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Durante tres décadas, la política federal ha restringido los arrestos migratorios en las escuelas y sus alrededores, clasificando estos espacios educativos como áreas “sensibles” o “protegidas”.
Según informes recientes de NBC News, es probable que el presidente electo Donald Trump cancele esa política poco después de su regreso a la Casa Blanca.
Esto podría dar pie a que los agentes migratorios detengan a los padres con más frecuencia al llevar a sus hijos a la escuela, o a que las interacciones con la policía escolar resulten en la detención tanto de estudiantes como de sus padres.
Los educadores y defensores de los derechos de los niños inmigrantes expresan su preocupación debido al clima de miedo que se genera, ya que las consecuencias podrían ser que las familias dejen de enviar a sus hijos a la escuela o eviten participar en actividades escolares. Además, podría interrumpir el aprendizaje de los niños y dificultar que los educadores establezcan relaciones de confianza con las familias inmigrantes.
“Las implicaciones serían enormes”, señaló Patricia Gándara, profesora de educación en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), quien ha investigado el impacto de la aplicación de las leyes migratorias en los niños y las escuelas. Cuando las familias se enteran de que la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene “la autoridad para intervenir en las escuelas, comienzan a circular rumores. Y ni siquiera es necesario que esto ocurra para que se difunda en la comunidad que la ICE está cerca, lo que hace que las familias no lleven a sus hijos a la escuela”.
Se estima que 4.4 millones de niños nacidos en EE.UU. tienen al menos un padre indocumentado, mientras que alrededor de 733,000 niños en edad escolar son indocumentados. Otros estudiantes poseen autorización para residir en el país, pero su estatus migratorio es temporal, y Trump ha amenazado con revocar estos permisos. Investigadores calculan que medio millón de niños en edad escolar han llegado a los Estados Unidos en los últimos dos años.
La legislación federal tiene prioridad sobre las leyes estatales y locales, y los agentes de inmigración cuentan con una amplia autoridad para detener a aquellas personas que sospechen que están en el país ilegalmente. A pesar de ello, varios distritos escolares importantes ya han renovado o ampliado las políticas que implementaron durante la primera administración de Trump para brindar seguridad a estudiantes y familias. Asimismo, legisladores en California, donde 1 de cada 5 niños pertenece a una familia con al menos un familiar indocumentado, han presentado proyectos de ley para proteger a los estudiantes inmigrantes.
Viridiana Carrizales, CEO de ImmSchools, una organización sin fines de lucro dedicada a formar a líderes educativos y docentes sobre cómo respaldar a los estudiantes inmigrantes cuando Trump asuma la presidencia, comentó que ha estado orientando a los distritos escolares. Les recuerda que, aunque se termine la política de lugares sensibles, los estudiantes siguen manteniendo ciertos derechos.
“Eso no implica que, en caso de que un oficial de inmigración se presente y solicite el expediente de un estudiante, la escuela deba entregarlo”, aclaró Carrizales. “Deseo que nuestras familias no sientan que no pueden salir de sus hogares, no se puede vivir así”.
Pero dichos esfuerzos no constituyen garantías de seguridad en las inmediaciones de las escuelas.
En 2020, Verónica del Carmen Lara Márquez fue arrestada por agentes de inmigración justo después de dejar a su hija de 4 años en un elementary school en Filadelfia. El arresto derivó de una orden judicial por no haber acudido a audiencias migratorias fuera del estado. Fue detenida en una parada de autobús, pero liberada poco después por motivos humanitarios, ya que en ese momento Lara Márquez estaba embarazada de tres meses.
Expertos afirman que las escuelas deben implementar políticas claras y capacitación en inmigración
Desde la década de 1990, los funcionarios federales han limitado los arrestos e investigaciones en las instalaciones escolares. Bajo la presidencia de Barack Obama, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. emitió en 2011 un memorando que restringía la aplicación de la ley migratoria en áreas “sensibles”, incluyendo escuelas, guarderías, universidades, eventos escolares y paradas de autobús con niños presentes.
El presidente Joe Biden amplió la política en 2021 para incluir más áreas “protegidas”. Esto abarcó cualquier lugar de encuentro para los niños, como parques, centros de recreación y programas después del horario escolar.
Sin embargo, los agentes pueden y han realizado acciones de control migratorio cerca de las escuelas. Por lo general, los oficiales de inmigración necesitan la autorización de un supervisor para realizar un arresto o una entrevista cerca de una escuela. Aunque, hay excepciones en situaciones relacionadas con la seguridad nacional o amenazas a la seguridad pública.
Aunque Trump no modificó la política de lugares sensibles durante su primer mandato, su reelección estuvo marcada por propuestas migratorias más estrictas. Entre ellas, destacó un plan para llevar a cabo deportaciones masivas. El Proyecto 2025, elaborado por exfuncionarios y nuevos miembros del equipo de la Casa Blanca de Trump, es un conjunto de políticas que recomendó eliminar cualquier directiva vigente. En particular, propuso revocar las “zonas sensibles”, que es donde se debía limitar la aplicación de las leyes migratorias.
El equipo de transición de Trump no emitió comentarios ante las solicitudes.
Carrizales destacó que, frente a la posible modificación de las políticas, es fundamental que las escuelas cuenten con protocolos claros que regulen cómo el personal y la policía escolar deben interactuar, o no, con los agentes federales de inmigración. Es esencial que el personal esté informado acerca de si es necesario solicitar una orden judicial o un mandato, o si las consultas deben ser derivadas al superintendente y al equipo legal del distrito.
La capacitación en esta política debe llegar a todos los empleados escolares, incluyendo tanto al personal administrativo como a los directores. También debe ser traducida y distribuida entre las familias.
Las escuelas tienen la opción de revisar si los formularios habituales, como los destinados a solicitar comidas escolares gratuitas o a bajo costo, solicitan información que pueda revelar el estatus migratorio, como el número de Seguridad Social. (De acuerdo con el fallo histórico Plyler contra Doe de la Corte Suprema, las escuelas no deberían indagar sobre el estatus migratorio de las familias, ya que esto podría intimidar a las familias indocumentadas y vulnerar el derecho de sus hijos a la educación pública).
Es probable que las familias se mantengan en estado de alerta. Según Carrizales, algunas incluso han expresado preocupación por inscribir a sus hijos en programas de enseñanza bilingüe, temiendo que esa información pueda delatar su origen como familia inmigrante.
Carrizales señaló que las escuelas podrían considerar modificar sus formularios o dejar claro a las familias que no se requiere información relacionada con el estatus migratorio.
En algunos estados y distritos escolares, se están adoptando esfuerzos adicionales para garantizar mayor protección.
Tony Thurmond, el superintendente de las escuelas de California, está apoyando dos proyectos de ley que limitarían la aplicación de las leyes migratorias en los alrededores de las escuelas en su estado.
La primera iniciativa busca impedir que los oficiales de inmigración ingresen a las instalaciones escolares sin una identificación válida, una orden judicial, un propósito claramente definido y la autorización del superintendente del distrito. Sin embargo, incluso con estos requisitos, no se permitiría su entrada si hay niños en el lugar. Por otro lado, el segundo proyecto de ley, presentado esta semana, propone que la policía local no pueda colaborar con las autoridades migratorias en un radio de una milla alrededor de las escuelas. Con ello, se busca garantizar la seguridad de las familias en los horarios de entrada y salida escolar.
En un esfuerzo por proteger a los estudiantes inmigrantes, la junta escolar de Chicago aprobó el mes pasado una resolución que bloquea el acceso de oficiales de inmigración a las escuelas y limita su interacción con el personal escolar, salvo que presenten una orden judicial penal. De forma similar, la junta escolar de Los Ángeles adoptó una medida que busca capacitar al personal del distrito para responder a intentos de ingreso de agentes federales a las instalaciones escolares.
Mientras tanto, Nueva York ha renovado su política histórica, que impide el acceso de las fuerzas del orden externas a la ciudad en los edificios escolares, excepto en situaciones concretas. La ciudad también está brindando capacitación a los directores y agentes de seguridad escolar acerca de los protocolos a seguir.
Es probable que la administración de Trump intente impugnar las políticas de “santuario”. Asesores cercanos al presidente electo consideran retener fondos federales y otros recursos a las ciudades lideradas por demócratas, en caso de que se nieguen a colaborar con la deportación de inmigrantes indocumentados, según informó el Washington Post el mes pasado. Aún no está claro dónde termina el poder de un distrito escolar y comienza la autoridad de un oficial de inmigración federal.
“Los estados han tenido desde siempre una gran libertad para dar forma a las políticas educativas, incluyendo aquellas que establecen las condiciones para garantizar un entorno escolar seguro y acogedor”, señaló Nicholas Espíritu, subdirector del Centro Nacional de Derecho de la Inmigración. “Si bien existen situaciones en las que la línea entre el poder federal y estatal puede volverse difusa, los estados realmente poseen la capacidad de definir sus propias normativas sobre seguridad en las escuelas”.
Un ejemplo de esto es el de un superintendente escolar en Nebraska, quien vivió una redada migratoria en 2006 en su comunidad. Él mismo confesó recientemente que su mayor error fue haber garantizado a las familias que los oficiales de inmigración no entrarían a la escuela.
Más tarde, recibió una llamada de un oficial de inmigración que le dijo: “Quiero que sepa que está equivocado, tenemos jurisdicción. Si queremos ingresar a sus escuelas, podemos hacerlo.”
Leves infracciones pueden derivar en arrestos migratorios
Incluso con la política de lugares sensibles vigente, hubo incidentes que captaron la atención pública durante la primera administración de Trump: padres fueron detenidos al ir o regresar de la escuela de sus hijos.
En 2017, por ejemplo, agentes de inmigración arrestaron a Romulo Avelica-González minutos después de dejar a su hija de 12 años en un middle school de Los Ángeles. Su otra hija, de 13 años en ese momento, grabó un video del momento, entre sollozos. La detención se produjo a raíz de dos condenas por delitos menores: un DUI (conducir bajo la influencia del alcohol) de hace diez años y otra por recibir una pegatina de registro de vehículo robada.
Romulo Avelica-González fue liberado después de seis meses de detención. Sin embargo, el arresto sembró una profunda preocupación en la comunidad, en la que muchos temen ser los próximos en enfrentar la misma suerte.
La constante amenaza de deportación ha repercutido en la vida diaria de las familias. En Broward, Florida, durante el primer mandato de Trump, algunos padres inmigrantes comenzaron a acompañar a sus hijos a la escuela caminando, para evitar cualquier contacto con la policía que pudiera derivarse de una infracción de tráfico. Otros, con el mismo temor, mandaban a sus hijos con documentos migratorios guardados en las mochilas.
En la ciudad de Nueva York, las escuelas con niños inmigrantes se vieron obligadas a buscar formas de incluir a los padres. Muchos de ellos, no asistían a eventos, como las reuniones con los maestros, por miedo a las repercusiones que tendría el hecho de ser detectados.
Para reducir la preocupación, las escuelas podrían asociarse con grupos locales de derechos de inmigrantes. Organizar talleres sobre los derechos de los padres podría ayudarles a saber cómo actuar en caso de ser detenidos al ir o venir de la escuela de sus hijos.
“Estamos asegurándonos de que nuestras familias sepan que, aunque sus derechos puedan ser restringidos, todavía existen derechos que debemos conocer”, señaló Carrizales, quien también fue indocumentada. “Lo más esencial es que, si alguien les pregunta sobre su estatus migratorio, no deben responder ni firmar ningún documento.”
Además, hay inquietudes sobre cómo las interacciones cotidianas con la policía podrían poner a estudiantes y familias inmigrantes en riesgo de ser atrapados en procesos de deportación.
En 2007, un estudiante de noveno grado del Distrito Escolar Unificado de Tucson, en Arizona, fue deportado junto con su familia después de que los oficiales escolares encontraron una pequeña cantidad de marihuana en su mochila. La escuela llamó a la policía local, que notificó a la Patrulla Fronteriza sobre el estatus migratorio de la familia. Los agentes de inmigración llegaron al high school del joven y lo detuvieron a él y a su familia.
Después, los funcionarios escolares señalaron que la policía habría debido esperar para llamar a los agentes de inmigración hasta que la familia estuviera fuera del establecimiento, pues su llegada desató rumores sobre una posible redada en la escuela.
Andrew Hairston, director de un proyecto de justicia educativa en la organización sin ánimo de lucro Texas Appleseed, teme que casos como este puedan volverse más comunes si Trump rescinde la política de lugares sensibles. En Texas, por ejemplo, las escuelas públicas están obligadas a tener un oficial armado en las instalaciones durante el horario escolar.
“Mi mayor miedo es que, en este contexto de vigilancia policial en las escuelas, los jóvenes se vean privados de su dignidad solo por asistir a la escuela y tratar de aprender lo mejor posible”, señaló Hairston. “Si además se añade la idea de que ICE podría entrar a hacer cumplir las leyes migratorias, el ambiente se llena de una gran incertidumbre”.
Según Carrizales, de ImmSchools, los distritos escolares que tienen sus propios departamentos policíacos deben establecer procedimientos claros para regular la interacción de los agentes escolares con los funcionarios de inmigración y comunicar esta información a las familias.
La eliminación de la política de lugares sensibles no significa que “los policías escolares puedan asumir el rol de agentes migratorios o colaborar con los funcionarios de inmigración”, subrayó. “Es esencial que los distritos expliquen esto claramente a las familias”.
Traducido por Flavia Melisa Franco
Kalyn Belsha es una periodista senior especializada en educación, ubicada en Chicago. Puedes comunicarte con ella a través de su correo electrónico: kbelsha@chalkbeat.org.
