Los legisladores de California están proponiendo medidas para proteger a los estudiantes y familias desde preescolar hasta el nivel secundario de las deportaciones masivas, aunque el valor real de esas propuestas puede ser simbólico.
Un par de proyectos de ley en la Legislatura —AB 49 y SB 48— impedirían que los agentes federales detengan a estudiantes indocumentados o a sus familias en las instalaciones escolares o cerca de ellas sin una orden judicial. Los proyectos de ley son una respuesta a la amenaza del presidente electo Donald Trump de deportar a los inmigrantes indocumentados, una medida que podría tener importantes consecuencias para las escuelas en California, que financia sus escuelas en función de la asistencia y donde el 12% de los estudiantes tienen al menos un padre indocumentado.
Ambos proyectos de ley dificultarían y demorarían más el ingreso de los agentes a escuelas o guarderías, pero sólo pueden demorar los arrestos, no detenerlos.
“Estos proyectos de ley no pueden de ninguna manera invalidar la ley federal”, dijo Kevin Johnson, profesor de derecho en la Universidad de California en Davis. “Pero responden a una gran preocupación de la comunidad de que no es seguro llevar a los niños a la escuela… No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es esto, lo vulnerables que se sienten los inmigrantes indocumentados en este momento”.
La AB 49, propuesta por el asambleísta Al Muratsuchi, demócrata de Torrance, exigiría que los agentes de inmigración obtengan un permiso por escrito del superintendente antes de ingresar a la propiedad escolar. También prohíbe que los agentes estén en habitaciones donde haya niños. La SB 48, presentada por la senadora Lena González, demócrata de Long Beach, prohibiría a la policía local cooperar con agentes federales (por ejemplo, ayudando en arrestos o brindando información sobre el estado migratorio de las familias) a una milla de una escuela. También prohíbe a las escuelas compartir información sobre estudiantes y familias con las autoridades federales.
Los distritos escolares también han redoblado sus esfuerzos para proteger a los estudiantes y a las familias. El Distrito Unificado de Los Ángeles se ha asociado con organizaciones de asistencia legal para ayudar a las familias y ha ordenado a las escuelas que no pregunten a los estudiantes sobre su estatus migratorio. El Distrito Unificado de San Francisco tiene pólizas similares.
“(El Distrito Unificado de San Francisco) es un refugio seguro para todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio”, escribió la superintendente Maria Su a la comunidad después de las elecciones de noviembre. “El SFUSD reafirma su postura de que todos los estudiantes tienen derecho a asistir a la escuela independientemente de su estatus migratorio o el de sus familiares”.
Las escuelas como refugios seguros
Las escuelas han sido durante mucho tiempo refugios seguros para los estudiantes inmigrantes. Según una Sentencia del Tribunal Supremo de 1982 , las escuelas públicas deben inscribir a todos los estudiantes independientemente de su estatus migratorio y no pueden cobrar matrícula a los estudiantes que no sean residentes legales. Y desde 2011, las pautas federales disuaden a los agentes de realizar arrestos de inmigración en escuelas, hospitales, iglesias, juzgados y otros “lugares sensibles”.
Pero Trump dijo que planea eliminar las pautas de “ubicaciones sensibles” , y la conservadora Heritage Foundation, que publicó el manifiesto de derechas del Proyecto 2025, está alentando a los estados a cobrar matrícula a los estudiantes indocumentados desde el kínder hasta el grado 12. Eso podría preparar el terreno para la posible revocación de la decisión de la Corte Suprema que garantiza el acceso a la escuela para los estudiantes indocumentados. El razonamiento de la fundación es que las agencias gubernamentales como las escuelas ya están sobrecargadas y necesitan priorizar los servicios para los ciudadanos estadounidenses.
“La nueva versión de Estados Unidos de la administración (Biden) no es más que un estado de bienestar con fronteras abiertas”, escribió Lora Ries, directora del Centro de Seguridad Fronteriza e Inmigración de la Heritage Foundation . “Ningún país puede sostener o sobrevivir a una visión así”.
Muratsuchi, presidente del Comité de Educación de la Asamblea, dijo que se sintió inspirado a escribir la AB 49 justo después de la elección, cuando escuchó las preocupaciones de los estudiantes inmigrantes en la clase de ciencias políticas que enseña en El Camino Community College en Torrance.
“Se hizo evidente que había cada vez más miedo entre mis estudiantes, no solo por ellos mismos sino por sus familias. El miedo a que las familias se separen es muy real”, dijo Muratuschi. “Queremos enviar un mensaje contundente a nuestros estudiantes inmigrantes de que vamos a hacer todo lo posible para protegerlos”.
‘Demasiado asustados para hablar’
Para la mayoría de las familias indocumentadas, la deportación significaría sumergirse en la pobreza y, en muchos casos, en la violencia. Nahomi, una estudiante de último año de secundaria en el condado de Fresno a quien CalMatters identifica por su segundo nombre debido a su estatus migratorio, describió la amenaza de la deportación como “una gran preocupación para mi familia y para mí. Nuestras vidas podrían cambiar por completo en un abrir y cerrar de ojos”.
“No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es esto, lo vulnerables que se sienten los inmigrantes indocumentados en este momento”.
Kevin Johnson, profesor de derecho en la Universidad de California en Davis
Kevin Johnson, profesor de derecho en la Universidad de California en Davis
Nahomi y sus padres llegaron a California en 2011 desde la ciudad de Culiacán en Sinaloa, México, una zona asolada por la violencia generalizada. Inicialmente planearon quedarse hasta que Sinaloa fuera más segura, pero una vez que se establecieron en el Valle Central decidieron que los riesgos de regresar superaban el riesgo de ser deportados, por lo que se quedaron. El padre de Nahomi trabaja en la construcción y su madre es ama de casa y cría a Nahomi y a su hermana menor.
Aunque ella y su familia temen ser deportadas, Nahomi no tiene miedo de ir a la escuela. Ella dice que las escuelas pueden ayudar a las familias a conocer sus derechos y ayudar a los niños a sentirse seguros.
“Me siento muy bien recibida y segura allí”, dijo. “Es una escuela secundaria muy diversa y me siento como cualquier otra estudiante… (Pero) muchas de estas familias probablemente estén demasiado asustadas para hablar sobre las dudas que puedan tener”.
¿Políticamente impopular?
Patricia Gándara, profesora de educación y codirectora del Proyecto de Derechos Civiles de la UCLA, dijo que el riesgo de que los agentes federales arresten a los estudiantes en las escuelas es probablemente pequeño. No está claro cuántos niños en las escuelas primarias y secundarias son indocumentados, pero probablemente se trate de un número relativamente pequeño, dijo. En cualquier caso, la aplicación de las leyes de inmigración que afectan a los niños casi siempre provoca protestas públicas de ambos partidos, dijo.
“Algunas personas pueden decir que son antiinmigrantes, pero es algo completamente distinto cuando de repente deportan a la familia de la calle de al lado, a la que conocen desde hace 20 años, o al mejor amigo de tu hijo”, dijo Gandara, que ha estudiado el tema en profundidad. “Es algo políticamente muy impopular”.
Aun así, los proyectos de ley propuestos podrían enviar un mensaje contundente de que las escuelas son lugares seguros, afirmó. Un estudio de Stanford concluyó que las medidas represivas contra la inmigración pueden tener un impacto significativo en la asistencia de los estudiantes, lo que puede conducir a una menor financiación de las escuelas, en particular de las escuelas de bajos ingresos que inscriben a un gran número de niños inmigrantes.
Las medidas represivas contra la inmigración también pueden provocar un aumento del acoso, la ansiedad y la incertidumbre general en el campus, no solo para los niños inmigrantes sino para todos, dijo Gándara. Los maestros, en particular, experimentan altos niveles de estrés cuando la seguridad de sus estudiantes está en peligro, dijo.
Sin embargo, las escuelas no pueden depender únicamente de las leyes estatales para proteger a las familias inmigrantes. Deberían asociarse con organizaciones sin fines de lucro locales para brindar servicios legales y otro tipo de apoyo a las familias que necesitan ayuda.
“Las escuelas son uno de los últimos lugares en los que las familias inmigrantes se sienten seguras”, dijo Gandara. “Pero tan pronto como (los agentes federales) ingresan a las escuelas, ya no son tan seguras. Estos proyectos de ley dicen: ‘No nos vamos a quedar de brazos cruzados y permitir que esto suceda. No todo el gobierno está en contra de ustedes’”.
California, uno de los mejores lugares para vivir
Ambos proyectos de ley están a la espera de audiencias en la Legislatura. Tammy Lin, abogada supervisora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de San Diego, espera que California siga tomando medidas para proteger a las familias indocumentadas, pero los conflictos políticos serán inevitables.
Es probable que la administración entrante de Trump se enfrente a California y otros estados de tendencia izquierdista en materia de inmigración. Incluso dentro de California, es probable que surjan conflictos entre los líderes estatales y los de regiones más conservadoras, o incluso entre agencias de la misma zona. En el condado de San Diego, por ejemplo, la Junta de Supervisores ordenó a la oficina del sheriff que no notificara a los funcionarios federales de inmigración cuando liberara a presos sospechosos de ser indocumentados, pero la titular del Departamento del Sheriff se negó a cumplir .
Lin también dijo que no le sorprendería si hubiera un intento de revocar el fallo de la Corte Suprema que garantiza la educación a los niños indocumentados, lo que potencialmente allanaría el camino para que se revirtieran los derechos de otros inmigrantes.
“Es una pendiente resbaladiza”, dijo Lin. “Los inmigrantes lo saben, por eso hay un inmenso miedo e incertidumbre en este momento. Pero proyectos de ley como estos muestran que California sigue siendo uno de los mejores lugares donde se puede vivir”.
Suriyah Jones, miembro de la Iniciativa de Periodismo Juvenil de CalMatters, contribuyó a esta historia.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por CalMatters.
