… 
El debate migratorio en Arizona ha escalado a un nuevo nivel. La semana ha estado cargada de tensión política, con negociaciones intensas tras bastidores y una presión mediática sin precedentes; el foco está en una propuesta que redefine la relación entre las autoridades locales y la aplicación de leyes federales de inmigración
En el centro de la controversia se encuentra la SB 1164, aprobada el jueves pasado por el Senado de Arizona. Esta iniciativa, lejos de ser un simple ajuste legal, implica un cambio significativo en la dinámica del control migratorio dentro del estado. La propuesta obligaría a las agencias de seguridad locales, estatales y municipales a colaborar activamente con el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en la aplicación de leyes federales de inmigración.
Pero, ¿qué implica concretamente esta colaboración? La SB 1164 detalla una serie de obligaciones:
- Colaboración forzosa: Las agencias locales deberán firmar acuerdos con el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y “cualquier otra agencia federal con el propósito de reforzar las leyes de inmigración“, según el texto de la ley.
- Supervisión y Transparencia: La Fiscal General tendrá la potestad de investigar a cualquier entidad local que incumpla las nuevas normativas, a solicitud de un miembro de la legislatura.
- Notificaciones obligatorias: Las agencias deberán notificar al juez sobre el estatus migratorio de los detenidos, registrarlo en los archivos y informar a la persona detenida que su arresto está relacionado con inmigración a petición de ICE.
- Alojamiento temporal: Los directores de los centros correccionales estarían obligados a proveer alojamiento temporal a los migrantes detenidos por ICE, según los acuerdos y costos estipulados.
Tras su aprobación en el Senado, la SB 1164 se dirige ahora a la Cámara de Representantes. Su futuro inmediato dependerá de la decisión de esta cámara. Una posible negativa significaría el fin de la propuesta; su aprobación, en cambio, la enviaría a la gobernadora Katie Hobbs para su firma o veto. La incertidumbre reina mientras Arizona espera el desenlace de este proceso legislativo con implicaciones de largo alcance.
La aprobación en el Senado ha generado fuertes reacciones a lo largo y ancho del estado, desatando un intenso debate público sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos de los inmigrantes. Los detalles de la implementación, aún por definir, serán cruciales para determinar el impacto real de esta ley.
