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Tras una pausa de 15 años en las ejecuciones, Indiana se prepara para ejecutar a un hombre que mató a cuatro

Autor: TELEMUNDO.com

Por Rick Callahan — The Associated Press

Las autoridades de Indiana se preparan para ejecutar al primer recluso condenado a muerte en el estado en 15 años. El hombre fue condenado hace un cuarto de siglo por matar a su hermano y a otros tres hombres.

Joseph Corcoran, de 49 años, ha estado en el corredor de la muerte de Indiana desde 1999. Si es ejecutado como está previsto que ocurra el miércoles, será la primera ejecución de las autoridades estatales desde 2009. En ese tiempo, se llevaron a cabo 13 ejecuciones en Indiana, pero fueron iniciadas y realizadas por funcionarios federales en una prisión federal en 2020 y 2021.

Está previsto que Corcoran sea ejecutado antes del amanecer del miércoles en la prisión estatal de Indiana en Michigan City, a unas 45 millas (72 kilómetros) al este de Chicago.

La reanudación de las ejecuciones en Indiana puso el centro de atención en el caso de Corcoran y en cómo el estado ha podido obtener un fármaco para inyecciones letales.

¿De qué fue condenado Corcoran?

Corcoran tenía 22 años el 26 de julio de 1997, cuando mató a tiros a su hermano, James Corcoran, de 30 años, y a otros tres hombres: Douglas A. Stillwell, de 30 años, Timothy G. Bricker, de la misma edad, y Robert Scott Turner, de 32.

Imagen de Joseph Corcoran, difundida por el Departamento de Correccionales de Indiana
Imagen de Joseph Corcoran, difundida por el Departamento de Correccionales de IndianaAP

Según los registros judiciales, Joseph Corcoran estaba bajo estrés porque el eventual matrimonio de su hermana con Turner lo obligaría a mudarse de la casa de Fort Wayne, Indiana, que había compartido con su hermano y su hermana.

Un día despertó y escuchó a su hermano y a otras personas hablando de él, cargó su rifle y luego disparó a los cuatro hombres, según muestran los registros.

Mientras estaba en prisión, Corcoran supuestamente presumió de haber disparado a sus padres en 1992 en el condado de Steuben, en el norte de Indiana. Fue acusado de sus asesinatos, pero fue absuelto.

Su hermana se opone a la ejecución

La hermana de Corcoran, Kelly Ernst, que perdió a un hermano y a su prometido en el tiroteo de 1997, se negó a comentar si cree que su hermano menor mató a sus padres.

Pero Ernst, que vive en el noreste de Indiana, dijo que cree que la pena de muerte debería ser abolida y que la ejecución de su hermano no resolverá ni cambiará nada. Ella no planea asistir a su ejecución.

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Ernst dijo que no tuvo contacto con su hermano durante 10 años, algo que cambió hace poco. Cree que es “bastante obvio” que él tiene una enfermedad mental grave.

“Siento que no existe tal cosa como un cierre”, dijo el viernes Ernst, de 56 años. “Simplemente no sé qué más decir. No he dormido en semanas”.

¿Por qué Indiana detuvo las ejecuciones?

La última ejecución estatal en Indiana fue la de Matthew Wrinkles en 2009, por matar a su esposa, su hermano y su cuñada en 1994.

Los funcionarios estatales dijeron que no podían continuar con las ejecuciones porque una combinación de medicamentos utilizados en inyecciones letales ya no estaba disponible. Ha habido una escasez a nivel nacional durante años porque las compañías farmacéuticas, particularmente en Europa, donde la oposición a la pena capital es más fuerte, se han negado a vender sus productos para ese propósito.

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Eso ha llevado a los estados a recurrir a farmacias de compuestos, que fabrican medicamentos específicamente para un cliente. Algunos estados han optado por medicamentos más accesibles, como los sedantes pentobarbital o midazolam, que, según los críticos, pueden causar un dolor insoportable.

Indiana está siguiendo ese ejemplo y planea usar pentobarbital para ejecutar a Corcoran.

El Gobierno federal también usó pentobarbital en las 13 ejecuciones federales realizadas durante los últimos seis meses del primer mandato de Donald Trump.

Se desconoce donde obtuvieron la droga

Muchos estados, incluido Indiana, se niegan a divulgar de dónde obtienen las drogas. Cuando se le preguntó cómo obtuvo el estado el pentobarbital que planea usar en la ejecución de Corcoran, el Departamento de Correcciones de Indiana refirió a The Associated Press a una ley estatal que establece la confidencialidad de las fuentes de las drogas para la inyección letal.

En junio, el gobernador Eric Holcomb anunció que el estado había adquirido pentobarbital y pidió a la Corte Suprema de Indiana que fijara una fecha para la ejecución de Corcoran. En septiembre, el alto tribunal fijó su ejecución para el 18 de diciembre.

El plan de ejecución del estado

La ley estatal establece el momento y el procecimiento específicos. También define las personas que tienen un papel en una ejecución y protege sus identidades, y especifica quién puede presenciar ejecuciones en la prisión estatal de Indiana.

En el momento de una ejecución, el código de Indiana establece que las únicas personas que pueden estar presentes son el director de la prisión, las personas seleccionadas para ayudar en la ejecución, el médico de la prisión, un médico adicional, el consejero espiritual de la persona condenada y el capellán de la prisión.

Se permite que hasta cinco amigos o familiares de la persona que está siendo ejecutada y hasta ocho familiares de las víctimas del crimen vean el proceso.

El Departamento de Correcciones de Indiana no respondió a múltiples consultas de la AP sobre si alguno de los miembros del personal que realizarán la ejecución de Corcoran había participado anteriormente en una ejecución estatal.

La prensa no puede presenciar ejecuciones en Indiana

Indiana es uno de los dos únicos estados, junto con Wyoming, que no permiten que los miembros de los medios de comunicación presencien ejecuciones estatales, según un informe reciente del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Ese informe afirma que “el acceso sin obstáculos de los medios de comunicación a las ejecuciones es fundamental porque los medios de comunicación observan lo que el público no puede observar. Los estados generalmente prohíben a los ciudadanos asistir a las ejecuciones, por lo que los medios de comunicación se convierten en el guardián del público, proporcionando información importante sobre cómo el Gobierno está cumpliendo la ley y utilizando los fondos de los contribuyentes”.

¿Puede alguien detener la ejecución?

Corcoran había agotado sus apelaciones federales en 2016.

Sus abogados pidieron a la Corte Suprema de Indiana que detuviera su ejecución, pero se les denegó el 5 de diciembre. El tribunal superior también rechazó las peticiones para discutir si es el hombre competente para ser ejecutado.

En una declaración jurada escrita a mano ante los jueces, Corcoran dijo que ya no quería litigar su caso.

“Soy culpable del delito por el que fui condenado y acepto las conclusiones de todos los tribunales de apelación”, escribió.

El miércoles, sus abogados presentaron una petición en el Tribunal de Distrito del Norte de Indiana pidiendo que detuviera su ejecución y convocara a una audiencia para decidir si esta sería inconstitucional porque Corcoran tiene una enfermedad mental grave.

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Argumentaron que tiene “esquizofrenia paranoide grave y de larga data” y que su condición “se manifiesta como alucinaciones auditivas y delirios de que los guardias de la prisión lo están torturando con una máquina de ultrasonido”.

“De hecho, se ha ofrecido voluntariamente a ser ejecutado y está ansioso por ser ejecutado, porque cree que su ejecución le dará alivio del dolor percibido que sus delirios y alucinaciones le infligen”, afirma la petición.

Pero el viernes, el tribunal federal de distrito se negó a intervenir, lo que llevó a los abogados defensores a apelar ante el Tribunal de Apelaciones para el Séptimo Circuito.

También existe la posibilidad de que el gobernador saliente Eric Holcomb, quien ha dicho que dejaría que el proceso legal “se desarrolle”, pueda intervenir.

Indiana Disability Rights, una organización de derechos de las personas con discapacidad, pidió a Holcomb en una carta del 6 de diciembre que conmutara la pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional.

“Ejecutar a personas que no pueden comprender plenamente sus circunstancias o las consecuencias de sus acciones viola los principios fundamentales de la dignidad humana y la equidad”, decía la carta.

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