Un grupo de ex diplomáticos y funcionarios de seguridad nacional estadounidenses ha pedido a la Administración Biden que relaje algunas restricciones al régimen cubano antes de que el presidente electo Donald Trump tome la Casa Blanca en su segundo mandato.
En una carta citada por The Hill, dirigida al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, los ex funcionarios, entre ellos la ex jefa de misión de La Habana, Vicki Huddleston, y el ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes, instan a los salientes a retirar a La Habana de la Lista de estados patrocinadores del terrorismo, aumentar la ayuda humanitaria y simplificar las normas para que los ciudadanos cubanos accedan al sistema financiero estadounidense.
“Como ustedes saben, la red energética del país está fallando, la desnutrición infantil está en aumento, los servicios básicos se están deteriorando y la mayoría de los cubanos ha perdido la esperanza, precipitando el mayor éxodo de migrantes de Cuba en su historia”, escribieron.
Los firmantes señalan las “insuficientes e incoherentes reformas políticas que en gran parte han causado esta crisis”, pero creen que “la política actual de Estados Unidos ha exacerbado las dificultades de los cubanos”.
“Solicitamos respetuosamente que tome una serie de medidas en las semanas restantes de su Administración para ayudar a aliviar estos desafíos, en interés nacional de Estados Unidos y en apoyo del pueblo cubano”, añadieron.
El régimen cubano fue incluido en la Lista de estados patrocinadores del terrorismo por Trump en las últimas semanas de su primer mandato. El presidente dejó a Biden con la opción de mantenerlo o dar un paso “potencialmente impopular” a favor de La Habana. Según The Hill, “muchos observadores, incluidos feroces críticos del Gobierno cubano, han señalado los peligros de la inclusión aparentemente arbitraria” del Gobierno comunista en una lista de regímenes que apoyan activamente el terrorismo.
Los ex funcionarios insistieron, como han dicho públicamente en el pasado, que “no hay evidencia creíble” de que La Habana patrocine el terrorismo internacional.
El régimen de la Isla fue designado en 1982 dentro de esa categoría “debido a su larga historia de brindar asesoramiento, refugio seguro, comunicaciones, capacitación y apoyo financiero a grupos guerrilleros y terroristas individuales”, si bien esta fue “rescindida en 2015 después de que una revisión exhaustiva determinara que el país cumplía con los criterios legales para la rescisión”.
La redesignación de 2021 se debió a que el secretario de Estado “determinó que Cuba había brindado apoyo repetidamente a actos de terrorismo internacional en los seis años transcurridos desde que se rescindió su designación. Citando protocolos de negociación de paz, Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a diez líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que vivían en La Habana después de que ese grupo se atribuyera la responsabilidad del atentado con bomba de 2019 contra una academia de Policía de Bogotá que mató a 22 personas e hirió a otras 87″.
“La designación ha obstaculizado el acceso de Cuba a las finanzas internacionales, ha reducido los ingresos del turismo para pagar las importaciones de alimentos, combustible y medicinas y ha obstruido la llegada de ayuda humanitaria”, escribieron los funcionarios, calcando el discurso del régimen.
“Nuestros aliados más cercanos en la región han solicitado en repetidas ocasiones que eliminemos esta designación para mejorar los impactos regionales del aumento de la migración cubana, y estamos seguros de que Estados Unidos será aplaudido en todo el mundo por tomar esta determinación basada en hechos”, sostuvieron.
La inclusión del Gobierno cubano en la lista también ha dado un golpe a la industria turística cubana, en manos del poderoso conglomerado militar GAESA, al imponer restricciones a los nacionales de terceros países que visitan la Isla. Los europeos que están exentos de visas de turista de EEUU pierden esa exención después de viajar a Cuba.
Jeffrey DeLaurentis, quien se desempeñó como embajador interino en Cuba durante el período de acercamiento de la Administración Obama, dijo que, en su opinión, “la única razón” por la que la Administración Trump volvió a poner a La Habana en la lista negra en sus últimos días en enero de 2021 “fue para dificultar que la Administración entrante de Biden revirtiera los reveses de la Administración Trump de la política sabia y progresista del presidente Obama“.
En una reciente entrevista con EFE, De Laurentis defendió el deshielo de la era Obama y negó que haya sido un fracaso.
Los ex funcionarios también pidieron a Biden y Harris que envíen ayuda humanitaria a Cuba, que ha sido azotada por huracanes y terremotos, y señalaron que la Administración ya prometió dos millones de dólares tras el huracán Ian en 2022.
Igualmente, solicitaron a Biden que instruya a la Oficina de Control de Activos Extranjeros para que oriente a las instituciones financieras sobre cómo atender a los ciudadanos cubanos calificados sin pasar por encima de las sanciones de Estados Unidos. También pidieron una licencia general para permitir que los ciudadanos estadounidenses inviertan en empresas cubanas no vinculadas al Gobierno.
“Como dijo en 2020 la vicepresidenta Harris, el embargo de Estados Unidos es una política fallida que solo envalentona a los partidarios de la línea dura tanto en Miami como en La Habana que no representan las aspiraciones del pueblo cubano de un futuro más brillante y próspero. Elogiamos los pasos que ha tomado mientras estaba en el cargo, presidente Biden, para restaurar las remesas, reanudar el procesamiento de visas, apoyar a los empresarios cubanos independientes y expandir los viajes para los cubanoamericanos”, escribieron.
“Sin embargo, para abordar el alcance de la crisis actual en Cuba, creemos que su Administración debe prestar mucha atención y actuar con decisión para mitigar las implicaciones potencialmente nefastas de tener un estado fallido a solo 90 millas de nuestras costas”, concluyeron.
La Habana no ha ocultado su aspiración para que Biden la borre del grupo de regímenes sancionados por Washington, e incluso ha cabildeado en EEUU a través de legisladores afines, grupos de la sociedad civil estadounidense con vínculos con La Habana, expertos de la ONU, representantes de la Iglesia y personalidades de los negocios.
Esas demandas arreciaron luego de que en mayo pasado EEUU excluyera a Cuba del listado de países cuyos gobiernos no cooperan plenamente en los esfuerzos antiterroristas de Washington. En esa ocasión, Blinken dijo ante la Cámara de Representantes de ese país que la decisión se debió a “la revisión anual, los requisitos de la designación y el cambio de circunstancias”.
