México permitió la extradición de 29 narcotraficantes a EU sin garantías contra la pena de muerte, marcando una ruptura con su política histórica
Ciudad de México, 21/03/25 (Más / IA).- La entrega de 29 narcotraficantes mexicanos a Estados Unidos, incluido Rafael Caro Quintero, fue resultado de negociaciones entre los gobiernos de Joe Biden y Claudia Sheinbaum, permitiendo que los acusados enfrenten la posibilidad de la pena de muerte, una medida que México históricamente había evitado en procesos de extradición.
Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985, fue trasladado el mes pasado al tribunal federal de Brooklyn, donde los fiscales del Distrito Este de Nueva York advirtieron que podría recibir la pena capital. Aunque la solicitud formal aún no se ha presentado, este caso marca un cambio en la política de cooperación entre ambos países.
A diferencia del procedimiento habitual de extradición, México aplicó una ley de seguridad nacional que agilizó los traslados sin necesidad de los protocolos diplomáticos tradicionales. Esta medida permitió que al menos cinco de los 29 narcotraficantes entregados el mes pasado puedan enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos, rompiendo con la política histórica de México de proteger a sus ciudadanos de esta condena.
Las negociaciones para implementar este nuevo mecanismo de entrega de capos comenzaron durante la administración de Joe Biden y fueron retomadas con Claudia Sheinbaum tras su toma de posesión en octubre. Según fuentes cercanas al proceso, el acuerdo final fue negociado por el gobierno de Biden, pero formalizado bajo la administración de Donald Trump.
Austin Sarat, profesor del Amherst College y especialista en pena de muerte, señaló que este movimiento representa un giro en la estrategia de cooperación en seguridad. “Es un cortocircuito de un importante procedimiento legal. Lo que Trump está haciendo es reiniciar la conversación en torno a la pena capital”, afirmó.
Caro Quintero era una captura clave para la justicia estadounidense. Condenado en México por el asesinato de Camarena, fue liberado en 2013 debido a un vacío legal y recapturado en 2022. Su abogado, Michael Vitaliano, aseguró que su equipo está preparado para enfrentar cualquier intento de solicitar la pena de muerte. “Estamos plenamente preparados para hacer frente a ese desafío procesal y sustantivamente”, afirmó.
Desde la década de 1970, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos estipula que los ciudadanos mexicanos extraditados no pueden ser ejecutados. Sin embargo, la decisión de Sheinbaum representa una ruptura con esta tradición y un giro en la estrategia de seguridad del país.
A diferencia de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, cuya política de “abrazos, no balazos” buscaba evitar el conflicto directo con los cárteles, Sheinbaum ha adoptado un enfoque más agresivo. Su administración ha enviado más de 10 mil soldados a la frontera con Estados Unidos y a Sinaloa, donde asegura haber realizado más de 900 detenciones desde octubre.
Emily Edmonds-Poli, profesora de la Universidad de San Diego, destacó que este cambio conlleva un riesgo político, pero que la popularidad de Sheinbaum le ha permitido actuar con mayor firmeza. “Es un momento decisivo. Abre una puerta que antes estaba firmemente cerrada”, indicó.
Si los fiscales estadounidenses deciden solicitar la pena de muerte para alguno de los narcotraficantes entregados, deberán superar varias revisiones dentro del Departamento de Justicia.
Donald Trump ha expresado su apoyo a la pena de muerte y recientemente firmó una orden ejecutiva que la solicita en casos de “asesinato de un agente del orden” y “delitos capitales cometidos por extranjeros ilegales en el país”.
El nuevo esquema de entrega de narcotraficantes sin garantías contra la pena de muerte abre un debate sobre el futuro de la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos, así como las implicaciones políticas y legales de esta decisión.
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