Greenpeace enfrenta graves problemas financieros debido a una demanda millonaria presentada por una empresa estadounidense, poniendo en peligro su estabilidad.
El juicio multimillonario presentado contra Greenpeace en Dakota del Norte, Estados Unidos, ha encendido alarmas en América Latina. Energy Transfer, la constructora del oleoducto Dakota Access Pipeline (DAPL, por sus siglas en inglés), acusa a la ONG de “ecoterrorismo” y demanda 300 millones de dólares en compensación por las protestas contra su construcción en 2016.
Este tipo de litigios, conocidos como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation, por sus siglas en inglés), se están utilizando cada vez más para silenciar las voces críticas. A través de procesos legales costosos y prolongados, las empresas buscan desgastar a los activistas, forzándolos a abandonar sus reclamos.
Una sentencia adversa para Greenpeace no solo implicaría un golpe económico, sino que también sentaría un peligroso precedente para la defensa del medio ambiente en Estados Unidos y en América Latina. Este juicio es especialmente relevante para Latinoamérica, donde la lucha contra la explotación de recursos naturales y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas son temas de creciente importancia.
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El juicio contra Greenpeace resalta la creciente criminalización de la protesta social en Latinoamérica
El juicio contra Greenpeace en Estados Unidos ha generado gran preocupación en América Latina, donde la criminalización de la protesta social se ha convertido en una tendencia alarmante. Organizaciones sociales y activistas temen que una condena contra la ONG envíe un mensaje peligroso: oponerse a los intereses de las grandes corporaciones tiene un alto costo.
Este caso refleja cómo gobiernos y empresas están utilizando el aparato judicial para silenciar a aquellos que se oponen a proyectos extractivos y denuncian violaciones de derechos humanos. Las tácticas legales agresivas empleadas por las empresas buscan proteger sus intereses económicos a costa de los impactos sociales y ambientales.
En este contexto, es crucial que las organizaciones ambientales en Latinoamérica fortalezcan sus redes de colaboración y desarrollen estrategias conjuntas. La solidaridad internacional y la movilización social se presentan como elementos clave para garantizar la libertad de expresión, defender el medio ambiente y proteger los derechos de las comunidades.
Video: Youtube | Democracy Now!
Periodista con experiencia en el campo de la Comunicación y el Periodismo. Actualmente, trabajo como redactor en la sección Estados Unidos en el área digital, por encargo del Grupo RPP, donde me enfoco en temas relacionados con la inmigración, trámites y servicios, ofreciendo contenido relevante y útil para la audiencia. Escribo desde Lima, Perú, y tengo un dominio fluido tanto del español como del inglés, lo que me permite abordar una amplia gama de temas con una perspectiva global.
