Desde que Genaro García Luna fue detenido hace casi cinco años hay un hecho obvio que pocas veces ha sido mencionado, mucho menos por quienes celebraron el arresto y ahora la sentencia de 38 años de cárcel: México no tuvo nada que ver en la investigación, detención, juicio y condena del exsecretario de Seguridad Pública de México.
Los nexos de García Luna con el Cartel de Sinaloa, que fiscales de Estados Unidos encontraron y probaron ante un juez y un jurado de ese país, nunca fueron investigados de manera formal en México. No lo hizo, por supuesto, el Gobierno de Felipe Calderón, en donde García Luna fue el arquitecto de su política de seguridad, a pesar de que esos señalamientos venían desde esas épocas. Tampoco el de Enrique Peña Nieto, que desmanteló la estrategia de su antecesor pero nunca tocó a quien la diseñó.
Pero es indispensable notar que tampoco lo hizo el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Algunos argumentan que no tuvo tiempo, que Estados Unidos se anticipó, pero las fechas no cuadran. García Luna fue detenido en Dallas el 9 de diciembre de 2019, cuando López Obrador ya tenía un año en la Presidencia. En ese año, la Fiscalía General de la República jamás movió un dedo contra el exsecretario de Seguridad, pese a que en su tribuna mañanera el entonces presidente lo fustigaba como emblema de la corrupción desde el primer día.
Peor aún, López Obrador actuó con doble rasero. Cuando la misma fiscalía que investigó y detuvo a García Luna en Estados Unidos investigó y detuvo al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa del Gobierno de Peña Nieto por supuestos nexos con el narcotráfico, el Gobierno intervino en su defensa y logró que fuera liberado antes de que hubiera un juicio. Eso a pesar de que tanto García Luna como Cienfuegos habían sido piezas clave en lo que se calificaba como una estrategia de seguridad fracasada y corrupta.
Esa es una incongruencia fundamental que no puede ser pasada de largo simplemente porque se celebra que García Luna tendrá castigo por su actuación. Ese castigo no lo pudieron aplicar las instituciones mexicanas, ni siquiera cuando al frente estaba un presidente convencido de que García Luna había sido más parte del problema que de la solución de la narcoviolencia en México.
Sin duda, el hecho de que nunca nadie en México tocó a García Luna es producto de la debilidad de nuestro sistema de justicia. Pero tampoco se puede justificar con argumentos de la típica narrativa del oficialismo actual. Cuando noté en redes sociales que todo el proceso corrió a cargo de Estados Unidos, varias personas respondieron con una defensa de la reforma al Poder Judicial: en México los jueces son corruptos y cualquiera hubiera soltado a García Luna.
Supongamos que eso es posible, hasta probable. Pero la respuesta confirma aún más la crítica a la omisión del Gobierno mexicano: un juez no puede ver un proceso penal hasta que un ministerio público se lo ponga enfrente. Y ningún ministerio público llevó a un juez una carpeta de investigación contra el exsecretario de Seguridad Pública. Si de algo debe servir esto es recordar que la reforma judicial de nada sirve si no se reforman las fiscalías, un tema en el que el Gobierno de López Obrador no se movió y el de Claudia Sheinbaum apenas anunció.
Genaro García Luna es responsable de mucho más que haber ayudado a un cártel del narcotráfico. Fue su criterio el que decidía a dónde iba la Policía Federal y con qué órdenes, sin que eso tuviera mayor impacto en la seguridad de una región.
En Coahuila, donde vivo, García Luna tuvo dos momentos “estelares”. En 2010, cuando el alcalde de Torreón despidió a toda la Policía municipal infiltrada por los Zetas, autoridades y empresarios le hicieron repetidos llamados para que mandara más policías federales a llenar el hueco. Su respuesta no fue mandar más, sino retirar a los que ya estaban. Al año siguiente, una unidad especial de la Policía Federal le filtró a Miguel Ángel Treviño, jefe de los Zetas, información sobre cómo la DEA había intervenido su teléfono, lo que llevó a la llamada “masacre de Allende”.
Su apuesta a un modelo de Policía Federal civil pudo haber sido la correcta, pero su manejo de la corporación que creció a más de 30.000 elementos permitió la corrupción y la infiltración del crimen organizado y podemos tomarlo con el antecedente directo de la creación de la Guardia Nacional y la decisión de militarizar la seguridad pública a nivel federal.
Si realmente se quiere celebrar la sentencia contra García Luna, lo que toca es revisar a fondo todas las redes de complicidad que dejó su paso por la Secretaría de Seguridad Pública, pero también atacar las complicidades que incluso ahora existen entre funcionarios y el crimen organizado. Sin eso, cualquier celebración será hueca.
