La implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA) ha desembocado en lo que todo el sector académico consultado define como el primer pleito en el que un campus de titularidad pública denuncia en los tribunales la oferta formativa de otro, también público. La demandante es la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), hasta ahora la única que ofrecía esa titulación en la provincia de Alicante, que alega defectos de forma en la tramitación del plan de estudios de su rival hasta su aprobación definitiva, en 2022. La Generalitat (PP), parte demandada, se ha retirado del proceso judicial que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), con lo que allana el camino para que las universidades privadas intenten llenar ese hueco tan demandado, según denuncian la oposición y la entidad académica afectada.
El presidente valenciano, Carlos Mazón, y el consejero José Antonio Rovira han escalado el conflicto con declaraciones contra la rectora de Alicante y en las que, finalmente, acaban por reconocer que en un futuro campus interuniversitario podría tener cabida la iniciativa privada. En los círculos académicos se señala que el CEU, la Católica de Murcia y la Universidad Europea podrían estar interesadas en ofrecer Medicina en Alicante. Las dos primeras han asegurado a este diario que no entra en sus planes. El curso pasado había 3.257 estudiantes de medicina en las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, y 1.576 en las privadas.
Medicina es la joya de la corona que cualquier universidad (salvo las politécnicas) quiere tener. Da prestigio, atrae a alumnos excelentes y la mayoría de fondos internacionales para investigar se dedican a la sanidad, por lo que alimenta la actividad investigadora de la institución y el ascenso en los ránquines de calidad. Por contra, supone un fuerte desembolso en medios (laboratorios, instrumentos de simulación…) y complejos convenios con hospitales para hacer las prácticas, pero está garantizado llenar las plazas ―en las públicas hay una media de 13 solicitantes por puesto― y es un fructífero negocio para las privadas, pues los precios llegan hasta los 24.000 euros anuales (son seis años). En Madrid ya hay más alumnos en primero de Medicina en la privada, y aunque la Comunidad Valenciana (310 debutantes frente a 654 en la pública el curso pasado) y Murcia (187 frente a 231) andan lejos, son tras la capital las que cuenta con un mayor porcentaje de centros de pago. Solo en seis de las 17 comunidades autónomas se oferta Medicina en la privada.
El conflicto en torno a Medicina entre ambas universidades no solo viene de lejos, sino que es el germen del que brota la UMH. En octubre de 1996, el notorio enfrentamiento entre el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, y el rector de la UA, Andrés Pedreño, estalla definitivamente en la apertura del curso. El jefe del Consell desembarca en el acto inaugural junto a sus consejeros y el rector les niega asientos preferenciales, con lo que Zaplana abandona el auditorio visiblemente enfadado. Meses después, el Ejecutivo popular anuncia la creación del campus ilicitano, que contará como principal rasgo distintivo con la carrera de Medicina, hasta entonces impartida por la UA, que había formado ya a 15 promociones. La nueva entidad académica utiliza las instalaciones levantadas por su antagonista en Sant Joan, término municipal situado a 10 kilómetros de la universidad alicantina y a 36 de la de Elche.
Durante 25 años, la UMH es la única universidad que imparte Medicina en Alicante, cuya oferta de plazas está por debajo de la media española. En Castellón, hay dos, una pública y otra privada. En Valencia, tres, una de ellas pública. En 2018, el equipo rector de la UA, encabezado por Manuel Palomar, comienza la tramitación para que el grado que han perdido vuelva a su campus. Tras varios intentos, consigue la acreditación de calidad de las agencias Aneca, estatal, y la AVAP, local. El Gobierno autonómico, entonces en manos del Botànic (PSOE, Compromís y Podemos), niega su implantación hasta 2022, cuando la pandemia evidencia la falta de personal sanitario. La entidad ilicitana solicita un aplazamiento de la implantación de Medicina en la UA, que el TSJ deniega. En una demanda posterior, encabezada por el rector Juan José Ruiz, se acusa a la Generalitat de Ximo Puig de graves irregularidades al tramitar el título. Según resume Ruiz a EL PAÍS, existen defectos de forma en la documentación presentada y en la oferta de estudios hay carencias de hospitales para realizar las prácticas, de profesorado y de viabilidad económica.
Este agosto, inhábil en el mundo académico, la rivalidad vuelve a estallar desde el Palau de la Generalitat, comandada ahora por Mazón, heredero político de Zaplana. El día 2, el consejero de Educación, Rovira, notifica a la rectora de la UA, Amparo Navarro, que la Generalitat se retira de la demanda y da la razón al demandante. Según la rectora, Rovira y Mazón ya le habían advertido en marzo de que querían crear un campus interuniversitario de Ciencias de la Salud compartido entre las universidades, lo que de facto deja el grado en manos de la Miguel Hernández. La propuesta, dice la rectora, no tiene programa ni presupuesto. Estas fusiones suelen hacerse cuando las titulaciones no tienen mucha demanda. Pero no es el caso de Medicina, que ha dejado 4.181 alumnos en preinscripción en la UA y 3.986 en la UMH, con una nota de corte que ronda el 13 sobre 14.
Con la llegada de septiembre y el fin de las vacaciones, la rectora alicantina consigue finalmente el apoyo unánime de su consejo de Gobierno en defensa de los 172 alumnos ya matriculados en los dos primeros cursos y de la autonomía universitaria. La oposición política autonómica, con el PSOE de la ministra Diana Morant y Compromís al frente, se adhiere a su causa.
En la apertura del nuevo curso de la UA, el emotivo discurso de Navarro contrasta con el de Rovira, que desgrana las objeciones de la Abogacía de la Generalitat con los mismos argumentos que usa la UMH en su demanda, cuyo fallo está previsto para finales de este mes. El equipo de Gobierno de la entidad alicantina declara a EL PAÍS que ninguna de estas objeciones se sostiene. Tienen un concierto de prácticas firmado con Ribera Salud, empresa que gestiona el Hospital del Vinalopó (Elche), cuentan con profesorado de otras disciplinas sanitarias y han fichado a siete asociados y han construido el edificio de anatomía, el único que precisaban, con el millón y medio de euros que les ha concedido el Gobierno central, como al resto de campus públicos, por aumentar el número de plazas de Medicina.
La situación ha dejado en vilo a los principales afectados, el profesorado y el alumnado de Medicina en la UA. Una representación de los docentes asegura a este periódico que sienten “inquietud e inseguridad” ante el “cuestionamiento injusto” de unos estudios para los que están “más que formados y acreditados”. Ante los estudiantes, no obstante, tratan de transmitir tranquilidad, según manifiestan Paula Cabrejas, estudiante madrileña de primero, y sus compañeros de aula Rocío Zapico, de 49 años, auxiliar de Enfermería, que ha entrado por la oferta formativa para mayores de 45, y Rubén Parra, un almeriense de 18 años que eligió la UA por ser la universidad más cercana a su casa a la que pudo acceder. “Nos pasamos toda la información que sale por nuestros grupos de WhatsApp”, afirman, “pero sin alarmismos”. “No nos van a dejar en la calle, seguro que se encontrará una solución”, zanjan.
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