Wolfgang Ernst tiene 21 años y es estudiante del primer año de la Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República (Udelar). Dice que quiere recibirse para obtener el título que lo habilite a trabajar, pero no puede avanzar con algunos exámenes y parciales de la carrera que se rinden los sábados porque la comunidad religiosa minoritaria a la que pertenece, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, establece que ese día de la semana debe guardarse como día de reposo.
Según relata en la acción de amparo que inició contra la Udelar, a la que accedió Búsqueda, la materia denominada Administración y Gestión de las Organizaciones 1 tiene todas las instancias de evaluación los sábados. “Participar de un examen ese día significa agredir mi identidad y violentar los mandatos de mi conciencia”, dice el escrito, que agrega que esta unidad curricular es la que tiene asignados proporcionalmente mayores créditos para la aprobación anual, es previa de otras materias de años siguientes y también una asignatura requerida en las ofertas laborales orientadas a estudiantes.
En el primer semestre de 2024, Ernst solicitó cambiar la fecha del examen a la bedelía de la facultad, pero no obtuvo respuesta. En el segundo semestre, el 11 de diciembre —casi dos meses después de comparecer frente al decanato con ese reclamo— le respondieron en un mail que no accederían a la solicitud, teniendo en cuenta otros pedidos similares y la resolución Nº 15 del Consejo Directivo Central de la Udelar, del 28 de octubre de 2008, que, según el mail firmado por el secretario amovible del decano, “resuelve no hacer lugar a la exención de las actividades universitarias en días de conmemoración de festividades de origen religioso”.
Luego de recibir la negativa, el estudiante resolvió promover una acción de amparo contra el Rectorado de la Udelar y el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas en la que solicita que se respete su derecho a la educación, a la libertad de religión, a la igualdad y la no discriminación.
En el escrito plantea que la resolución de la facultad “equivale a erigir una barrera de acceso para todos aquellos que profesan una fe religiosa que implique cultos específicos de adoración”, como sucede con el sábado en su caso. Agrega que el pedido de habilitación para hacerlo otro día busca preservar su derecho a la libertad de culto, permitiéndole “el descanso del día santo”, donde su “conciencia y convicción religiosa” le indican abstenerse de realizar “todo acto de labor remunerado, educativo formal o secular institucional de cualquier índole”.
El juez en lo Contencioso Administrativo de 2º turno, Alejandro Martínez de Las Heras, se negó a tramitar el proceso el 20 de diciembre de 2024, pero en segunda instancia, el 8 de enero de 2025, el Tribunal de Apelaciones de 3er turno revirtió la resolución, según indica la sentencia a la que tuvo acceso Búsqueda. Esto implica que se obliga al juez de primera instancia a iniciar el proceso judicial del amparo, un instituto que busca la protección rápida de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución cuando son lesionados o amenazados por un actuar ilegítimo.
En la resolución, los ministros consideraron que Ernst agotó la vía administrativa para hacer el reclamo al enviarse una nota de la Iglesia Adventista donde pedía que se consideraran sus convicciones religiosas para eximirlo de rendir pruebas y exámenes los sábados y permitirle hacerlo en otros días y que corresponde hacer lugar a la acción de amparo.
Entre las pruebas testimoniales que propuso está la declaración de su hermana, Jessie Ernst, de 25 años, que es estudiante de Veterinaria en la Udelar y logra cambiar los exámenes de día si están marcados para los sábados, al presentar la constancia de observancia de culto. También se incluye como testigo a un estudiante de la Facultad de Medicina, que forma parte de la misma comunidad religiosa, donde también se lo permiten.
El pedido a la Justicia —que está fundado en artículos de la Constitución, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros— incluye que la Comisión de Lucha contra la Discriminación y la Xenofobia emita un dictamen técnico sobre el caso y que sea convocada una audiencia.
Un proyecto que no salió
En 2024, con los votos del oficialismo, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley sobre las festividades de las minorías religiosas, sustitutivo de uno que había sido presentado en 2020 por la senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín.
La iniciativa, que no llegó a ser aprobada en la Cámara de Diputados, establecía que el goce de “días de observancia o precepto de su confesión religiosa” será respetado “a todo aquel que se hallare en una relación de trabajo o servicio”, así como también “en el ámbito educativo en todos sus niveles”, mediante un “previo acuerdo y coordinación entre el observante y las autoridades, empleadores o tomadores de decisión en los diversos ámbitos donde se pretenda gozar”.
Entre las delegaciones favorables a la aprobación, que comparecieron en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, estuvieron la B’nai B’rith, la Nueva Congregación Israelí, el Comité Central Israelita del Uruguay y la Iglesia Adventista.
El proyecto, que fue motivo de discusión parlamentaria y evidenció diferencias entre los legisladores, fue aprobado por 18 votos, sin el apoyo del Frente Amplio. Según consignó la diaria en junio de 2024, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian consideró que es “muy injusto” exigir “a las empresas, a las instituciones educativas que adapten sus actividades a una incontable cantidad de expresiones religiosas que, por otro lado, no sabemos cuántas son ni qué características tienen”. En ese sentido, hizo referencia a que el Ministerio de Educación y Cultura fue claro en decir que no estaba en condiciones de hacer un registro de religiones. “Creo que es un proyecto innecesario, inconveniente y que va contra toda la tradición del Uruguay y su historia”, dijo Kechichian.
Consultada por Búsqueda, Asiaín dijo que no sabe si volverá a presentar el proyecto de ley en la próxima legislatura debido a que en su momento fue aprobado sin los votos del Frente Amplio, que a partir de marzo tendrá mayoría en la Cámara Alta. “Los equilibrios en el Parlamento electo actual hablan”, señaló.
