El principal organismo de vigilancia de los derechos humanos de las Naciones Unidas ordenó el martes a Venezuela evitar destruir actas y otro material electoral mientras investiga las acusaciones de que el presidente Nicolás Maduro robó las elecciones de este verano.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU anunció la apertura de la investigación en una carta a varios juristas latinoamericanos que en octubre solicitaron a la agencia de la ONU que tomara medidas ante lo que se dice es evidencia generalizada de fraude electoral que viola los derechos políticos de millones de venezolanos.
Maduro afirmó haber ganado las elecciones de julio por un amplio margen y se está preparando para comenzar un tercer mandato de seis años en enero.
Pero las autoridades electorales hasta ahora se han negado a publicar los registros de votación para respaldar tales afirmaciones, como lo han hecho en el pasado, en medio de llamados de Estados Unidos, la Unión Europea e incluso aliados izquierdistas de Brasil, Colombia y México para hacerlo.
Mientras tanto, la oposición ha publicado en línea lo que parecen ser recuentos auténticos del 80% de las máquinas de votación que muestran que su candidato, Edmundo González , ganó por un margen de más de 2 a 1.
La petición de octubre, realizada en nombre de un ciudadano venezolano común, alega que los funcionarios de Maduro cometieron múltiples violaciones de derechos humanos al restringir la capacidad de millones de venezolanos en el extranjero, publicar resultados falsos y bloquear cualquier impugnación en los tribunales.
Paulo Abrao, un abogado brasileño que estuvo entre quienes respaldaron la denuncia, dijo que la decisión llega en un momento crucial, ya que el gobierno de Maduro busca “normalizar su nebuloso proceso electoral” con la esperanza de que el resto del mundo siga adelante en medio de tantas otras crisis internacionales apremiantes.
“No podemos permitir que eso suceda”, dijo Abrao, exdirector de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Ahora hay un caso formal que se está tramitando en un organismo internacional con fuerza vinculante. Venezuela tiene la obligación de cumplir con la decisión”.
