Gracias a una prórroga decretada por Joe Biden en uno de sus últimos actos como presidente, casi un millón de migrantes podrán vivir y trabajar en Estados Unidos por dos años más.
Tras vencer a la vicepresidenta Kamala Harris en las elecciones de 2024, Donald Trump planea fortalecer su agenda “Estados Unidos primero”, marcada por su postura contra los inmigrantes. Este último movimiento de Biden probablemente será visto como un desafío directo por el presidente electo.
La extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) beneficia a migrantes de Venezuela, El Salvador, Sudán y Ucrania que residen en Estados Unidos y se mantendrá vigente hasta el otoño de 2026.
¿Qué es el TPS?
Una ley de 1990, firmada por el entonces presidente George H. W. Bush, autoriza al presidente, a través del Secretario de Seguridad Nacional, a otorgar a los inmigrantes en Estados Unidos el derecho de vivir y trabajar legalmente cuando sus países de origen enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras “condiciones extraordinarias y temporales”.
Gracias a estas prórrogas, los migrantes de esos países, amparados actualmente por el TPS, tendrán la oportunidad de extender su protección contra la deportación y sus permisos de trabajo por 18 meses más.
El TPS se otorga a un país específico por un periodo de 18 a 24 meses, generalmente en respuesta a guerras, desastres naturales u otras emergencias humanitarias que hacen inseguro el retorno de las personas a sus lugares de origen.
Durante el mandato de Biden, se revocó una decisión de la era Trump que ponía fin al TPS para los salvadoreños. Esto ocurrió después de que un grupo de funcionarios latinos apelara al presidente saliente para conservar el programa en “casos meritorios”, debido al incremento de la violencia en Ecuador, la opresión del régimen de Ortega en Nicaragua y la crisis política y ambiental en El Salvador.
¿Qué nacionalidades están protegidas?
Actualmente, 17 países tienen designaciones de TPS, lo que ofrece protección a casi 1,1 millones de extranjeros que residen en los 50 estados de Estados Unidos:
- Afganistán
- Birmania (Myanmar)
- Camerún
- El Salvador
- Etiopía
- Haití
- Honduras
- Líbano
- Nepal
- Nicaragua
- Somalia
- Sudán del Sur
- Sudán
- Siria
- Ucrania
- Venezuela
- Yemen
Las medidas de la administración Biden bloquean temporalmente los intentos de la administración Trump de finalizar las protecciones del TPS para estos cuatro países. Cientos de miles de inmigrantes recibirán protección: según cálculos de la administración Biden, el TPS ampara a 607.000 venezolanos, 232.000 salvadoreños, 103.700 ucranianos y 1.900 sudaneses en Estados Unidos.
¿Qué dijo Trump?
Trump ha declarado en diversas ocasiones su intención de realizar “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”, apoyándose en una ley antigua, con más de un siglo de antigüedad, que podría contradecir la Constitución y que se usó para detener a japoneses-estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, Trump pretende justificar la expulsión de extranjeros sin audiencia ni garantías procesales, basada exclusivamente en su lugar de nacimiento o ciudadanía.
Ante la pregunta sobre si revocaría el Estatus de Protección Temporal de los migrantes haitianos, el presidente electo respondió: “Sin duda. Lo revocaría y los devolvería a su país”.
Cuando se le preguntó qué haría si Haití se negara a aceptar a los migrantes, Trump afirmó:
“Bueno, los van a recibir. Los van a recibir”.
Los inmigrantes haitianos, que viven y trabajan legalmente en Springfield (Ohio), se han convertido en el foco de atención después de que Trump y su compañero de fórmula, JD Vance, difundieran rumores infundados sobre supuestos secuestros y consumo de mascotas.
Trump planea ordenar a su administración el uso de recursos federales para que las fuerzas de seguridad locales detengan, encarcelen y deporten a personas que residan en el país sin permiso legal, una estrategia que enfrentaría de inmediato numerosos desafíos legales. El plan también incluiría la construcción de “vastos centros de retención”, es decir, campos de detención, destinados a albergar a las personas identificadas para su expulsión.
Según Trump, las personas expulsadas del país bajo ese plan enfrentarían una “condena automática de 10 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional” si intentaran regresar.
Autodeportación
Trump y sus aliados apuestan por la llamada “autodeportación”, basada en la idea de que la vida puede volverse tan insoportable que las personas opten por irse por su propia cuenta.
A través de la “autodeportación”, Trump podría alcanzar sus objetivos sin que el gobierno tenga que gastar recursos ni tomar medidas directas en esos casos. Trump ha declarado durante mucho tiempo su intención de deportar a millones de migrantes, pero en su primer mandato no superó las 350.000 deportaciones anuales. Con solo 41.500 camas de detención financiadas este año, las deportaciones masivas enfrentan serios obstáculos logísticos.
“Si quieres autodeportarte, deberías hacerlo, porque, insisto, sabemos quién eres y vamos a ir a buscarte”, declaró Tom Homan, el nuevo encargado de la política fronteriza en la administración de Trump.
Traducción de Leticia Zampedri
