El año pasado, Colombia resultó ser el país con la mayor tasa de homicidios de líderes ambientales en todo mundo, con 79 muertes en total, frente a las 60 de 2022 y las 33 de 2021. Eso, según la oenegé británica Global Witness, que desde 2012 hace un informe anual de esta problemática. La cifra alcanzada por Colombia en 2023, además, se convierte en un récord, pues es el número más alto de personas defensoras asesinadas en un país en un solo año que haya registrado la ONG.
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En total, el año pasado al menos 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente fueron asesinadas en todo el mundo por intentar proteger el planeta. Las nuevas cifras elevan a 2.106 el total de asesinatos de personas defensoras entre 2012 y 2023, y con 461 asesinatos en dicho rango de tiempo, Colombia ha acumulado el mayor número de homicidios de activistas ambientales registrados en todo el mundo.
En 2023 fueron asesinados 79 defensores de la tierra en Colombia. En todo el mundo se registraron 196 asesinatos.
Foto:Global Witness
Entre las 79 voces de defensores de biodiversidad que se apagaron el año pasado en Colombia, de acuerdo con el informe, un total de 31 eran indígenas y seis miembros de comunidades afrodescendientes; lo que se alinea con uno de los datos claves del documento: en todo el mundo, los pueblos indígenas y afrodescendientes fueron el 49 por ciento de las víctimas mortales de la violencia, lo que demuestra que un enfoque étnico es clave en la protección de estas voces que alzan a diario su voz por la naturaleza.
Además, la inmensa mayoría de los ataques registrados durante el año pasado se produjeron en los departamentos del suroccidente, donde hoy se libra un conflicto entre las disidencias y otros actores armados ilegales que buscan controlar el territorio para obtener rentas ilícitas a partir de la explotación de la naturaleza para siembra de cultivos ilícitos o minería ilegal, o bien para apropiarse de la tierra.
De acuerdo con expertas como la subdirectora de la organización Ambiente y Sociedad, Vanessa Torres; y la coordinadora del Programa Somos Defensores, Astrid Torres; una de las razones que tienen relación con esta elevada cifra es problemas en la Unidad Nacional de Protección (UNP), como entidad encargada de establecer medidas para salvaguardar la vida de estos líderes. “Muchas de estas personas que fueron asesinadas estaban tramitando unas medidas de protección que no les fueron asignadas o incluso tenían medidas asignadas que no funcionaban”, resaltó Vanessa Torres de Ambiente y Sociedad.
Crímenes anuales registrados en todo el mundo por Global Witness.
Foto:Global Witness
Al respecto, Daniel El-Saieh, jefe de la Oficina Jurídica de la UNP le dijo a EL TIEMPO que si bien no conocían de fondo el informe, ya estaban revisando para ver qué falló en los 79 casos donde fallecieron defensores de la tierra. “No conocemos el informe de Global Witness, no sabemos en particular qué sucedió en esos 79 casos que menciona este informe. Sería la primera precisión que me gustaría hacer. Pero esto, sin perjuicio que una vez conozcamos el informe, pues vamos a revisar en cada uno de los casos qué habría sucedido”, señaló El-Saieh.
De acuerdo con el funcionario si bien sí es necesario un cambio dentro de la entidad, esta se requiere dentro del contexto normativo, por ejemplo agregando a los líderes ambientales como una población dentro de los marcos de normatividad de la entidad, lo que permitiría establecer medidas de protección con mayor rapidez.
¿Qué se está haciendo para proteger a los líderes ambientales desde la UNP?
Los programas de protección a cargo de la Unidad Nacional de Protección establecen unas poblaciones. Allí, inclusive lo ha dicho la Corte Constitucional, no están clasificados los líderes ambientales como población. Al no estar clasificados como una población, cuando a nosotros los líderes ambientales nos hacen solicitudes de protección, los incluimos a través de la población de líderes sociales. Los incluimos allí, en ese gran globo de líderes sociales, donde se incluyen a defensores de derechos humanos, defensores del medio ambiente, etc.
Entonces, ¿qué hace la unidad una vez recibe una solicitud de protección de un líder ambiental? Se le adelanta un análisis de riesgo y allí se determina una recomendación que es sometida ante el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas, que está conformado por distintas organizaciones estatales. Dicho comité es un grupo interinstitucional y está conformado por instituciones como Procuraduría y Fiscalía, e inclusive hay un representante de los líderes sociales. Allí toman la determinación de qué medida hay que implementarle a un líder social, y es allí, en esa población, donde nosotros incluimos a los líderes ambientales. Eso es lo que se está haciendo hoy.
¿Se debe reformar la entidad para mejorar la protección de los defensores de la tierra? Como piden varios expertos en este tema en el país…
No pensaría en este caso. La UNP tal vez sí requiere reformas, y las estamos haciendo, pero más que todo reformar el contexto normativo. Es decir, el director ha planteado, lo hizo con el ministro del Interior anterior, crear una población específica para líderes sociales. Y estamos planeando llevar a cabo una reforma, con el ministro Cristo, que establezca la población específica de líderes ambientales. Eso porque la población de líderes ambientales como tal no existe en el programa de protección. Esa es una de las reformas que ha planteado el director y que vamos a llevar a cabo.
Los cinco países donde más defensores de la tierra son asesinados.
Foto:Global Witness
¿En qué se está fallando para que aquellos que protegen la biodiversidad de Colombia sigan siendo víctimas de la violencia?
Bueno, esa es una gran pregunta. Nosotros tenemos unas situaciones que afectan el funcionamiento del programa. ¿Cuáles son esas situaciones? Uno, tenemos, por ejemplo, una deficiencia de algunos recursos físicos para la implementación de medidas de protección. ¿Cuáles en particular? Los vehículos blindados han sido una gran dificultad. Conseguir estos vehículos es muy difícil en el mercado y nosotros estamos obligados a acudir al mercado para adquirir estas medidas de protección. Hay una escasez de vehículos, no son suficientes. Entonces, por ejemplo, en el año 2022 se pidieron 12.400 resoluciones en promedio y en el año 2023 fueron 24.000 resoluciones de medidas de protección. Hay un aumento vertiginoso en las solicitudes de medidas de protección.
Eso implica robustecer el programa de protección, pero principalmente en lo que se debe reformar son las reformas normativas. Hay que crear, a nuestro juicio, y con la corta experiencia que tenemos en estos dos años, conociendo el programa y la dinámica del conflicto como ha venido cambiando, creemos que se debe incluir una reforma normativa, incluyendo a los líderes ambientales como una población específica.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medioambiente y Salud
@CaicedoUcros
