Durante semanas, Ecuador no exigió otra cosa que la aparición con vida de los cuatro niños que el 8 de diciembre fueron detenidos por una patrulla militar. Desde ese momento desaparecieron sin dejar rastro. Este 31 de diciembre, cuando el país ya se preparaba para despedir el año, la esperanza se desmoronó. A unas horas de la medianoche, se confirmó la trágica noticia: los restos incinerados hallados en una zona pantanosa de Taura pertenecen a Steven Medina (11 años), Nehemías Arboleda (15), y los hermanos Ismael (15) y Josué Arroyo (14). La indignación y la rabia, que habían sido la tónica durante este tiempo, se exacerbó con la confirmación oficial de que los niños fueron asesinados y sus cuerpos, quemados.
El dolor se materializó en un grito desgarrador que silenció de golpe la protesta social que se llevaba a cabo esa mañana frente al edificio judicial, al sur de Guayaquil. La Fiscalía había dado la noticia a los familiares: los análisis periciales no dejaban duda. No estaban vivos. La desaparición, que durante 23 días alimentó la exigencia de justicia, se transformaba en una pesadilla irreversible para sus familiares. La Asamblea ecuatoriana ha declarado tres días de luto y ha exhortado al Gobierno de Daniel Noboa a ejercer todo el peso de la ley por el crimen de los menores.
Pocos minutos antes de esta fatídica revelación, un centenar de personas había irrumpido en las afueras del complejo judicial, reclamando a gritos: “¡Los entreguen vivos!” Habían llegado temprano para vigilar la audiencia de formulación de cargos contra los 16 miembros de la Fuerza Aérea de Ecuador involucrados en la desaparición forzada de los menores. En la sala de audiencias, el juez Deniss Ugalde aceptó la solicitud de la Fiscalía y procesó a los militares por desaparición forzada, un delito que, según la ley ecuatoriana, puede conllevar penas de hasta 26 años de prisión. El magistrado dictó prisión preventiva durante 90 días, tiempo en el que se investigará el caso.
El 24 de diciembre, la policía ecuatoriana siguió una pista en la remota localidad de Taura, un pueblo situado a 46 kilómetros de Guayaquil, marcado por la pobreza y la desatención estatal. En este rincón olvidado, el crimen organizado opera con total impunidad a sombras de una base militar. En la conocida zona del kilómetro 26, los agentes de investigación llegaron para intentar dar con el paradero de los cuatro niños desaparecidos, que la última vez que fueron vistos estaban sometidos y eran golpeados en el balde de una camioneta llena de militares. Todo quedó grabado por cámaras de videovigilancia, que fueron la evidencia para que las autoridades del Gobierno de Daniel Noboa, reconozcan la participación de los soldados, tras varios días de negación.
Según la versión de los soldados, ellos llevaron a los niños hasta el pueblo de Taura y los soltaron con vida, sin dar cuenta a las autoridades competentes ni seguir los procedimientos legales establecidos, como la entrega a la policía especializada en menores. Sin embargo, un testigo clave dio otros detalles: un hombre al que han denominado como “el samaritano” fue el único dispuesto a abrir la puerta a los menores. Golpeados, desnudos y aterrados, los niños llegaron hasta él. El hombre les prestó su teléfono móvil para que uno de ellos pudiera llamar a su padre. Eran las 22:59 del 8 de diciembre cuando los chicos tocaron la puerta de su casa.
El “samaritano” les dio agua y unos boxers para que pudieran vestirse. En su testimonio anticipado ante la Fiscalía, detalló que, a pesar de su ayuda, les pidió que no entraran a su casa. Les sugirió que se escondieran mientras esperaban ser rescatados por sus padres. Sin embargo, antes de que una patrulla policial pudiera llegar, la tragedia dio un giro aún más oscuro. Unos minutos después de que uno de los adolescentes llamó a su padre, un par de hombres encapuchados llegaron en motocicleta y se llevaron a los menores. Esa fue la última vez que se les vio, y la dirección en que fueron llevados parecía clara, hacia un río. Allí encontraron la muerte.
