Por Julia Ainsley — NBC News
Una semana después de que el presidente, Joe Biden, firmara una medida ejecutiva para “suspender la entrada” de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera, el número de migrantes ha caído un 25%, pero las autoridades siguen dejando en libertad dentro de Estados Unidos a algunos que ingresaron de forma irregular, según varios funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En algunas zonas, los agentes fronterizos están mandando a los inmigrantes procedentes de Centroamérica de vuelta a México en lugar de deportarlos a sus países de origen, tal y como contempla la acción ejecutiva, según defensores de los inmigrantes y un memorándum interno revisado por NBC News. Este documento interno fue dado a conocer primero por The New York Post.
Un alto funcionario del DHS detalló que las primeras cifras indican que la acción ejecutiva de Biden ha disuadido a algunos migrantes de cruzar la frontera sur.
Los cruces ilegales se redujeron de 4,000 por día la semana pasada a 3,000 diarios, según lo que se registró el pasado martes, de acuerdo con datos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) obtenidos por NBC News.
La acción ejecutiva de Biden que limita el número de inmigrantes que pueden solicitar asilo en Estados Unidos entró en vigor a las 12:01 am del pasado miércoles 5 de junio.
Sin embargo, aunque la medida prohíbe a los inmigrantes solicitar asilo si cruzaron la frontera ilegalmente, la Administración los sigue liberando dentro de Estados Unidos para que permanezcan mientras presentan sus solicitudes de asilo ante los tribunales de inmigración, explicó el funcionario del DHS.
El alto funcionario también dijo que algunos migrantes que han cruzado ilegalmente desde el miércoles pasado y han sido liberados en el país pueden ser considerados no elegibles en sus audiencias de asilo y deportados por violar la acción ejecutiva.
Y a pesar de que la medida ejecutiva establece que Estados Unidos deportará a sus países de origen a cualquier persona que no reúna los requisitos para el asilo, defensores de los inmigrantes afirmaron que, en algunas secciones de la frontera, los inmigrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador están siendo devueltos a México.
El alto funcionario del DHS agregó que, sin dinero del Congreso para más centros de detención y vuelos de deportación, la Patrulla Fronteriza seguirá viéndose obligada a liberar a algunos dentro de Estados Unidos, en particular los procedentes de países que México es reacio a aceptar.
Pero el funcionario añadió que esas liberaciones, que se estaban produciendo antes de la acción ejecutiva, se han reducido en más de la mitad desde que entró en vigor.
En San Diego, donde el número de inmigrantes procedentes de China y otras partes del lejano Oriente se ha disparado este año, el memorándum afirmó que los agentes de la Patrulla Fronteriza tienen instrucciones de devolver a México a los inmigrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras o México, pero tienen que liberar a los inmigrantes de Asia y de cualquier otro país dentro de Estados Unidos.
El Gobierno enfrenta la primera demanda por las acciones ejecutivas de Biden
Un representante del sindicato de la Patrulla Fronteriza espera que el descenso de los cruces ilegales de la frontera tras la entrada en vigor de la medida ejecutiva sea efímero.
“Vemos disminuciones en los cruces cada vez que hay una nueva política, pero los contrabandistas cambian rápidamente sus estrategias y su negocio, y el contrabando de seres humanos continuará”, aseguró Héctor Garza, vicepresidente del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza, el sindicato de agentes, y quien ha trabajado 24 años con la agencia en Laredo, Texas.
Garza añadió que la acción ejecutiva no ha introducido un cambio real y describió el estado de cosas en la frontera como “status quo”.
La nueva política también podría verse pronto bloqueada en los tribunales. En una demanda presentada este miércoles en Washington, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones de los derechos civiles estpan retando al Gobierno de Biden para poner fin a la acción ejecutiva.
El abogado principal de la demanda, Lee Gelernt, aseveró que la política de Biden es “casi idéntica” a una promulgada por Trump antreriormente, y que la ACLU logró bloquear.
“Presentamos esta demanda porque esta prohibición es evidentemente ilegal. La Administración Trump promulgó una prohibición al asilo casi idéntica. Demandamos, ganamos, y esperamos ganar de nuevo”, dijo Gelernt.
