Después de más de una década de lucha y espera, las familias de los 33 niños que murieron calcinados en la tragedia de Fundación, Magdalena, comenzarán a recibir la indemnización impuesta por el Consejo de Estado a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
La congregación completó el pago de 20.384 millones de pesos, equivalentes al 80 % de la sanción económica, gracias a los aportes de su feligresía.
Sin embargo, el municipio de Fundación y el Tránsito Municipal, condenados al pago del 10 % cada uno, aún no han dado respuesta sobre el cumplimiento de su obligación.
El siniestro ocurrió el 18 de mayo de 2014, cuando un grupo de niños regresaba de un servicio religioso en un autobús en pésimas condiciones, contratado por la iglesia y conducido por Jaime Gutiérrez Ospino.
Un cortocircuito habría provocado el incendio, atrapando a los menores en el interior del vehículo. Pese a los intentos desesperados por rescatarlos, 33 niños y una mujer fallecieron.
‘La indemnización no devuelve a nuestros hijos’
En Fundación, esta tragedia marcó la vida de sus habitantes para siempre. Foto:Archivo / EL TIEMPO
Para las familias de las víctimas, recibir esta compensación económica es un alivio en medio de la adversidad, pero no mitiga el dolor de haber perdido a sus seres queridos.
María del Carmen Pacheco, familiar de una de las niñas fallecidas, expresa sentimientos encontrados: “No hay dinero que compense el vacío que dejaron nuestros niños. Hemos sufrido mucho y, aunque este dinero nos ayuda, lo que realmente queríamos era que esto nunca hubiera pasado”.
Algunos de los beneficiados, en su mayoría personas de bajos recursos, planean usar los fondos para mejorar sus condiciones de vida, mientras que otros aseguran que invertirán en la educación de sus otros hijos.
El municipio y el tránsito guardan silencio
A pesar del cumplimiento de la iglesia, las autoridades locales siguen sin pronunciarse sobre el pago de los 5.100 millones de pesos que deben aportar. Jorge Castro, abogado de algunas de las familias afectadas, advierte que el incumplimiento podría generar nuevas acciones legales:
“El fallo del Consejo de Estado es claro. Si el municipio y el tránsito no cumplen, podrían enfrentar sanciones adicionales, y sería una nueva revictimización para las familias que llevan años esperando justicia”.
Por su parte, la comunidad de Fundación también cuestiona la falta de respuesta de las autoridades. Juan Gutiérrez, líder comunal, señala que este caso ha demostrado la falta de compromiso del gobierno local con la seguridad de los menores:
El municipio y tránsito no han pagado el dinero. Foto:Archivo / EL TIEMPO
“Lo que pasó fue una negligencia total. ¿Cómo permitieron que un bus en esas condiciones transportara a los niños? Hoy, después de tantos años, muchas cosas siguen iguales”.
La iglesia y su mensaje de unidad
A través de una carta dirigida a sus pastores y feligreses, Héctor Ariel Campuzano Fonseca, presidente de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, confirmó que la deuda ha sido saldada gracias a las donaciones de la comunidad religiosa.
En la misiva expresó: “Con el corazón lleno de gratitud, me dirijo a ustedes para expresar nuestro más sincero agradecimiento por la generosa ofrenda colectada a favor del caso de Fundación, Magdalena. Su apoyo y compromiso son verdaderamente inspiradores y reflejan el amor y la unidad que nos caracteriza como iglesia”.
Así fue el proceso judicial
El caso también estuvo marcado por la polémica judicial. El pastor Manuel Salvador Ibarra y el conductor Jaime Gutiérrez Ospino fueron procesados por homicidio simple en la modalidad de dolo eventual y enviados a prisión. Sin embargo, en 2017 una jueza de Santa Marta les otorgó la libertad.
Años después, en 2021, Ibarra falleció en una clínica de Barranquilla a causa del covid-19. En vida, siempre sostuvo que la tragedia fue un accidente. Irónicamente, una de las víctimas del incendio era su propia hija.
Manuel Salvador, pastor evangélico. Foto:EL TIEMPO
El dolor de una comunidad que no olvida
Diez años después, la tragedia de Fundación sigue siendo una herida abierta en la memoria de Colombia. Aunque la indemnización representa un cierre económico para las familias, la comunidad insiste en que lo más importante es que hechos como este no vuelvan a repetirse.
“Perdimos a nuestros niños porque el Estado y la iglesia fallaron en su deber de protegerlos”, concluye Sandra López, madre de otro de los menores fallecidos.
Hoy, el recuerdo de los pequeños sigue vivo en Fundación, en cada madre que extraña su risa, en cada altar improvisado en sus hogares y en el clamor de una comunidad que aún exige justicia.
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Roger Urieles
Para EL TIEMPO Santa Marta
En X: @rogeruv
