El gobierno de Estados Unidos ha reforzado su estrategia contra la corrupción en América Latina, ampliando la lista de exfuncionarios de la región que tienen prohibido ingresar al país.
Esta medida forma parte de una política establecida por Washington para sancionar a personas involucradas en la manipulación del sistema democrático y en la vulneración de los derechos humanos en sus respectivas naciones.
Las restricciones impuestas no solo afectan a dirigentes de gobiernos considerados autoritarios, como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba, sino también a figuras políticas de países con sistemas democráticos, a quienes Estados Unidos acusa de permitir o encubrir actos de corrupción.
Un caso relevante es el de la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner y su exministro Julio De Vido, quienes han sido señalados por desviar grandes sumas de dinero a través de contratos de obra pública. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas acciones representan un esquema de corrupción a gran escala, lo que motivó la prohibición de su entrada al país.
Uno de los casos más notorios es el del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, señalado por reprimir a la oposición y manipular el sistema judicial para castigar a disidentes.
Entre los sancionados se encuentran Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal en Managua, y Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general, acusadas de promover leyes restrictivas y ejecutar medidas en contra de opositores políticos. Según Washington, estas acciones constituyen graves violaciones a los derechos fundamentales.
En Centroamérica, países como Guatemala, Honduras y El Salvador también han sido blanco de sanciones.
En Guatemala, el juez Fredy Raúl Orellana Letona ha sido señalado por presuntamente aprobar procesos judiciales sin pruebas, mientras que, en El Salvador, José Edgardo Bruno Ventura, exmiembro de la Policía Nacional Civil, ha sido acusado de tener vínculos con organizaciones criminales.
Según el gobierno estadounidense, estos funcionarios han abusado de sus posiciones para beneficio personal, debilitando la institucionalidad democrática de sus países.
Entre los líderes políticos incluidos en la lista de sancionados destacan Nicolás Maduro, presidente de Venezuela; Daniel Ortega, mandatario de Nicaragua; y los expresidentes cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. También figuran Horacio Cartes, exgobernante de Paraguay; Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras; y Ricardo Martinelli, exmandatario de Panamá.
A pesar de la controversia que han generado estas acciones en distintos sectores, el gobierno estadounidense sostiene que estas sanciones son esenciales para combatir la corrupción y preservar los principios democráticos en América Latina.
