Google rompe el silencio sobre la propuesta del Departamento de Justicia de EE. UU., que busca solicitar a un juez federal la orden de deshacerse de su navegador estrella, Chrome, propiedad de Alphabet.
En un movimiento que Google ha calificado de “extremadamente intervencionista”, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una propuesta en su caso antimonopolio que, según la empresa, podría tener efectos devastadores para los consumidores, la industria tecnológica y la competitividad global del país.
El DOJ busca soluciones al supuesto monopolio de Google en acuerdos de distribución de búsqueda, como los que mantiene con Apple, Mozilla y fabricantes de teléfonos inteligentes. Sin embargo, en lugar de enfocarse en esos acuerdos, el DOJ propone medidas que Google considera drásticas, como forzar la venta de su navegador Chrome y, potencialmente, su sistema operativo Android.
Impactos amplios y controversiales
Google advierte que las medidas del DOJ van más allá de los límites establecidos por el tribunal y podrían:
- Comprometer la seguridad y privacidad de millones de usuarios, exponiendo incluso las consultas de búsqueda personales a empresas desconocidas.
- Perjudicar la innovación en inteligencia artificial, un área donde Google es líder, al reducir drásticamente la inversión.
- Dañar a aliados tecnológicos como Mozilla, cuyos ingresos dependen de su relación comercial con Google.
- Imponer barreras innecesarias a los usuarios al exigir procesos complicados, como múltiples pantallas de selección para acceder a la Búsqueda de Google.
- Establecer una microgestión gubernamental mediante un “Comité Técnico” con poder sin precedentes sobre los productos de Google.
La respuesta de Google
La compañía argumenta que su motor de búsqueda es el más confiable y de mayor calidad, respaldado por la confianza de cientos de millones de usuarios diarios. Afirma que las acciones del DOJ no solo perjudicarían a los consumidores y desarrolladores, sino que también socavarían el liderazgo económico y tecnológico de Estados Unidos en un momento crítico.
Google presentará sus propias propuestas el próximo mes y continuará defendiendo su posición en un proceso que promete extenderse durante el próximo año. Mientras tanto, el debate plantea preguntas más amplias sobre la relación entre regulación gubernamental y la innovación tecnológica en una era dominada por la inteligencia artificial y los servicios digitales.
Esta disputa, más allá de ser un caso legal, podría redefinir el futuro del sector tecnológico en Estados Unidos y su papel en la economía global.
El control de Google
Según los fiscales, Chrome desempeña un papel clave en el ecosistema de Google, ya que permite a la empresa controlar la forma en que los usuarios acceden a internet y ven la publicidad. Con una cuota de mercado estimada en dos tercios a nivel mundial, el navegador también representa un recurso estratégico para el negocio publicitario de Google, que también hace uso de los datos recopilados de los usuarios durante la navegación para personalizar los anuncios.
Google, a través de un comunicado emitido por su vicepresidenta de relaciones regulatorias Lee-Anne Mulholland, criticó la iniciativa del Departamento de Justicia, calificándola de parte de una “agenda radical” que, en su opinión, iría mucho más allá de las cuestiones legales planteadas por el caso. La empresa sostiene que cualquier escisión perjudicaría a los consumidores y está convencida de que su posición dominante en el mercado de las búsquedas es el resultado de la calidad de sus productos, no de prácticas anticompetitivas.
Google también ha subrayado que los usuarios pueden elegir otros motores de búsqueda por defecto y que compite abiertamente con empresas como Amazon en la búsqueda de productos. En cualquier caso, la compañía ha afirmado que recurrirá una vez que se emita una sentencia definitiva, algo que se espera que ocurra no antes de agosto de 2025.
Teniendo esto en cuenta, el DoJ realizó entre verano y otoño una serie de propuestas que consideraba útiles para hacer frente al supuesto monopolio de Google. Entre ellas, la rescisión de los acuerdos de exclusividad con Apple y otros fabricantes de dispositivos, en virtud de los cuales Google paga miles de millones de dólares al año para seguir siendo el motor de búsqueda por defecto.
Sin embargo, la última en orden de tiempo, es decir, la posible venta de Chrome u otros activos vinculados al sistema operativo Android, es probablemente la medida más drástica considerada hasta ahora. Sin embargo, según Bloomberg, la solución permanece en el terreno de las hipótesis: de hecho, el gobierno podría determinar únicamente en una segunda fase si la escisión es realmente necesaria, evaluando la eficacia de otras medidas para crear un mercado más competitivo.
Los equilibrios Biden-Trump
De hecho, la medida del departamento representa uno de los puntos álgidos de las políticas puestas en marcha en los últimos cuatro años por la administración liderada por el presidente Joe Biden para tratar de contener el poder de las grandes tecnológicas, a menudo cuestionadas por sus posiciones dominantes. Según la agencia de noticias Reuters, la reelección de Donald Trump podría sin embargo cambiar este panorama: durante la campaña electoral, el magnate había prometido en un primer momento acciones legales contra la empresa, acusada de parcialidad en su contra. Posteriormente, sin embargo, expresó sus dudas sobre si la empresa debía proceder a una escisión.
Mientras tanto, se fijó para abril de 2025 un juicio para debatir las propuestas de solución. La decisión final del juez Mehta, prevista para el próximo mes de agosto, sigue siendo crucial para determinar la futura forma de Alphabet y el campo en el que podrán moverse todas las gigantes tecnológicas estadounidenses.
