, procedieron al traslado de personas a tierras para asentamientos, conformación de comunidades, con el propósito de incorporase a la dinámica económica de la ampliación de la frontera agrícola y el incremento de la producción, asignados en tierras aparentemente fiscales o convertidas en TCO o tierras con vocación productiva.
Se han generado complejos problemas en torno a esta movilización, asentamientos y procesos de colonización. Un primer problema tiene que ver con la acción depredadora del medio ambiente básicamente por la utilización de quemas a gran escala para el desmonte de tierras. Otro problema es la conflictividad y violencia que se presenta en las zonas donde interactúan estos asentamientos, sobre todo problemas legales vinculados a derechos de propiedad, legalidad y legitimidad de las autorizaciones, llegando inclusive a organizar o contratar grupos irregulares para provocar enfrentamientos, ocupaciones o tomas violentas. Un tercer problema tiene que ver con la conducta y proceder de algunos grupos convertidos en directores o dirigentes de estos asentamientos que han convertido en un negocio esta actividad y migran de asentamiento en asentamiento, organizando comunidades fantasmas, consiguiendo no se sabe cómo autorizaciones de las instituciones encargadas provocando e incentivando la violencia, el conflicto y el tráfico de tierras.
- Mercantilización o tráfico de tierras como objetivo económico
Uno de los factores más complejos que incentiva la desforestación y desmonte generalizado es el acelerado interés en las tierras, la mercantilización y el tráfico de tierras, convirtiéndose en el principal objetivo de los sectores y grupos humanos involucrados en este tema (agroindustriales, empresariales, interculturales, asentamientos, colonizadores y campesinos) a los que se suman un nuevo grupo social los dedicados al mercado de las tierras traficando y mercantilizando, dejando a un segundo plano el objetivo estratégico que en teoría es el mejoramiento de la capacidad productiva con la ampliación de la frontera agrícola.
Los datos que ratifican esta hipótesis señalan que, de la cantidad de tierras desmontadas alrededor de 4 millones por año, se utilizan para las actividades productivas y agroindustriales alrededor de 300 mil hectáreas únicamente, el resto pasa a la mercantilización y tráfico de tierras.
Lo más preocupante es la forma en que este fenómeno se va complejizándose más. Por un lado, promoviendo la acumulación de grandes extensiones de tierra en pocas manos, empoderando el latifundio, posibilitando que sujetos extranjeros se conviertan en propietarios de grandes cantidades de tierras, en el marco de la visión desarrollista liberal. Por el otro los altos niveles de conflictividad y violencia en torno a problemas de derecho propietario, asentamientos ilegales, tomas de predios, forzando en algunos casos el cambio de uso de suelos y la condición jurídica y legal de estas tierras.
- El rol del Estado normativo procedimiento y requisitos
El Gobierno Nacional amparándose en la agenda patriótica 2025 y la Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia, tiene como política incentivar la ampliación de la frontera agrícola, mediante una normativa que flexibiliza y minimiza la protección a los bosques, flexibilizando también los procedimientos y requisitos para la autorización de desmontes, asentamientos en tierras fiscales, en tierras forestales, cambios de uso de suelos y otros donde el rol del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) se ve cuestionada y deslegitimada por serias sospechas de corrupción.
El punto de mayor cuestionamiento y discusión son las denominadas leyes incendiarias que son un conjunto de leyes y decretos emergentes de los acuerdos del gobierno con sectores y empresarios agroindustriales agropecuarios de Santa Cruz y el Beni, Campesinos, Indígenas e Interculturales, entre los que se encuentran la ley departamental 093 de cambio de plan de uso de suelos en el departamento del Beni y la ley 741 con el objetivo de autorizar desmontes en teoría a comunidades y pequeñas propiedades, sin embargo lo que problematiza y conflictiviza es que permite desmontes en zonas forestales y boscosas, que no tiene potencial de uso para agricultura, razón por la cual los desmontes y quemas a gran escala empeoraron en la zona de bosques cuya consecuencia fue que los incendios forestales afectaron y se masificaron en tierras fiscales y bosques primarios.
- Problemas climáticos medioambientales y sequías
Es evidente que los aspectos vinculados a la crisis medioambiental en especial la sequía se convierte en un factor que contribuye a la propagación y masificación de los incendios forestales, los bosques secos son fácilmente incendiables provocando la rapidez en la masificación del fuego. Por lo tanto, no considerar este factor en los chaqueos o quemas masivas, es una imprudencia e irresponsabilidad, puesto que después se descontrola el fuego y se provocan los grandes incendios.
- Debilidades y dificultades en el control de los incendios foretales
Es evidente que Bolivia tiene enormes limitaciones o no cuenta con capacidades para combatir incendios forestales que se traducen en recursos humanos económicos, materiales e institucionales limitados, una normativa excesivamente burocratizada que impide acciones y respuestas inmediatas, intervenciones tardías, influencia de aspectos políticos en la toma de decisiones inaccesibilidad a las zonas afectadas. Lo paradójico y que raya en la irracionalidad por ejemplo es la denuncia que en algunas zonas existen grupos violentos que impedían el ingreso de los bomberos y equipos organizados para combatir los incendios
- Quiénes son los responsables
Existen muchos responsables e implicados en los desmontes y quemas a gran escala que provocaron los incendios forestales, motivados por varios factores y decisiones políticas entre los que podemos mencionar el incentivo la ampliación de la frontera agrícola, desordenado, sectario, corrompido, la expansión de la actividad ganadera, autorización y fomento de asentamientos en tierras fiscales, zonas forestales.
Debemos tener en cuenta que parte de los incendios están concentrados en las zonas de ampliación de la frontera agrícola, que se caracterizan por los conflictos y las disputas que persisten por la tenencia de la tierra, en términos de derechos de propiedad, ocupación ilegal de tierras fiscales y territorios indígenas, predios privados medianos y grandes, comunidades con autorizaciones provisionales de asentamientos.
Por esta razón no se puede atribuir a un solo sector como se ha intentado desde distintas narrativas, entendiendo de la manera más objetiva en esa diversidad de sectores involucran a sectores agroindustriales especialmente los que trabajan con soya, ganadería, empresarios propietarios de medianos y grandes predios, asentamientos de colonizadores denominados interculturales, en muchos casos con ocupaciones ilegales o también como comunidades provisiónales.
- Cuáles son las consecuencias y efectos de los incendios forestales
Las dificultades e imposibilidades de controlar los incendios forestales provocan devastadoras e irreversibles consecuencias, desastres y daños ambientales permanentes, con un impacto criminal a la biodiversidad, a la zona de los bosques, flora, fauna, habitat natural de animales silvestres, contaminación del agua a causa de la cenizas, afectando a fuentes y pozos de agua para el consumo humano, lagunas, bebederos para animales, contaminación del aire a causa del humo, provocando la destrucción de medios de vida tradicionales de las comunidades indígenas, causando problemas de inseguridad alimentaria. Como también consecuencias irreversibles en las poblaciones y municipios locales en las áreas de influencia, comprometiendo la calidad de vida, la salud pública y el desarrollo de sus actividades normales.
- Qué debemos hacer de aquí en adelante
Una primera acción urgente es exigir a las autoridades tanto nacionales como subnacionales realicen una evaluación integral de los daños medioambientales provocados por los incendios, en poblaciones locales, comunidades indígenas, flora, fauna, ecosistemas, etc. Con el propósito de implementar acciones inmediatas de recuperación y mitigación de los daños, incluido un proceso sostenido de asistencia y ayuda humanitaria
Una segunda acción es la creación de una normativa específica a nivel de ley contra los incendios forestales, que no solamente endurezca las multas y sanciones, que además suspenda autorizaciones para desforestación y desmontes, asentamientos de grupos humanos o colonizadores, de conformación de comunidades, de cambios de uso de suelos, como también y de manera prioritaria suspender todo tipo de activad económica, agroindustrial, ganadera y productiva en las zonas afectadas por los incendios forestales.
Una tercera acción es la abrogación de toda normativa existente que flexibilice, facilite o incentive la deforestación, desmontes, asentamientos humanos o comunidades. Como también se instruya y ordene tanto al INRA como la ABT suspender todo proceso de saneamiento, autorización, cambio de uso de suelo u otros
Es importante modificar la visión estructural, el modelo de desarrollo, suspendiendo por lo menos de manera temporal acciones o políticas destinadas a la ampliación de la frontera agrícola, debatiendo y consensuando la construcción de un modelo de desarrollo productivo amigable con el medioambiente y el ecosistema, proyectando como objetivos la seguridad alimentaria y abastecimiento interno, eliminando de cualquier visión estratégica, planificación o modelo de desarrollo la acumulación, ganancia o enriquecimiento de sectores o privados
Ninguna de estas acciones tendría sentido si no se toman medidas contundentes que eliminen, sancionen y penalicen la mercantilización y tráfico de tierras, por lo que hay que crear una normativa a nivel de ley en contra del tráfico de tierras, además de un inventario, relevamiento, auditoria, de todas las autorizaciones emitidas tanto a predios privados, asentamientos, comunidades, ocupaciones, para determinar la cantidad de hectáreas de tierra que se destina al cumplimiento de los objetivos agroindustriales o productivos, y que cantidad está destinada a la sujeto mercantilización y tráfico de tierras.
Esto en razón de que todos los informes e investigaciones que se han realizado en Bolivia desde el año 2015, por organismos e instituciones especializadas, con criterios técnicos, académicos y científicos, concluyen que no llegan ni al 10% la cantidad de tierras que se utilizan para actividades agrícolas o productivas, el resto está desinada al tráfico y mercantilización. Esta información va a permitir que se pueda proyectar una redistribución de las tierras existentes autorizadas, garantizando que se desarrollen fortalezcan las actividades económicas agrícolas, agroindustriales y productivas.
No debemos dejar de lado el grave daño medio ambiental que están generando y provocando las empresas y cooperativas mineras, las auríferas en la zona de los Yungas y la Amazonia, y las que están asentadas en el Departamento de Potosí, contaminando el rio Pilcomayo con fatales consecuencias a la biodiversidad del chaco boliviano. Por tal razón es urgente una investigación, relevamiento y auditoría de los daños que provocan, de las autorizaciones que se les ha otorgado y de las facilidades y subvenciones que los benefician, con el objetivo de suspender, dejar sin efecto y reencaminar una normativa y una política que clarifique requisitos, determine sanciones y elimine las subvenciones y facilidades otorgadas a estos sectores, requiere de una vigorosa fortaleza política que elimine el chantaje y la presión como factor de decisión.
El rol de los municipios es fundamental, en el caso del nuestro debería proyectarse un programa agresivo de reforestación y arborización que involucre y comprometa la participación de la sociedad civil, mediante sus organizaciones, instituciones, ciudadanos, es decir todos sus actores, si el Gobierno Municipal se apropia de una iniciativa de estas características puede inclusive proyectar un modelo a nivel nacional.
Queda mucho por hacer y es nuestra responsabilidad exigir y contribuir a que se desarrollen e implementen acciones, medidas, políticas, normas y un proceso de concientización y sensibilización ciudadana.
