El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó en los últimos meses una serie de proyectos de ley que entrarán en vigor el próximo 1° de julio. Las nuevas legislaciones, que fueron aprobadas en ambas cámaras del Congreso local, impactan en diversas áreas y sectores: desde los trabajadores estatales y los estudiantes, hasta quienes alquilan viviendas.
SB 553: convertirá a California en el primer estado en exigir a los empleadores que desarrollen, implementen y mantengan un plan “eficaz” de prevención de la violencia en el lugar de trabajo, con capacitaciones para los trabajadores y la creación de registros al respecto. La legislación especifica el contenido de dicho plan e incluye una disposición contra las represalias para los empleados que presenten denuncias de violencia en el lugar de trabajo.
Los empleadores también deben registrar los incidentes de violencia en el lugar de trabajo, definidos como “cualquier acto de violencia o amenaza de violencia que ocurre en un lugar de empleo y que resulta, o tiene una alta probabilidad de resultar, en lesiones, trauma psicológico o estrés, independientemente de si el empleado sufre una lesión”.
AB 12: prohíbe a un propietario exigir o recibir una garantía para un contrato de alquiler de propiedad residencial por un monto o valor superior a una cantidad equivalente a un mes del valor de arrendamiento, independientemente de si la propiedad residencial está sin amueblar o amueblada.
AB 28: impone un impuesto especial por un monto del 11% de los ingresos brutos de la venta minorista en el estado de un arma de fuego, una pieza precursora de arma de fuego y municiones. Requerirá que los ingresos recaudados se depositaran en el Fondo de Seguridad Escolar y Prevención de la Violencia Armada, que se establece en el Tesoro del Estado, para financiar diversos programas de prevención, educación, investigación y respuesta de la violencia armada.
Asimismo, establece que el director de Finanzas transfiera como préstamo 2,4 millones de dólares del Fondo General al Departamento de Administración de Impuestos y Tarifas de California para implementar estas disposiciones. También solicita que cada comerciante de armas de fuego, fabricante y vendedor de municiones con licencia se registre en el departamento para obtener un certificado.
AB 1013: requiere que un solicitante de una nueva licencia permanente de venta de locales públicos generales (Tipo 48) o el titular de una licencia Tipo 48 existente ofrezca a la venta a sus clientes dispositivos de prueba de drogas a un costo que no exceda una cantidad razonable. La ley establece que el licenciatario publique un aviso relacionado que contenga lenguaje específico en un lugar destacado y visible.
También prohíbe que un titular de una licencia Tipo 48 sea considerado responsable por una prueba defectuosa o un resultado inexacto, al tiempo que requiere que el titular de licencia se asegure de que todos los dispositivos de prueba ofrecidos a los clientes no hayan excedido su fecha de vencimiento o el período de uso recomendado.
SB 244: hace que sea más fácil, y probablemente más económico, reparar televisores, teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos y electrodomésticos. La ley exige que los fabricantes proporcionen a los consumidores y talleres de reparación las piezas, herramientas y documentación necesarias para dar servicio o reparar el dispositivo. La legislación también autorizaría a una ciudad, un condado o al estado a entablar una acción ante un tribunal superior para imponer sanciones civiles a una persona o entidad por violar la Ley de Derecho a Reparar.
SB 478: hace ilegal que las empresas anuncien o enumeren un precio de un bien o servicio que no incluya todas las tarifas o cargos “obligatorios”, así como también ocultar cargos inevitables del proceso de compra. El objetivo es promover la transparencia de precios y proteger a los consumidores de prácticas publicitarias engañosas, como “precios por goteo” o las llamadas “tarifas basura” y otras estrategias.
SB 274: amplía la prohibición contra la suspensión de alumnos matriculados en cualquiera de los grados 6° a 8°, incluidos aquellos alumnos matriculados en una escuela autónoma, por interrumpir actividades escolares o desafiar intencionalmente la autoridad válida de supervisores, maestros, administradores, autoridades escolares, funcionarios u otro personal escolar involucrado en el desempeño de sus funciones en todos los grados.
También prohíbe la suspensión de alumnos matriculados en cualquiera de los grados 9° a 12°, incluidos aquellos alumnos matriculados en una escuela autónoma, aunque mantiene la autorización existente de un maestro para suspender de clase a cualquier alumno de cualquier grado por ciertos actos, incluido el desafío intencional.
AB 230: establece que una escuela pública, incluida una operada por un distrito escolar, una oficina de educación del condado o una autónoma, que mantenga cualquier combinación de clases desde el grado 3° al 12°, deberá abastecer los baños de la escuela en todo momento con un suministro adecuado de productos menstruales, disponibles y accesibles, sin costo.
LA NACION
