Desde que Trump ascendió a la Casa Blanca, más de 32,000 inmigrantes han sido arrestados, bajo la promesa de llevar a cabo el “más grande plan de deportación” en el país. Desde entonces, decenas de estados y ciudades se han proclamado en contra de la política migratoria del republicano, entre ellos, la ciudad de Dallas, Texas, motivo por el que el fiscal general del estado ha iniciado una investigación.
A diferencia de otros estados, Texas cuenta con la Ley SB4. A través de esta, quedan prohibidas las ciudades santuario en el estado y se establece que las autoridades deben cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en caso de ser necesario. Los gobiernos que incumplan con estas normas pueden ser acreedores a diversas sanciones.
Bajo esta línea, el fiscal general del estado, Ken Paxton, ha abierto una investigación oficial en contra de la ciudad de Dallas, luego de que el jefe interino del Departamento de Policía (DPD), Michael Igo, diera a conocer que “el DPD no está ayudando a ninguna agencia federal a detener a personas documentadas o indocumentadas en la ciudad”.
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Tras las declaraciones de Igor, se emitió un comunicado de prensa para informar sobre la investigación. Según el escrito, Paxton ya solicitó documentación detallada con relación a las prácticas de seguridad del DPD de Dallas. Entre los documentos, se encuentran registros donde se haya rechazado la cooperación con el ICE, declaraciones que sustenten la postura del jefe Igor y comunicaciones internas entre empleados y policía sobre procedimientos relacionados con inmigración.
“Los tejanos esperan que las fuerzas del orden pongan la seguridad pública como prioridad, no que implementen políticas de santuario que comprometan a nuestras comunidades”, señaló Paxton en el comunicado, agregando que la cooperación con la ley “no es opcional”.
En caso de determinar que Dallas incumplió con la ley, la ciudad se podría enfrentar a sanciones civiles por miles de dólares, además de intervenciones del estado, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normativas.
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