Actualizado
Esta vez le ha salido cara la protesta a Greenpeace. La organizacin activista ha sido condenada este mircoles en Estados Unidos a pagar 660 millones de dlares (unos 605 millones de euros) en daos y perjuicios a la petrolera Energy Transfer despus de que un jurado de Dakota del Norte la declarara responsable de difamacin por las protestas contra el oleoducto Dakota Access, informa Europa Press..
Un jurado de nueve personas ha emitido el veredicto despus de un juicio que ha durado tres semanas. Greenpeace, de origen canadiense pero con sede en Pases Bajos, ha anunciado que apelar el fallo ante el Tribunal Supremo de Dakota del Norte, mientras que ha explicado que la indemnizacin se repartir entre las filiales estadounidenses (Greenpeace USA y Greenpeace Fund Inc) y Greenpeace International.
La directora ejecutiva interina de las filiales estadounidenses, Sushsma Raman, ha expresado que “este caso debera alarmar a todos, sin importar sus inclinaciones polticas”. “Forma parte de un renovado esfuerzo por parte de las corporaciones para utilizar nuestros tribunales como arma y silenciar la disidencia”, ha declarado.
“Todos deberamos estar preocupados por el futuro de la Primera Enmienda y por demandas como esta, cuyo objetivo es destruir nuestro derecho a la protesta pacfica y la libertad de expresin”, ha denunciado.
As, Raman ha subrayado que “estos derechos son cruciales para cualquier labor que busque garantizar la justicia”, razn por la que seguirn “luchando juntos, en solidaridad”. “Si bien los agresores de las grandes petroleras pueden intentar frenar a un solo grupo, no pueden detener a un movimiento“, ha manifestado.
El director ejecutivo de Greenpeace International, Mads Christensen, ha sealado que “estamos presenciando un desastroso regreso a las conductas imprudentes que impulsaron la crisis climtica, profundizaron el racismo ambiental y priorizaron las ganancias de los combustibles fsiles por encima de la salud pblica y un planeta habitable”.
“La anterior Administracin Trump dedic cuatro aos a desmantelar las protecciones para el aire limpio, el agua y la soberana indgena, y ahora, junto con sus aliados, quiere rematar el trabajo silenciando las protestas. No cederemos. No nos silenciarn”, ha aseverado.
Por su parte, la directora ejecutiva de Greenpeace Espaa, Eva Saldaa, ha sealado que se trata de “un momento triste para el activismo y la desobediencia civil”. “Pero esta sentencia no es el final de nuestra lucha contra las grandes petroleras”, ha aadido.
“Vivimos tiempos oscuros, pero ahora Greenpeace es ms necesario que nunca y vamos a seguir peleando por un mundo verde y en paz, donde la libertad de expresin y el derecho a la protesta pacfica estn garantizados. Sabemos que la verdad y la ley estn de nuestro lado y no retrocederemos, no nos silenciarn”, ha afirmado.
As, ha recordado que en febrero la ONG present una demanda contra Energy Transfer en Pases Bajos, “haciendo uso por primera vez de la directiva anti-SLAPP” (Demandas Estratgicas contra la Participacin Pblica). “Nos veremos en los tribunales en msterdam este prximo mes de julio”, ha advertido antes de hacer hincapi en que “Greenpeace seguir en primera lnea de batalla para lograr la proteccin de estos derechos fundamentales para todos”.
La petrolera, con sede en Dallas, demand a la ONG por 300 millones de dlares en 2019, acusando al grupo ambientalista de planificar protestas, difundir informacin errnea y causarle prdidas financieras a travs de daos a la propiedad y la cada de ingresos. El oleoducto, de cerca de 1.900 kilmetros, cruza cuatro estados y ha estado en funcionamiento desde 2017 a pesar de las protestas derivadas de un cruce bajo el lago Oahe, cerca de una reserva indgena siux.
