El secretario de Homeland Security, Alejandro Mayorkas, está terminando su mandato con un panorama mixto. Las detenciones por cruces ilegales han disminuido durante seis meses consecutivos, alcanzando niveles por debajo del promedio de 2019.
Pero, aunque las cifras sugieren cierta estabilidad en la frontera, su legado está marcado por críticas constantes de ambos lados del espectro político y por la sombra de un posible desmantelamiento del DHS.
Números, narrativa y el peso político. La gestión de Mayorkas lo llevó a ser recurrentemente del cielo al infierno.
Los republicanos lo llevaron al borde del impeachment, acusándolo de no hacer cumplir las leyes migratorias, mientras los activistas proinmigración lo criticaron por endurecer las restricciones al asilo.
Mayorkas defiende su enfoque “multifacético”, destacando la creación de oficinas de movilidad segura y acuerdos internacionales para gestionar los flujos migratorios. Sin embargo, su frustración es evidente al señalar que el Congreso nunca avanzó en una reforma migratoria integral.
El futuro del DHS: desmantelar o modernizar. Con 260,000 empleados y 22 agencias bajo su control, el DHS enfrenta llamados a ser desmantelado o, al menos, profundamente reformado.
La próxima administración, encabezada por la gobernadora Kristi Noem bajo el mandato de Trump, heredará no solo los desafíos fronterizos, sino también la misión de modernizar una de las agencias más criticadas del país.
Para Mayorkas, la complejidad de las amenazas actuales –desde el extremismo doméstico hasta los ciberataques– es razón suficiente para mantener al DHS como una estructura unificada. Pero, como todo en Washington, el debate está lejos de terminar.
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