Donald Trump ha dicho más de una vez que la única forma de inmigrar a Estados Unidos y evitar la deportación es hacerlo por la vía legal. Pero ni siquiera eso es un freno para él. Este martes, 532.000 venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos que entraron legalmente al país durante la Administración de Joe Biden se convertirán en indocumentados. El Gobierno de Estados Unidos suprimirá el estatus legal conocido como parole humanitario y las visas de trabajo de los beneficiarios y sus familiares, a quienes se les dan unas semanas para autodeportarse y abandonar el país. Si no lo hacen antes de 30 días, se expondrán a ser detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Desde que Trump llegó al poder hacer dos meses, ningún migrante puede estar tranquilo. El parole humanitario —previsto para países en situación de conflicto o crisis social, político o económica— comenzó en 2022 y blindaba a los beneficiados de la deportación. La mayoría podía tramitar una extensión del permiso cuando vencía o solicitar otro tipo de estatus o asilo para permanecer en Estados Unidos. Hasta el 22 de enero, se le había concedido a medio millón de personas a los que ahora el presidente considera “inadmisibles”.
Detrás de los números están la vida de familias y personas que lo dejaron todo atrás para llegar a un país que les abrió la puerta y ahora los considera indignos de seguir en él. Unos planean irse para evitar el riesgo de una detención, otros pretenden esconderse, algunos se encomiendan a los jueces para que frenen este nuevo atropello contra la migración y los hay que ni se plantean la idea de regresar a su país.
“El mundo se nos ha vuelto pequeño a los venezolanos”
Venezolano, 39 años
La historia de Carlos (que prefiere no decir su nombre real) es la de un inmigrante venezolano con dos países de llegada. El primero fue Chile, hace siete años, al que emigró con su esposa y su primer hijo. Allí trataron de echar raíces. Tuvieron una niña y llevaban “una buena vida” en Santiago de Chile, pero la xenofobia que se desató contra los venezolanos, terminó por expulsarlos. “El día que escuché a un chileno decirle a su hijo que no jugara con el mío mientras despotricaba de mi gentilicio, me dije, ‘esto no es el lugar en el que quiero que mis hijos crezcan’”, revela.
Fue así como un familiar de su esposa activó el parole humanitario para todo el grupo familiar, y tras el papeleo y la aprobación del trámite, aterrizaron en Nashville (Tennessee) en diciembre de 2023. “Nos vinimos a Estados Unidos buscando un país más amable con los venezolanos, y ahora llega Trump y resulta que nos odia”, se lamenta. La pareja, que ya logró establecerse en Estados Unidos y comenzó a hacer planes de futuro, ahora se siente en la cuerda floja. “Acabamos de firmar un segundo contrato de arrendamiento, compramos un carro, tenemos a los niños en el colegio, dos trabajos, una rutina, y resulta que ahora nos tenemos que ir. No lo puedo creer”, agrega. El principal temor de Carlos es permanecer de forma ilegal y quedarse en riesgo de deportación. “Me podrían expulsar a mí o a mi esposa por separado, lo que implicaría la separación familiar. Además, la crueldad con la que deportaron a los venezolanos a El Salvador, aterra. Nos fuimos de Venezuela porque es un país sin Estado de derecho, y ahora resulta que el Gobierno de Trump no respeta los derechos humanos, y arresta y deporta a inmigrantes sin antecedentes criminales. Esto comienza a parecerse más a nuestro país de lo que nos gustaría”, cuestiona.
La pareja ahora explora otras opciones para tratar de no perder la residencia legal y el permiso de trabajo que viene con ella. “Lo más duro es que tenemos que resistir porque ya no podemos emigrar por tercera vez. El mundo se nos ha vuelto pequeño a los venezolanos”, dice.
“No me voy a ningún lado. Si vuelvo a Haití me matan”
Haitiano, 43 años
Goliath (nombre ficticio) está aterrado. Llegó en junio de 2024 procedente de Haití gracias al parole humanitario. Huía de una muerte segura. “No me voy a ningún lado. Si vuelvo me matan”, asegura. Su hermano, ciudadano estadounidense, le sirvió de patrocinador para que saliera del país. Su trabajo en el sector público es una sentencia de muerte en un país dominado por las pandillas y la violencia. “Conocen mi cara. Si me deportan van a matarme”, insiste. La cancelación del programa le afecta por doble partida. Su mujer y su hija también solicitaron el parole, pero la autorización aún no había llegado. Y ya no va a llegar. “Me siento con mucho estrés y depresión”, admite en una conversación telefónica. “Mi esposa y mi hija se encuentran en áreas controladas por las pandillas, que todos los días cometen violaciones, secuestros y asesinatos, las pueden matar en cualquier momento”.
Ni la policía nacional ni las fuerzas de seguridad respaldadas por la ONU han podido acabar con la violencia desatada desde hace un año por el levantamiento de las pandillas Viv Ansanm. Más de un millón de personas han sido desplazadas dentro del país. La capital, Puerto Príncipe, está asediada. En el último mes, unas 60.000 personas han huido de la violencia.
Goliath había encontrado la paz trabajando como guardia de seguridad en una organización comunitaria en Miami, Florida. “Estaba ayudando a construir esta sociedad, trabajando y pagando impuestos”, afirma. Ahora, su vida ha dado un vuelco. Ya no espera una reunificación familiar, pero tampoco puede volver. Se niega a autodeportarse con el programa CBP Home, que el Gobierno de Trump impulsa para que los indocumentados se vayan. Su esperanza está en que los tribunales frenen la rescisión del programa: “Mi vida depende de la decisión de la administración y de los tribunales”.
“Es injusto que si Biden me lo dio, venga Trump y me lo quite”
Cubana, 40 años
Cuando el tío de Mónica le propuso traerla a Estados Unidos por la vía del parole, a ella no le hizo ilusión. Tenía 40 años y la idea de que cuanto más mayor te haces, peor es emigrar. Aceptó por el bien de sus hijos. En Cuba, ella y su esposo trabajaban como informáticos en una empresa estatal y cobraban mensualmente, entre ambos, el equivalente a 50 dólares. Pagaban 30 de renta. “Con eso teníamos que subsistir. Era imposible. Tuve que ponerme a trabajar en la calle para poder completar el mes y aún así no llegaba”. Por eso, cuando sus niños de ocho y cinco años llegaron al Walmart, y ella los vio felices entre los juguetes y los caramelos, llegó a la conclusión de que valía la pena sacrificarse. “Fue una locura, llenaron un carro de cosas. Y yo asustada porque pensaba que me iban a cobrar mil dólares. Y cuando me cobraron 300 dije: ‘Uf’, eso aquí es mi salario de una semana”.
En el pueblo texano donde vive, Mónica ha trabajado como mesera, limpiando casas y en una granja de pollos. Los niños llegan de la escuela en bus y se pasan casi todo el día solos, porque ella sale de noche y vuelve de noche. Su esposo todavía vive en Cuba y no tiene cómo salir de allá. Nunca le llegó el parole. Está ahorrando todo lo posible para ver de qué forma se reúnen. “Pero aún así, vale la pena”, dice ella. “El ambiente aquí es mejor en general, la escuela es buena, los niños están adaptados, les va bien, tienen un mejor futuro. Ellos aquí han encontrado su espacio. Allá estuvieran pasando hambre. Lo del Walmart parece irrelevante, pero cuando uno crece en la pobreza sabe lo que se siente”.
Como entró de forma legal consiguió rápido su permiso de trabajo. Ahora les quedan 90 días para solicitar la residencia mediante la Ley de Ajuste Cubano, pero con la nueva orden de Trump pierde todos los beneficios. “Tengo miedo de que me echen de la fábrica por perder el permiso de trabajo. Imagínate, ¿de qué vamos a vivir? Es injusto que, si Biden me lo dio, venga Trump y me lo quite”, dice.
“Haré todo lo que pueda para no llevarme a mis hijos. Tratar de estar lo más legal posible y buscar todos los recursos para poder estar aquí. Reunir dinero para un abogado, no sé. Pero a mí hay que darme candela. No sé qué va a pasar si nos regresan. Quiero ser optimista y pensar que no”, agrega.
Entre el total de 532.000 personas afectados hay un grupo de cubanos que se libra de la nueva medida de Trump. Se trata de aquellos que entraron al país hace más de un año, y les dio tiempo de aplicar a la aún vigente Ley de Ajuste Cubano, aprobada por el Congreso en 1966 y que permite a los ciudadanos de la isla obtener la residencia permanente mientras permanezcan por un año y un día de manera legal en territorio estadounidense.
“Ha sido un golpe muy duro para mi familia”
Nicaragüense, 42 años
Su trabajo es así: entrar a la planta procesadora de carne con la temperatura bajo cero, sin ventanas, con tres abrigos puestos. Pararse frente a una máquina que funciona como una cinta de correr y empaquetar salchichas. Diez horas al día de lunes a viernes. Al principio se le entumecían los brazos. Ahora que lleva cinco meses es peor, a veces no le responden.
Doris estudió ingeniería civil en Managua, Nicaragua, pero con dos hijas y un salario básico no le alcanzaba ni para la comida. Su prima de Texas les sirvió de respaldo al parole y ella llegó con la ilusión de trabajar mucho durante los dos años que les permitía el programa humanitario, mientras sus hijas, de 10 y 18 años, aprendían inglés y conocían otro mundo. También pensaba buscar la manera de legalizar su estatus. Si no lo conseguía, su plan era regresar a Managua con ahorros suficientes como para montar su propio negocio.
Solo han pasado siete meses y Doris ya piensa en regresar voluntariamente porque no quiere arriesgarse a la posibilidad de que la deporten. Pero también involuntariamente, porque en realidad no quiere irse. No está dispuesta a enfrentar el trauma de que la detengan como a una delincuente. Muchos menos quiere que lo sufran sus hijas. Tampoco le gustaría tener que esconderse, porque ella no ha hecho nada malo. Tan solo llegó a un país que le dio la oportunidad de entrar legalmente y desde entonces no ha hecho otra cosa más que trabajar. “Yo me respeto mucho a mí misma como para tener que pasar por eso”, dice.
Su plan ahora es hacer todas las horas extra que le permitan porque en cuanto sienta que está en peligro va a coger a sus hijas, sus maletas y sus ahorros para hacer todas el viaje de vuelta a Centroamérica. “Es frustrante y doloroso. Vinimos con la esperanza de mejorar nuestra calidad de vida y ahora nos encontramos en una situación incierta. Nos enfrentamos al reto de volver sin los recursos que esperábamos, y a la incertidumbre de qué hacer en Nicaragua cuando lleguemos”. Lo que más le duele, dice, es el cambio que viene para las niñas. “Ellas se han adaptado aquí, especialmente la mayor, que ya estaba explorando oportunidades para estudiar y trabajar. Allá no tendrán las mismas oportunidades ni estabilidad, eso me llena de angustia. Ha sido un golpe muy duro para mi familia porque habíamos apostado todo a esta oportunidad”.
“Esta es otra política cruel y racista, que busca la separación de las familias”
Venezolana, 50 años
Para esta historia se va a llamar Corina, porque esta venezolana de 50 años tiene miedo de decir el suyo propio. Lleva año y medio viviendo en Miami tras resistirse durante varios años a emigrar. En Barquisimeto, su ciudad natal, vio partir primero a su hermana, quien se fue a Florida con su esposo e hijos hace ocho años; y luego a su hijo mayor, que partió a Argentina para matricularse en la universidad. Ella se quedó al cuidado de su madre anciana, con diagnóstico de alzhéimer. “La situación de Venezuela estos últimos años ha sido difícil, y con una madre en estas condiciones, todo se vuelve insostenible”, cuenta.
Su hermana fue la patrocinadora de su trámite, y ella y su madre recibieron un parole humanitario. “Por mi situación familiar, este tiempo siempre me resultó insuficiente, pero llegas con la esperanza de quedarte. Siempre me sentí bienvenida, hasta ahora”, aclara. Estos 18 meses le han permitido a Corina darle la mejor atención médica a la abuela y trabajar en el negocio familiar, pero ahora está las puertas de quedarse sin residencia legal y en riesgo de ser deportada.
“Para mí es impensable partir en este momento. Cómo regreso a Venezuela con mi madre en sillas de ruedas, necesitando cuidados permanentes, y expuesta a la represión del régimen. No entiendo bajo qué argumento dejan a medio millón de inmigrantes en la ilegalidad. Esta es otra política cruel, racista, que lo único que busca es la separación de las familias. Estoy esperanzada de que una venidera decisión judicial pueda devolvernos nuestra protección”, dice.
“¿Cómo este señor puede decir que el ‘parole’ es ilegal?”
Matrimonio cubano, mayores de 65 años
“Llevo un fin de semana volviéndome loca”, dice Viviana, que no se llama Viviana, pero teme revelar su identidad, mientras conduce por Miami. Viviana es cubana y lleva cuatro años en Estados Unidos. Entró por la frontera sur junto con su esposo y su niña, con un formulario I-220A, que es una orden de libertad provisional bajo palabra. Enseguida solicitaron asilo político. Viviana pensaba entonces que no necesitaría defender el caso de su familia ante la justicia, que los tres podrían beneficiarse con la Ley de Ajuste Cubano, después de cumplir un año y un día en suelo estadounidense, pero ya han pasado tres años desde que realizaran los trámites para obtener las green cards y no tienen respuesta. Por eso, no han podido salir de Estados Unidos en todo este tiempo y Viviana decidió traer a sus padres de Cuba con el programa de parole humanitario.
Viviana está volviéndose loca por sus padres. El matrimonio, ambos mayores de 65 años, aterrizó en Miami en mayo del año pasado en un vuelo que su hija pagó, con sus documentos en regla. “Lo de mis padres ha sido más cruel que lo mío”, dice. “Lo mío fue un error en la frontera, pero mis padres estaban en La Habana sentados esperando una aprobación que hizo USCIS. ¿Cómo este señor puede decir que eso es ilegal?”
Viviana ha contactado con distintos abogados y todos le han recomendado presentar un caso de asilo político. Además, le han pedido que firme un documento que libera a los abogados de la responsabilidad de sus declaraciones, o las posibles mentiras para acceder al asilo. Y un pago de 2.000 dólares por persona. Viviana asegura que prefiere esconder a sus padres a hacer algo que no está bien: “Yo no voy no voy a estar mintiendo. Mis papás no vinieron como refugiados políticos. Eso es fraude. Yo no puedo darme el lujo de cometer fraude con mis papás”.
Su madre lo único que dice es que no quiere regresar a Cuba porque no va a ver más a su hija. Su padre no dice nada, es hipertenso. “Y mientras yo te digo esto, unos familiares míos tiene en su casa una bandera de Trump”.
“Todos los días pienso en que me pueden deportar”
Cubano, 43 años
En un mes, el cubano Owarys Cruz podría abandonar su trabajo de mesero en el restaurante Maíz y Agave, localizado en el vistoso barrio de Coral Gables, en Miami, donde trabaja desde hace un año de jueves a domingo en el turno de la noche, sirviendo todo tipo de platillos de un amplio menú de comida mexicana. Estos días se hace la pregunta que se deben estar haciendo miles como él: “¿Qué hago cuando venza el permiso de trabajo?” Le ha costado llegar hasta aquí, a un puesto como camarero después de ser ayudante de construcción, o de fregar platos en las cocinas de varios restaurantes de la ciudad. A finales de mayo, hará dos años desde que llegó a Estados Unidos. Aún recuerda cómo lloraba cuando abordó un avión en La Habana que minutos después aterrizó en Florida. Fue el viaje más corto y a la vez más largo en sus 43 años. “Estaba dejando a la familia atrás, a mis hijos, que son mi vida”, dice.
En ese momento Cruz no estaba valorando la opción de irse de Cuba, pero un amigo lo llamó para informarle de que había la posibilidad de un vuelo directo, de una entrada legal y relativamente fácil a Estados Unidos. En enero de 2023, la Administración Biden extendió el programa de parole humanitario a los cubanos. La medida llegó en medio de la mayor crisis económica y política reciente en la isla: su gente estaba emigrando en masa, una estampida sin precedentes.
Cruz le dijo que sí a su amigo, en abril ya había sido aceptado como beneficiario del programa y en mayo estaba emprendiendo su viaje a Miami. Llegó con toda la protección que el parole le garantizaba. Nunca pensó que, casi dos años después, la nueva administración de Trump se lo revocaría. “Todos los días hay una incertidumbre, una amenaza, un tropelaje. ¿Cómo uno no se va a asustar con todo lo que está pasando?”, dice. Cruz está cerca de recibir la green card gracias a la Ley de Ajuste Cubano. Sin embargo, no deja de tener miedo. Desde que llegó de Cuba no ha dejado de pensar en la posibilidad de que lo puedan deportar. “Todos los días pienso en ello”, confiesa.
En la elaboración de este reportaje ha participado Mónica Baro desde Miami.
