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Un incendio mortal expone la difícil situación de los migrantes mal pagados en Kuwait

Autor: EL TIEMPO

Un día reciente en Kuwait, cuatro trabajadores migrantes indios estaban parados junto a una carretera con sus pertenencias metidas en bolsas.

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Suresh Kumar, de 52 años, y sus compañeros de cuarto acababan de ser desalojados al registrar las autoridades su vecindario en busca de violaciones al código de construcción después de un incendio en junio que mató a 49 trabajadores migrantes, la gran mayoría de ellos indios. Los cuatro hombres habían compartido una habitación de 16 metros cuadrados en la planta baja de un edificio de departamentos, pero habitar la planta baja está prohibido, así que el propietario estaba demoliendo la habitación.

Ahora se encontraban sin hogar y sin saber a dónde ir.

Kuwait es uno de los países más ricos del mundo, con un fondo soberano de 980 mil millones de dólares construido sobre los ingresos del petróleo. Pero poca de esa riqueza es disfrutada por los trabajadores migrantes, quienes a menudo batallan con vivienda inadecuada y bajos salarios, y tienen un poder limitado para buscar remedio.

Kumar y sus compañeros de cuarto eran trabajadores de la construcción subcontratados en proyectos para la paraestatal petrolera y refinadora de Kuwait. Como un departamento entero costaría más del doble de lo que podían costear, estaban resignados a buscar otra habitación para compartir, sin garantía de que fuera más segura que su antigua morada.

El elevado número de víctimas del incendio en junio —que arrasó un edificio de siete pisos donde vivían casi 200 trabajadores migrantes— impactó a la gente en todo Kuwait. Estimuló un inusual ajuste de cuentas público sobre las viviendas inseguras para los trabajadores migrantes, mientras se desplegaron inspectores para detectar violaciones al código de construcción.

Pero esa respuesta no llegó a abordar los problemas estructurales que afligen a los trabajadores migrantes en Kuwait y otros países del Golfo Pérsico, dicen los activistas de derechos humanos. En algunos casos, la reacción del Gobierno castigó a los migrantes —desalojándolos y dejándolos con el temor a ser deportados.

“Es un ejemplo perfecto y trágico de cómo los trabajadores migrantes sólo son notados cuando hay alguna clase de catástrofe”, dijo James Lynch, un director de FairSquare, un grupo de investigación con sede en Londres que investiga abusos de derechos.

Los patrones en Kuwait están obligados a proporcionar alojamiento, pero muchos trabajadores migrantes dijeron que los habían dejado a su suerte tras ser desalojados con mínimo tiempo de aviso.

Al meollo del problema, afirman activistas y expertos en derechos de migrantes, yace un sistema que rige la mano de obra extranjera en el Golfo llamado “kafala” –que ata a los trabajadores a sus patrones— así como los desequilibrios de poder que enfrentan los migrantes que acuden en masa al Golfo provenientes de naciones más pobres en Asia y África. En todo el Golfo, migrantes de menores ingresos trabajan como traileros, trabajadores de la construcción, cajeros y más.

“No hay incentivo para que alguien cambie el sistema”, afirmó Manishankar Prasad, investigador laboral en Malasia. “Porque por cada trabajador que muere, hay otras 10 personas que los reemplazarán en un día”.

Las regulaciones kuwaitíes especifican que no se alojarán más de cuatro trabajadores en una habitación y establecen requisitos mínimos de espacio por persona. Los patrones deben proporcionar aire acondicionado y al menos un sanitario por cada ocho trabajadores.

Pero algunos trabajadores describieron a seis personas hacinadas en pequeñas habitaciones dentro de departamentos ilegalmente subdivididos.

Cuando los trabajadores migrantes llegan al Golfo, a menudo son contratados por contratistas externos, que patrocinan sus visas y los alojan mientras realizan trabajos para otras empresas. Estos arreglos permiten a los patrones finales de los trabajadores subcontratar la contratación y el alojamiento de los trabajadores migrantes.

“Es una conveniente transferencia de riesgo y responsabilidad al sector privado”, dijo Lynch.

Pero, añadió, culpar al sector privado “pasa por alto una parte clave de lo que sucede aquí —el fracaso del Estado para cumplir con su obligación”.

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