Con más de 10 años de historia de tramitación ambiental, el proyecto Dominga, que compromete una inversión de US$ 2.300 millones, revirtió este lunes una decisión que parecía ser definitiva y consiguió reponer la validez de sus permisos ambientales.
El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, en un dictamen de más de 200 páginas, acogió la reclamación presentada por Andes Iron SpA en contra de la resolución adoptada en enero de 2023 por el Comité de Ministros, la que fue notificada formalmente el 29 de junio de ese año, y que calificó desfavorablemente el proyecto Dominga, ubicado en la comuna de La Higuera en la Región de Coquimbo.
El proyecto minero Dominga, perteneciente a la empresa Andes Iron (controlada por la familia Délano), busca instalarse en la comuna de La Higuera y contempla la construcción de dos minas para la extracción de concentrados de hierro y cobre, y un megapuerto para exportar su producción.
La historia de este proyecto está marcada por polémicas e intervenciones políticas: presentada al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en septiembre de 2013, y fue rechazada por el Comité de Ministros en agosto de 2017, en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, lo que terminó con las renuncias los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés, y de Economía, Luis Felipe Céspedes. Posteriormente, la Fiscalía abrió una investigación por la venta de su participación en este proyecto por parte de la familia Piñera a los Délano, una causa en la que posteriormente fue sobreseído el Presidente Piñera.
El caso volvió otra vez a la esfera presidencial hace tres años. En diciembre de 2021, tras ganar las elecciones presidenciales, el actual presidente Gabriel Boric, en su primer discurso, aludió al proyecto con una significativa frase: “No a Dominga”, dijo. Actuando en consecuencia, el comité de ministros del actual gobierno volvió a pronunciarse contra el proyecto en enero de 2023 y acogió las reclamaciones de los opositores al proyecto.
El fallo del tribunal ambiental determinó este 9 de diciembre de 2024 que “la resolución reclamada es ilegal debido a que el Comité de Ministros omitió lo establecido y no cumplió debidamente con la sentencia dictada en causa Rol R N° 1-2017, la cual ya se encontraba firme y ejecutoriada”.
El tribunal identificó varias infracciones por parte del Comité de Ministros. En primer lugar, señaló un claro incumplimiento de la sentencia dictada en 2021 por el mismo tribunal, que había sido confirmada por la Corte Suprema, estableciendo que esta debía respetarse como cosa juzgada. Además, advirtió que el comité transgredió principios fundamentales como la imparcialidad y la confianza legítima. Esto se evidenció en que “ministros que habían manifestado previamente su parecer posteriormente no se inhabilitaron”, afectando la legitimidad de sus decisiones.
Asimismo, el tribunal destacó que la resolución impugnada presentaba “pronunciamientos contradictorios e incoherentes, dictados en infracción con el deber de motivación y el principio de protección de la confianza legítima”. También criticó al comité por haber resuelto fuera del “plazo fatal establecido en el artículo 20 de la Ley N° 19.300″, lo que constituye un vicio de legalidad que perjudicó directamente al reclamante.
El fallo concluye que los vicios en la resolución impugnada “causan un perjuicio a la reclamante, ya que a través de la dictación del acto reclamado se ha decidido dejar sin efecto la RCA N° 161/2021″, lo que calificó al proyecto Dominga como ambientalmente desfavorable, haciéndolo inviable. De esta forma, el tribunal reafirma que las sentencias judiciales son vinculantes para la administración, subrayando que “el control judicial no consiste solamente en invalidar o sustituir una decisión administrativa, sino que impone el respeto a valores jurídicos sustantivos”.
El dictamen recordó que el Presidente Boric se manifestó públicamente en contra de la iniciativa, lo mismo que hicieron la ex ministra de Minería, Marcela Hernando, y de Medio Ambiente, María Heloísa Rojas.
“Se concluye que el principio de imparcialidad ha sido infringido de manera sustantiva, debido a que las autoridades indicadas se manifestaron previamente sobre la materia, como consta en el Informe de la Comisión Investigadora y en la nota de prensa de 11 de agosto de 2021, sin abstenerse al momento de resolver los recursos administrativos interpuestos en contra de la RCA N° 161/2021 que calificó el proyecto Dominga de manera favorable. Tal situación vulneró lo prescrito las normas referidas en el considerando anterior, de manera que corresponde acoger esta alegación”, consignó el laudo.
El fallo otorga un plazo de 15 días para que vuelva a sesionar el Comité de Ministros con representantes que “no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa”. Además, la resolución del máximo órgano administrativo del SEIA debe “dictarse conforme con los pronunciamientos de los OAECA que sean coherentes con lo establecido en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en cumplimiento con el deber de fundamentación y con el principio de protección de la confianza legítima”.
Andes Iron contó con la asesoría legal del abogado Patricio Leyton, socio de FerradaNehme.
El fallo unánime fue adoptado con los votos de la ministra Sandra Álvarez Torres y los ministros Alamiro Alfaro Zepeda y Cristián López Montecinos.
Frente al fallo, Andes Iron reaccionó así: “Estamos muy conformes con el categórico y unánime fallo emitido por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, el cual anuló lo resuelto por el Comité de Ministros y restablece nuestra Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La resolución confirma que el proyecto Dominga cumple con la normativa vigente, además de haber cumplido con todas las exigencias para su correcta evaluación ambiental”.
Mientras, desde el Ministerio del Medio Ambiente, encabezado por la ministra Maisa Rojas, quien presidió la cuestionada sesión del Comité de Ministros, señalaron que están estudiando los alcances del fallo para evaluar los pasos a seguir.
La directora ejecutiva de Oceana en Chile, Liesbeth van der Meer, afirmó que “el tribunal cuestiona la probidad de los ministros y ministras que rechazaron el proyecto, una afirmación osada y que está fuera de sus atribuciones”. “Si entramos en el terreno de la probidad, hubiera sido bueno que el tribunal se pronunciara entonces sobre los múltiples casos en los que el proyecto Dominga se ha visto envuelto precisamente por conflictos de interés y corrupción”, añadió.
Greenpeace Chile, por su parte, sostuvo: “Esta sentencia nos resulta preocupante, ya que el eventual avance de este proyecto representa un grave riesgo para las especies que habitan en el sector de La Higuera, un área de reconocimiento mundial por albergar fauna marina en peligro, como la ballena azul y diversas aves costeras. Además, en esta zona se encuentra la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, uno de los santuarios más importantes del norte de Chile”.
El millonario proyecto de hierro enfrentó desde un inicio la oposición de la actual administración de gobierno.
El 19 de diciembre de 2021 tras su triunfo en las urnas, el Presidente Gabriel Boric marcó un punto de inflexión para el polémico proyecto. “El cambio climático, la crisis climática, no es una invención. Está acá, genera efectos directos sobre nuestras vidas y también sobre las futuras generaciones (…) No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile, que compran y destruyan a las comunidades. Y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: no a Dominga”.
A través de un comunicado, el 18 de enero de 2023, el Ministerio de Medio Ambiente explicó los fundamentos del rechazo unánime al proyecto por parte del comité de Ministros.
Las reclamaciones presentadas estaban enfocadas principalmente en el estado de afectación e insuficiencia del área de influencia por cada especie. De hecho, la revisión del Comité de Ministros relevó las conclusiones técnicas de un análisis de fauna considerando su estado de conservación.
“La consecuencia de ello es que el proyecto realiza una insuficiente predicción de impactos, lo que es necesario para establecer medidas de mitigación, compensación y reparación y planes de seguimiento idóneos”, señaló el comunicado de prensa del Comité de Ministros.
El escrito agregaba que no se había considerado adecuadamente el impacto sobre las áreas protegidas -Reserva Nacional Pingüino de Humboldt (Región Atacama y Coquimbo) y Reserva Marina Islas Choros y Damas (Región de Coquimbo)- ni sobre las especies que habitan dichas zonas.
La iniciativa minera se ha visto envuelta en una serie de polémicas. Ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el 13 de septiembre de 2013 y fue rechazada por el Comité en agosto de 2017, durante el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet.
Dicha decisión provocó un quiebre al interior del gobierno, gatillando las renuncias de los entonces ministros de Hacienda, Rodrgo Valdés, y de Economía, Luis Felipe Céspedes, además del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.
Tras un dura pugna judicial, en abril de 2021 el Primer Tribunal Ambiental acogió de forma unánime la reclamación en favor del proyecto, luego que los jueces de la instancia jurisdiccional especializada no compartieran el razonamiento de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Coquimbo que rechazó el proyecto, así como el del Comité de Ministros, apuntando a que el revés de la iniciativa contradecía el Informe Consolidado de Evaluación (ICE).
Luego de reactivarse, los opositores a Dominga elevaron una solicitud a la Corte Suprema para evitar que el proyecto minero regresara al Comité de Ministros. Sin embargo, en mayo de 2022, la máxima instancia judicial rechazó los recursos presentados en contra de la determinación del Primer Tribunal Ambiental, apuntando a que no podía pronunciarse al no existir una resolución de la autoridad administrativa.
Entremedio, el proyecto minero acaparaba también las críticas políticas y apuntaban directamente al entonces presidente de la República. La publicación del capítulo chileno de los denominados Pandora Papers había revelado que las familias de Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano controlaban más del 56% de la propiedad de la iniciativa original, y que el exmandatario había vendido en diciembre de 2010 su participación en el proyecto a su amigo, en una operación realizada en las Islas Vírgenes Británicas. El antecedente llevó incluso a que el entonces fiscal nacional, Jorge Abbott instruyera a la Unidad Anticorrupción analizar los antecedentes de la compraventa, que involucraba montos por US$152 millones.
La investigación penal apuntaba a una cláusula en que se condicionaba el pago de una tercera cuota de la compraventa a que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y de su respectivo puerto, es decir, que ese territorio no se declarara zona de exclusión.
En mayo de este año, tras la muerte del ex Presidente Piñera, la causa fue sobreseída por el tribunal bajo el argumento de que las actuaciones investigadas no eran constitutivas de delito.
