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‘Sin lugar donde esconderse’: Atrapados en la frontera, los inmigrantes temen ser deportados

Autor: Edgar Sandoval

SAN JUAN, Texas – Durante el último cuarto de siglo, la versión de María del sueño americano ha estado confinada en un pequeño rincón del sur de Texas, metido entre la frontera con México y un puesto de control fortificado de la Patrulla Fronteriza a 123 kilómetros al norte.

María, que cruzó ilegalmente desde México en 1998 y es madre de dos adolescentes nacidos en Estados Unidos, es una de los miles de inmigrantes que han vivido durante mucho tiempo en un limbo a lo largo de la frontera de Texas, ligados a familiares que son ciudadanos pero atrapados en una parte inusual del país ya que, sin documentos legales de inmigración, es prácticamente imposible que se alejen de sus ciudades de adopción.

Ahora, con la promesa del presidente electo Donald Trump de iniciar deportaciones masivas de inmigrantes que entraron ilegalmente en Estados Unidos, muchas de las personas que viven con familiares estadounidenses junto a la frontera temen ser un blanco fácil.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza pueden efectuar detenciones legalmente en un radio de 160 km de la frontera, pero en el pasado no solían dirigirse a familias como la de María, una situación que podría cambiar rápidamente. Para aumentar la preocupación de las familias, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ofrecido el uso de la Guardia Nacional de Texas y de agentes de las fuerzas de seguridad del estado para ayudar en las redadas de inmigración. Su comisaria de Territorio, Dawn Buckingham, también ha ofrecido terrenos en la frontera de Texas, a solo unos kilómetros de donde vive María, para que sirvan de punto de reagrupamiento.

“Antes de que Trump saliera elegido, siempre sentíamos miedo, pero sabíamos que podíamos hacer cosas para evitar que se dieran cuenta”, dijo María, quien no quiso que se publicara su apellido por miedo a llamar la atención de las autoridades. “Ahora sentimos que, una vez que asuma el cargo, los peligros están en todas partes. No hay lugar donde esconderse”.

Durante generaciones, los miembros de estas familias de estatus mixto —en las que al menos uno de los progenitores carece de estatus legal permanente y cuida de hijos que son residentes legales o ciudadanos estadounidenses— se han mezclado en las comunidades de mayoría latina de esta parte de Texas. Las ciudades fronterizas estadounidenses mantienen desde hace tiempo fuertes lazos con el lado mexicano, y los inmigrantes con documentos legales cruzan la frontera internacional con la misma facilidad que una persona de Manhattan viaja a Brooklyn.

Joaquín García, director de organización comunitaria de La Unión del Pueblo Entero, advierte durante una charla de que los inmigrantes no autorizados deben extremar las precauciones una vez que el presidente electo Donald Trump regrese a la Casa Blanca, en San Juan, Texas, el 6 de diciembre de 2024. (Gabriel V. Cárdenas/The New York Times)

Joaquín García, director de organización comunitaria de La Unión del Pueblo Entero, advierte durante una charla de que los inmigrantes no autorizados deben extremar las precauciones una vez que el presidente electo Donald Trump regrese a la Casa Blanca, en San Juan, Texas, el 6 de diciembre de 2024. (Gabriel V. Cárdenas/The New York Times)

Unos 75.000 niños del Valle del Río Grande viven en este tipo de familias mixtas, según un informe de 2018 elaborado por dos grupos activistas de inmigrantes, La Unión del Pueblo Entero y Human Impact Partners.

María abandonó su San Luis Potosí natal (México) a finales de la década de 1990, se casó con otro inmigrante que entró ilegalmente en Estados Unidos y tuvo dos hijas. En los meses previos a las elecciones de noviembre, empezó a preocuparse. Enseñó a conducir a su hija mayor, que ahora tiene 15 años, y les dijo a ambas que estuvieran preparadas para irse a vivir con familiares legales de la zona por si algún día ella no volvía a casa.

Otra residente del Valle del Río Grande en una situación similar, Laura, de 35 años, dijo que vivía junto a la frontera de Texas desde que era niña.

Recuerda vívidamente la mañana de hace muchos años en que su madre dijo a sus hijos que quería ofrecerles una vida mejor que la que tenían en Matamoros, México. Subió a Laura y a sus dos hermanos encima de ella en un gran neumático y flotó con ellos por el río Bravo, recuerda Laura.

Laura, que ahora trabaja como administrativa en una clínica médica, acabó casándose con un ciudadano estadounidense y dio a luz a dos hijos en el país, de 3 y 10 años. Tiene un estatus legal limitado, a través del programa de la era Obama conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que pretende proteger a los jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos de niños.

Pero su autorización expira dentro de dos meses, y no confía en que Trump mantenga el programa. El Tribunal de Apelación del 5º Circuito de Estados Unidos está estudiando una impugnación que podría poner fin a DACA, como se conoce al programa.

“No quiero ni pensar en dejar atrás a mis hijos si tengo que volver a una tierra que ya no reconozco”, dijo.

En las comunidades fronterizas de Texas ha aumentado la impaciencia ante la inmigración ilegal. Trump ganó en 12 de los 14 condados de la región del sur de Texas, frente a los 5 de 2016.

“Creo que las personas que son ciudadanas estadounidenses, y estoy hablando, ya sabes, de la mayoría de nuestra población, creo que creen que se deben hacer cumplir las leyes de inmigración”, dijo Toni Treviño, que dirige el Partido Republicano en el condado de Starr, junto a la frontera. “Y si te casas con alguien que sabes que no es ciudadano estadounidense, es una elección que estás haciendo. Y en ese momento podría haber consecuencias. Porque a menudo las consecuencias de las acciones son muy graves”.

Dijo que los inmigrantes eran bienvenidos siempre que eligieran una vía legal. En un caso como el de María, dijo Treviño, sus hijos podrían solicitar su regreso legal si fuera deportada.

El temor a que algunas familias mixtas puedan ser separadas se hizo palpable durante una reunión reciente organizada por activistas de La Unión del Pueblo Entero en la ciudad fronteriza de San Juan, Texas.

“A muchos niños les aterroriza llegar de la escuela y encontrar una casa vacía, porque sus padres fueron deportados”, dijo Elizabeth Rodríguez, activista que trabaja con trabajadores agrícolas inmigrantes.

Una multitud nerviosa observaba en silencio cómo los organizadores de la reunión escenificaban una serie de sketches destinados a educarlos sobre sus derechos como inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos. Una persona representó el papel de un agente de policía y otra el de un inmigrante atrapado en un control de tráfico.

Joaquín García, director de organización comunitaria del grupo, que interpretaba al agente, empezó advirtiendo al público de que los inmigrantes tendrían que extremar las precauciones el 20 de enero, cuando Trump regrese a la Casa Blanca. Añadió que debían hacer todo lo que estuviera en su mano para evitar una interacción con la policía local y estatal y con los omnipresentes camiones verdes y blancos de la Patrulla Fronteriza que pueden verse casi en cada esquina de las ciudades fronterizas de Texas.

“Ten un plan. Estate preparado. Porque recuerda que ellos también tienen un plan”, dijo García. “Su plan es sacarte del país”.

c.2024 The New York Times Company

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