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El Senado aprobó un plan de gasto gubernamental temporal y reducido a primeras horas de este sábado, lo que evitó un cierre del gobierno federal. La legislación ahora pasa al presidente Joe Biden para su firma.
La aprobación del paquete se produjo después de que el presidente electo, Donald Trump, saboteara un acuerdo bipartidista que se había alcanzado a principios de la semana. Una votación sobre un proyecto de ley de financiación respaldado por Trump fracasó el jueves por la noche en la Cámara de Representantes, donde el viernes por la noche fue aprobado un proyecto de ley revisado.
La legislación garantiza el financiamiento del gobierno hasta el 14 de marzo, lo que deja sentado otro enfrentamiento por el gasto para los primeros días de la administración Trump. Los republicanos controlarán tanto el Senado como la Cámara en enero, pero el partido tendrá márgenes estrechos en ambas cámaras.
El paquete también retiene miles de millones de dólares en ayuda para desastres que los estados necesitan urgentemente después de ser golpeados duramente a principios de este año por dos huracanes importantes.
Esto es lo que incluyó el proyecto de ley:
El proyecto de ley de gastos proporciona alrededor de US$ 100 mil millones para ayudar a los estadounidenses que intentan recuperarse de múltiples desastres naturales ocurridos en 2023 y en 2024. El financiamiento está en línea con la solicitud de aproximadamente US$ 100 mil millones del gobierno de Biden en noviembre.
Unos US$ 29 mil millones ayudarán a reponer el Fondo de Ayuda por Desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que se ha agotado después de enfrentar dos huracanes importantes que arrasaron el sureste a principios de este año, así como otros desastres.
En octubre, FEMA gastó rápidamente US$ 9 mil millones de una inyección de US$ 20 mil millones del Congreso en respuesta a los huracanes Helene y Milton. La agencia también tuvo que manejar incendios forestales, inundaciones y tornados este año. Los datos federales muestran que los desastres costosos ahora ocurren con más frecuencia.
El proyecto de ley incluye US$ 10 mil millones en ayuda económica para los agricultores, uno de los últimos puntos de fricción en las negociaciones a principios de esta semana. Los legisladores de estados agrícolas han argumentado que la ayuda es desesperadamente necesaria ya que los agricultores de EE.UU. enfrentan precios más bajos de las materias primas y costos más altos para los suministros.
El acuerdo de gastos también incluye una extensión de un año de la ley agrícola, un paquete amplio que rige muchos programas de asistencia agrícola y nutricional. Normalmente, la ley se renueva cada cinco años, pero la versión más reciente se aprobó en 2018 y la extensión expiró a finales de septiembre. La resolución la extiende por un año.
Financiamiento para el puente de Maryland
Bajo el proyecto de ley aprobado, la sustitución del puente Francis Scott Key en Maryland será financiada completamente por el gobierno federal. La legislación también permitirá al Departamento del Tesoro de EE.UU. recuperar dinero de cualquier acuerdo relacionado con el colapso del puente para ayudar a pagar la reconstrucción.
Un barco de carga chocó contra el puente en marzo, causando su colapso y cortando el acceso a rutas de envío críticas dentro y fuera del puerto de Baltimore. Seis trabajadores en el puente murieron.
La reconstrucción del puente podría costar entre US$ 1,7 mil millones y US$ 1,9 mil millones, según una estimación publicada por la Autoridad de Transporte de Maryland a principios de este año.
El acuerdo de financiación también incluye una extensión de una medida de la era de la pandemia que expandió el uso de la telemedicina en Medicare.
Más personas mayores y estadounidenses con discapacidades han podido recibir atención a través de la telemedicina desde que comenzó la pandemia de Covid-19 a principios de 2020. La elegibilidad para el servicio se amplió más allá de solo aquellos que viven en áreas rurales, y las personas mayores han podido realizar la visita de telemedicina en casa, en lugar de tener que viajar a un centro de atención médica.
Esto es lo que quedó por fuera del paquete de financiamiento:
El paquete republicano que fracasó el jueves habría suspendido el techo de la deuda hasta el 30 de enero de 2027, lo que responde a la demanda clave de Trump, que el miércoles desmanteló el acuerdo original. En cambio, los republicanos están considerando incluir un aumento del techo de la deuda en un futuro paquete el año próximo.
Está previsto que el techo de la deuda se reactive el 2 de enero. Fue suspendido como parte de la Ley de Responsabilidad Fiscal bipartidista, que el Congreso aprobó en junio de 2023. Los legisladores probablemente tendrían hasta mediados de 2025 para abordar el techo de la deuda, ya que el Departamento del Tesoro podría usar temporalmente el efectivo disponible y otras medidas para seguir pagando las facturas de la nación y evitar un incumplimiento sin precedentes.
Aunque los republicanos controlarán el Capitolio y la Casa Blanca el próximo año, tener que lidiar con el techo de la deuda agregará otro problema complicado a la agenda ya llena del partido, que incluye extender los amplios recortes de impuestos de Trump de 2017.
El acuerdo de 2023 tardó meses en elaborarse y llevó a la nación a la situación incómoda de estar cerca de un incumplimiento, lo que habría desatado un caos económico global y tenido consecuencias importantes para las finanzas de muchos estadounidenses.
Establecido por el Congreso, el techo de la deuda es la cantidad máxima que el gobierno federal puede pedir prestada para financiar obligaciones que los legisladores y presidentes ya han aprobado. El Tesoro necesita pedir prestado para pagar las facturas, ya que EE.UU. gasta más de lo que recauda en ingresos, lo que resulta en un déficit presupuestario.
La deuda de la nación actualmente asciende a US$ 36,2 billones.
Después de dos años de intentos fallidos, los legisladores parecían estar cerca de incluir una serie de reformas para los administradores de beneficios de farmacia, los controvertidos intermediarios entre los fabricantes de medicamentos y los aseguradores que han levantado la ira del Congreso y muchos otros con sus prácticas opacas. Pero las medidas finalmente no prosperaron.
El acuerdo de financiamiento que lo incluía, pero no prosperó, habría requerido que los administradores de beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas en inglés) proporcionaran más información sobre los reembolsos que negocian y retienen, así como lo que pagan por los medicamentos y cuánto compensan a las farmacias. Habría eliminado la conexión entre el precio de los medicamentos y la compensación que los PBM reciben en los planes de medicamentos de Medicare Parte D y cambiado el modelo de pago a tarifas fijas.
Además, el acuerdo habría requerido que la industria transfiriera todos los reembolsos a los patrocinadores de los planes de salud, que incluyen aseguradoras y empleadores, en el mercado de seguros comerciales. También habría eliminado efectivamente los llamados “precios diferenciales”, en la que los PBM retienen parte del pago que reciben por los medicamentos de las farmacias, en Medicaid.
El intento tenía como objetivo aumentar la transparencia y cambiar la estructura de compensación de la industria, dijo Ross Margulies, socio de Manatt, Phelps & Phillips, un bufete de abogados especializado en atención médica. La preocupación ha sido que los PBM pueden tener el incentivo de preferir medicamentos de mayor costo, ya que pueden negociar reembolsos más grandes en ellos.
La Comisión Federal de Comercio demandó en septiembre a los PBM más grandes: Caremark Rx de CVS Health, Express Scripts de Cigna y Optum Rx de UnitedHealth Group, por supuestamente inflar los precios de la insulina.
Los PBM argumentaron que la legislación debilitaría su capacidad para reducir los costos de los medicamentos y podría resultar en primas más altas para las personas mayores.
Un acuerdo para dar a la ciudad de Washington un mayor control sobre el estadio RFK parecía perdido cuando se dejó fuera del proyecto de ley aprobado por la Cámara el viernes, pero en una sorpresa de madrugada, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que otorga a la ciudad el control sobre el terreno alrededor del estadio.
HR 4984, la Ley de Revitalización del Campus del Estadio Conmemorativo Robert F. Kennedy de la ciudad de Washington, fue aprobada previamente por la Cámara 348-55 en febrero. Si es firmada como ley por el presidente Joe Biden, la medida transferirá el terreno alrededor del estadio del gobierno federal a la ciudad, allanando el camino para que el estadio sea remodelado, y para que los Washington Commanders de la NFL regresen al lugar después de pasar los últimos 27 años en Landover, Maryland.
El proyecto de ley que Trump torpedeó habría proporcionado a los legisladores su primer aumento salarial desde 2009.
Tanto los líderes republicanos como los demócratas habían acordado incluirlo, lo que habría permitido a los miembros recibir un ajuste automático por costo de vida a sus salarios base de US$ 174.000 por año, según varias personas familiarizadas con las discusiones.
Esto habría sido una modificación a la práctica actual, en la que el Congreso toma medidas en cada proyecto de ley de gastos para eliminar ese ajuste por costo de vida. Eso ha estado en vigor desde la recesión de 2009.
El acuerdo también habría permitido a los miembros del Congreso optar por no participar en la cobertura de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, un requisito que enfureció a algunos legisladores del Partido Republicano, y les habría permitido inscribirse en el Programa de Beneficios de Salud para Empleados Federales.
También se eliminó del proyecto de ley una disposición que habría limitado las inversiones de EE.UU. en China, particularmente en el sector tecnológico.
Los demócratas han criticado la eliminación de la medida, argumentando que su ausencia beneficiaría a Elon Musk, quien ayudó a descarrilar el paquete bipartidista el miércoles.
“Las inversiones de Musk en China, y sus vínculos con su gobierno, solo han crecido en los últimos años, junto con su creciente participación en la política estadounidense”, escribió la representante Rosa DeLauro, miembro de alto rango del Comité de Asignaciones de la Cámara, en una carta el viernes a los líderes del Congreso.
“No es de extrañar, entonces, que el “presidente” Musk no quiera que un acuerdo de financiamiento que contenga esta disposición sea firmado como ley”, escribió.
La medida habría “evitado que los inversores adinerados continúen trasladando la producción y la propiedad intelectual de EE.UU. a China”, escribió.
Un proyecto de ley bipartidista que criminaliza la publicación de imágenes íntimas no consensuadas (NCII), a veces identificadas como pornografía vengativa, incluidas las deepfakes, había sido adjuntado al paquete de gastos original. También habría requerido que las redes sociales y otros sitios web tuvieran procedimientos para eliminar una imagen dentro de las 48 horas de una solicitud válida de una víctima.
Actualmente, muchos estados tienen leyes que abordan la publicación de NCII, pero esta regulación, que se introdujo a principios de este año como la Ley Take it Down, habría sido la primera con carácter federal.
Los legisladores y las empresas tecnológicas han estado enfrentando presiones para que combatan la pornografía vengativa, ya que la inteligencia artificial ha facilitado la creación y difusión de ese contenido.
El proyecto de ley final no reautoriza la financiación federal para el Programa de Investigación Pediátrica Gabriella Miller Kids First del Instituto Nacional de Salud. Pero el Senado aprobó el viernes por la noche la medida como un proyecto de ley independiente, que autoriza US$ 12,5 millones por año durante cinco años. La legislación, que fue aprobada por la Cámara en marzo y ahora pasa a Biden para su firma, financiará el programa hasta 2028.
La iniciativa apoya la investigación que salva vidas de tratamientos y curas para el cáncer infantil durante los últimos nueve años, según la representante Jennifer Wexton y el senador Tim Kaine, ambos demócratas de Virginia. El proyecto de ley bipartidista habría proporcionado financiación durante siete años.
Miller, residente de Virginia con un tumor cerebral inoperable, murió en 2013 a la edad de 10 años. El año siguiente, el expresidente Barack Obama firmó la Ley de Investigación Kids First de Gabriella Miller, que autorizó US$ 12,6 millones en fondos anuales para la investigación de enfermedades infantiles hasta el año fiscal 2023.
El proyecto de ley bipartidista habría continuado las protecciones para los estadounidenses de bajos ingresos cuyos beneficios de cupones de alimentos fueron robados, a menudo a través de dispositivos de skimming que obtienen la información de la tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) sin conociemiento de la víctima.
El Congreso permitió a los estados reemplazar los beneficios robados de manera limitada utilizando fondos federales, como parte de un proyecto de ley de financiación del gobierno hace dos años. Hasta ahora, los estados han reemplazado más de US$ 150 millones en beneficios robados de más de 300.000 hogares de bajos ingresos en todo el país, según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, citando datos del Departamento de Agricultura de EE.UU.
Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.
Sarah Ferris, Lauren Fox, Clare Foran, Manu Raju y Morgan Rimmer de CNN contribuyeron a este informe.
