El primer paso hacia un mundo en el que las personas que huyen de guerras, persecuciones y pobreza no tengan que arriesgar sus vidas en embarcaciones frágiles y sobrecargadas, enfrentarse a cercas con alambre de púas o caer en manos de traficantes de personas, es la creación de rutas seguras y legales que atiendan tanto las necesidades de protección de los refugiados como las demandas laborales de los países de destino.
Aunque imperfecto, el gobierno de Biden avanzó en esta dirección al implementar vías migratorias seguras y legales. Basándose en programas de reasentamiento de refugiados y en la autoridad ejecutiva de libertad condicional, vigentes desde hace décadas, Biden introdujo innovaciones como la creación de las “oficinas de movilidad segura” en América del Sur y Central, diseñadas para identificar y procesar a refugiados. También adoptó nuevas tecnologías, como la aplicación CBP-One, que permitía programar citas de asilo de manera ordenada en los puertos de entrada de Estados Unidos. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, la expansión de estas vías seguras y regulares contribuyeron a reducir los cruces fronterizos irregulares.
Sin embargo, una serie de órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump, justificadas como una respuesta a una presunta “invasión” en la frontera sur, se han cerrado prácticamente estas rutas regulares, especialmente para quienes huyen de conflictos y abusos. Estas órdenes suspenden indefinidamente el reasentamiento de refugiados en Estados Unidos, eliminan los programas de libertad condicional para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, interrumpen el uso de la aplicación CBP-One y revocan la orden ejecutiva de Biden destinada a “garantizar un procesamiento seguro y ordenado para los solicitantes de asilo en la frontera de Estados Unidos”.
Con un simple trazo de pluma, gran parte de la infraestructura humanitaria desarrollada desde la era de la Guerra de Vietnam ha sido desmantelada. El fin de estos programas representa la ruptura de una colaboración histórica entre el gobierno de Estados Unidos y grupos comunitarios, a menudo vinculados a organizaciones religiosas, que durante décadas han trabajado para acoger a quienes llegaban y enriquecer el país. Estas medidas también reflejan el abandono del liderazgo de Estados Unidos, que ha sido fundamental para fomentar la responsabilidad compartida entre los países más prósperos, donantes y receptores de refugiados, y aquellos que, en la primera línea de las migraciones masivas, han luchado —y siguen luchando— por brindar asilo a quienes huyen de crisis y conflictos en países vecinos.
¿Qué sucede cuando no existen rutas seguras, ordenadas y legales? La respuesta es caos y anarquía, con muros insensibles que dividen y fuerzas brutales a ambos lados, separando a los privilegiados de los marginados. Si estas órdenes se mantienen, el mundo será, sin duda alguna, un lugar más peligroso e inhumano para todas las personas, independientemente del lado en el que nos encontremos dentro de la división trazada por Trump.
