Gobierno de Trump invoca el privilegio de secretos de Estado para información de vuelos de deportación solicitada por juez | CNN

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CNN  — 

Altos funcionarios del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) informaron a un juez federal este lunes que la administración de Trump invocará el privilegio de secretos de Estado para evitar proporcionarle información sobre los vuelos de deportación de principios de este mes que están en el centro de una disputa legal sobre si el Gobierno desobedeció sus órdenes judiciales.

“El Tribunal tiene todos los hechos que necesita para abordar los problemas de cumplimiento ante él”, escribieron la secretaria de Justicia Pam Bondi y otros altos funcionarios del DOJ en un documento presentado al juez de distrito de EE.UU. James Boasberg. “Más intrusiones en el Poder Ejecutivo presentarían daños peligrosos y totalmente injustificados a la separación de poderes con respecto a preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional que el Tribunal carece de competencia para abordar”.

“La información solicitada por el Tribunal está sujeta al privilegio de secretos de Estado porque su divulgación representaría un peligro razonable para la seguridad nacional y los asuntos exteriores”, escribieron los funcionarios en el documento de 10 páginas.

Boasberg busca la información para determinar si el Gobierno violó un par de órdenes de restricción temporales que emitió el 15 de marzo que bloquearon temporalmente el uso por parte del presidente Donald Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a individuos que la administración ha acusado de ser miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua.

El juez había ordenado que cualquier vuelo que contuviera a no ciudadanos siendo deportados conforme a la directiva de Trump diera la vuelta de inmediato, pero rápidamente surgió que la administración parecía haber violado su orden al permitir que dos vuelos de deportación continuaran la noche del 15 de marzo.

Incluidas en el documento presentado el lunes por la noche estaban las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quienes dijeron que divulgar la información solicitada por Boasberg perjudicaría la seguridad nacional de EE.UU. o las relaciones exteriores.

“Es fundamental tener en cuenta que las operaciones de remoción pueden ser (como lo son aquí) operaciones antiterroristas. Si los socios extranjeros creyeran que cualquier detalle relevante podría ser revelado a terceros, esos socios extranjeros serían menos propensos a trabajar con Estados Unidos en el futuro”, dijo Rubio en su declaración. “Eso perjudica las relaciones exteriores y las capacidades diplomáticas de Estados Unidos y amenaza con causar un daño significativo a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Entre las preguntas que Boasberg quería que el Departamento de Justicia respondiera se encuentran aquellas relacionadas con el momento exacto en que los dos aviones despegaron del suelo estadounidense y abandonaron el espacio aéreo de EE.UU. ese día, así como los momentos específicos en que los individuos deportados bajo la proclamación de Trump fueron transferidos fuera de la custodia de EE.UU. ese día.

Le dijo al Gobierno la semana pasada que podría presentar la información bajo sello o invocar el privilegio, aunque dijo que si el DOJ decide proteger la información, él “está obligado a ‘determinar si las circunstancias son apropiadas para la reclamación de privilegio’”.

En los documentos presentados el lunes a Boasberg, el departamento rechazó enérgicamente la continua investigación del juez sobre si la administración violó sus órdenes, diciendo: “No se necesita más información para resolver ningún problema legal en este caso”.

“Si los aviones llevaban a un terrorista del Tren de Aragua o a 1.000, o si los aviones hicieron una parada o diez, simplemente no tiene relevancia en ningún problema legal relevante”, escribieron los funcionarios. “La necesidad de información adicional aquí no es meramente ‘dudosa’, … o ‘trivial’, … es inexistente. El Poder Ejecutivo no violó ninguna orden válida a través de sus acciones, y el Tribunal tiene todo lo que necesita para evaluar el cumplimiento”.