Read this story in English | Traducción por Martín Better Longo
Cuando la legislatura de Colorado, controlada por los demócratas, decidió en el año 2021 que aquellos inmigrantes que enfrentaban una posible deportación debían tener abogados financiados por el gobierno, el expediente del tribunal de inmigración parecía abrumador.
Esto ocurrió antes de que unos 43.000 solicitantes de asilo, de Venezuela y otros países sudamericanos, llegaran a Denver en menos de dos años, principalmente en autobuses desde Texas. Esto también fue antes de que el número de casos de inmigración pendientes en Colorado aumentase de 18.000 a 78.000.
Antes de la avalancha de recién llegados, los legisladores votaron a favor de crear el Fondo de Defensa para Inmigrantes, reservando 100.000 dólares para ayudar a los inmigrantes a conseguir abogados y, así, colocar a Colorado dentro de un pequeño grupo de ciudades y estados que pagan el costo equivalente al de un defensor público en los tribunales de inmigración. La legislación, patrocinada por la representante Naquetta Ricks, cuya familia huyó de la guerra civil en Liberia a sus 13 años, y quien se convirtió en la primera inmigrante africana elegida para la legislatura estatal, fue elogiada por los defensores de los inmigrantes como un “primer paso” hacia la provisión de dignidad en las salas de juicio.
El fondo era pequeño –incluso entonces– en relación con la cantidad de inmigrantes que luchaban por permanecer en el país. Ahora, sin embargo, es un valor casi insignificante, dicen los abogados de inmigración. Los tribunales de inmigración de Colorado han caído al nivel más bajo del país en cuanto al porcentaje de personas que cuentan con un abogado, con sólo alrededor del 15%.
El fondo, apoyado por los contribuyentes, creció a $350.000 y luego a $700.000 este año con una duplicación única del dinero estatal. Defensores, respaldados por un estudio realizado por el Instituto Fiscal de Colorado, una organización con tendencias liberales, han propuesto aumentarlo a $5 millones por año, lo que todavía ayudaría sólo a una pequeña fracción de las 78.000 personas cuyos casos están pendientes.
Con $5 millones, Colorado podría financiar el costo de abogados para un estimado de entre 77 a 113 personas detenidas en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Aurora, y de 341 a 453 personas no detenidas, que acuden al tribunal en el edificio federal del centro de Denver.
La propuesta de $5 millones se basa en el número máximo de casos que los abogados de inmigración de Colorado podrían manejar. Se estima que 50, o menos, de los abogados en el estado toman casos de inmigración.
Los casos en Colorado se han atrasado tanto que hoy existen 7.116 casos por cada juez, y 1.565 casos por cada abogado que practica derecho de inmigración.
Nueva York tiene un sistema de defensa pública para inmigrantes detenidos
La ciudad de Nueva York fue el primer lugar del país en brindar “representación universal” a las personas detenidas y que enfrentan posibles deportaciones. El Ayuntamiento de Nueva York creó el programa en 2014 con $4,9 millones, y ha seguido proporcionando abogados a los inmigrantes en los tribunales de inmigración de Nueva York, así como a los residentes de la ciudad que se encuentran detenidos en Nueva Jersey.
El presupuesto de la ciudad, destinado a la asistencia legal para inmigrantes este año, es de más de 60 millones de dólares.
Varias otras ciudades, como San Francisco y Boston, tienen programas similares, pero el de la ciudad de Nueva York es el más robusto, con representación garantizada para todos los inmigrantes detenidos.
A nivel federal, los pedidos para la creación de un sistema de defensa pública en los tribunales de inmigración, que sea similar al de los tribunales penales, no han ganado tracción. El tema se considera demasiado controversial dado el clima político actual.
“Los inmigrantes son muy impopulares en este momento”, dijo Violeta Chapín, decana asociada y directora de una clínica de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado. Los opositores podrían argumentar que el proporcionar defensores públicos en los tribunales de inmigración alentaría aún más a que las personas crucen la frontera, como si “estuviéramos repartiendo abogados como galletas,” dijo.
Incluso entre los demócratas, dijo Chapín, “el tema no es parte de la conversación nacional”.
Chapín, quien anteriormente trabajó como defensora pública en tribunales penales, dijo que es difícil ver en los tribunales de inmigración a personas que no cuentan con fondos para contratar a un abogado y no tienen uno designado, como lo tendrían en un proceso penal. Los procesos de inmigración son civiles, no penales, pero los inmigrantes que se representan a sí mismos se enfrentan a un abogado del gobierno federal, al igual que en un caso penal.
“Todos estos tribunales de inmigración se están llenando en todo el país, y no hay abogados suficientes”, dijo Chapin. “A nadie le gusta. Es una escena realmente desagradable. Para mí, como abogada, ha sido muy desagradable”.
Los inmigrantes son muy impopulares en este momento.
– Violeta Chapín, decana asociada y directora de una clínica de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado
Parte de la razón por la que pocos inmigrantes en Colorado tienen abogados es que el estado tiene menos clínicas jurídicas gratuitas, incluidas las vinculadas a las facultades de derecho. En Colorado sólo hay dos facultades de derecho, muchas menos que en California y Nueva York.
Chapin dirige la clínica de inmigración de la Facultad de Derecho de CU Boulder y trabaja cada semestre con ocho estudiantes que están aprendiendo defensa penal y de inmigración. La clínica brinda ayuda legal gratuita, tanto en los tribunales de inmigración como a aquellos que no son ciudadanos que enfrentan casos penales. Este año, cada estudiante maneja tres casos, por lo que toda la clínica puede ayudar a 24 personas a la vez. Y cada caso podría durar años.
Un cliente de la clínica es un solicitante de asilo de origen afgano — y lleva dos años esperando. Tiene un permiso de trabajo y su fecha de comparecencia ha sido reprogramada dos veces.
“Los tribunales están tan atrasados”, dijo Chapin. “¿Alguien puede ponerlo en la lista de casos? Es como una corte ‘canguro’.”
La Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network (Red de Defensa de Inmigrantes de las Montañas Rocosas), cuyos abogados trabajan en el centro de detención de Aurora, envía clientes a la clínica de CU porque siempre hay muchas más personas con necesidades de asesoramiento legal de las que dicha organización sin fines de lucro puede atender. Este semestre, la clínica de CU tiene cuatro casos de la Defensoría Pública de Boulder, los cuales son casos penales de personas que no son ciudadanos.
“Me siento un poco culpable al aceptar esos casos porque podrían conseguir un abogado”, dijo Chapin. “Para nuestros clientes de inmigración, somos nosotros o nada”.
Los otros 20 son estrictamente casos de inmigración, incluidos algunos de residentes legales bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA. Ahora, están casados con ciudadanos estadounidenses y quieren un ajuste en su estatus migratorio, porque el matrimonio conlleva un estatus más seguro que ser beneficiario de DACA.
Se ordenó la deportación del 85% de los inmigrantes de Colorado que se representan a sí mismos
Colorado también tiene menos organizaciones grandes sin fines de lucro con fondos para ayudar a los inmigrantes a luchar contra la deportación. Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, otros lugares con grandes poblaciones de inmigrantes, tienen organizaciones sin fines de lucro con mayor financiamiento.
En Colorado, la mayor parte del Fondo de Defensa para los Inmigrantes se destina a Rocky Mountain Immigrant Advocacy Network, el mayor proveedor de servicios legales para inmigrantes en el estado. Su equipo legal de 44 abogados, asistentes legales y otro personal, utiliza el dinero estatal para representar a los inmigrantes encerrados en el centro de detención de ICE en Aurora.
Monique Sherman, que dirige el equipo legal, está entre quienes desearían que existiera en los tribunales de inmigración algo similar al sistema de defensoría pública de los tribunales penales federales. “En Nueva York, toda persona en proceso de deportación tiene un abogado; es fabuloso”, dijo.
En Colorado, los inmigrantes que no tienen abogado tienen un 60% más de probabilidades de que un juez ordene su deportación, según el Instituto Fiscal de Colorado. Un estudio de los casos de inmigración que se cerraron entre 1997 y 2024 halló que el 85% de las personas que se representaron a sí mismos terminaron con orden de deportación.
Mientras tanto, en el 75% de los casos de personas que contaban con abogados no se ordenó su expulsión del país.
Las personas que cuentan con un abogado también tienen una mayor probabilidad de presentar una solicitud de asilo y presentarse en audiencias judiciales. “La probabilidad de éxito es mucho mayor si se cuenta con un abogado”, dijo Sherman.
Lo ideal sería que cualquier persona que enfrente una posible deportación y no pueda pagar un abogado, tenga uno asignado por el gobierno federal, dijo Shayna Kessler, del Vera Institute of Justice, una organización nacional de investigación que aboga por la justicia penal y la reforma migratoria.
“A nadie se le dice: ‘No, no podemos representarlo porque no tenemos los recursos’”, dijo. “A nadie se le dice que no podemos representarlo porque su caso parece demasiado débil. Por eso lo llamamos un sistema universal: que toda persona en riesgo de deportación y de sufrir consecuencias realmente extremas y difíciles pueda tener un experto a su lado”.
Al igual que en los tribunales penales, los acusados en tribunales de inmigración tienen mucho que perder, y el sistema es tan complejo que la jueza jubilada de inmigración de San Francisco, Dana Leigh Marks, lo comparó con “juzgar casos de pena de muerte en un tribunal de infracciones de tránsito.”
Se enfrentan a “estar separados de su familia, separados de su comunidad y regresar a una situación peligrosa en otro país, sin la capacidad de entender el sistema, a veces sin poder hablar inglés, y mucho menos ejercer la abogacía”, dijo Kessler. “Tenemos una enorme cantidad de casos en los tribunales de inmigración, y vemos una enorme cantidad de personas sometidas a un sistema que probablemente no pueden ni entender, y, en el cual, tampoco pueden defender sus derechos”.
El Instituto Fiscal de Colorado sostiene que también hay razones económicas que respaldan el argumento a favor de que el gobierno gaste millones de dólares en defensores públicos en los tribunales de inmigración.
De 2021 a 2023, los inmigrantes de Colorado detenidos debido a su caso perdieron colectivamente $10 millones en ingresos. Las economías estatales y locales perdieron 15.8 millones de dólares en actividad económica y 894.000 dólares en impuestos, dijo el instituto en su informe de mayo.
En Colorado, y en muchos lugares de los Estados Unidos, aunque tuviésemos un presupuesto ilimitado, no tendríamos abogados suficientes para satisfacer la necesidad.
— Sofie Shea, analista de políticas
En el período de tres años analizado por el informe del instituto, el atraso en los tribunales de inmigración en Colorado se triplicó. “Es realmente un testimonio de cuán complicada y rota está nuestra inmigración”, dijo la analista de políticas Sophie Shea.
Sea cual sea la cantidad de dinero que gaste Colorado, el estado no podría proporcionar un abogado para todas las personas siendo procesadas en los tribunales de inmigración, declaró.
“En Colorado y en muchos lugares de Estados Unidos, aunque tuviésemos un presupuesto ilimitado, no tendríamos suficientes abogados para satisfacer la necesidad”, dijo. “Estamos trabajando a capacidad en el estado con los abogados disponibles”.
Ni los jueces de inmigración, ni su personal, dan entrevistas a los medios. Cualquier consulta es referida a la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, la parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que opera los tribunales de inmigración. Sin embargo, la National Association of Immigration Judges (Asociación Nacional de Jueces de Inmigración), aboga firmemente por la representación legal.
“No se puede subestimar el valor de la representación legal para quienes no son ciudadanos en los tribunales de inmigración,” dijo la asociación en un comunicado enviado por correo electrónico. “El acceso a la representación ante nuestros tribunales de inmigración puede conducir a una equidad fundamental en los procesos y a la protección del derecho al debido procedimiento legal… especialmente para poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad mental o los jóvenes, así como para los detenidos”.
Propuestas de reforma migratoria llegan al Congreso
La legislación presentada al Congreso requeriría que los inmigrantes que enfrenten procesos de deportación tengan representación legal. Una carta firmada por 58 legisladores solicita $150 millones para el programa legal propuesto, llamado Fairness of Freedom Act (la Ley de Equidad para la Libertad), que establecería el derecho a representación legal en los tribunales de inmigración.
Un segundo aspecto de la legislación, la Ley SHIELD, crearía un fondo de subvenciones de $100 millones los cuales podrían solicitar los estados para reclutar, capacitar y retener abogados de inmigración.
El Congreso ha estado estancado en la política migratoria durante años. En febrero, tras meses de trabajo, un compromiso bipartidista para reforzar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México se vino abajo antes de ser presentado. La legislación proponía una transformación del proceso de asilo, así como un aumento en cientos de nuevos agentes de protección fronteriza y jueces de inmigración para ayudar a reducir la acumulación de casos en los tribunales.
