Los planes de deportaciones masivas anunciados por Donald Trump y respaldados por su compañero de fórmula y futuro vicepresidente, J. D. Vance, generaron un clima de alarma entre los inmigrantes en Florida, particularmente entre los trabajadores agrícolas. Este sector, que depende en gran medida de la mano de obra indocumentada, enfrenta un panorama incierto que podría afectar tanto a estas personas como a la economía local.
El trabajo en los campos de cultivo, caracterizado por su alta demanda física y condiciones adversas, depende en su mayoría de inmigrantes hispanos. Activistas y trabajadores advirtieron que, si las deportaciones se materializan, podría haber una disminución significativa de la fuerza laboral.
Una trabajadora agrícola que vive hace 18 años en Estados Unidos sin estatus legal, bajo el seudónimo María Estrada, expresó ante UDG TV su temor frente a la posibilidad de ser deportada. “No todos somos criminales, no todos hemos venido como él (Trump) nos lo ha dicho, no hemos venido a pedirle nada a él”, lamentó la mujer, que tiene tres hijos.
La expulsión masiva de extranjeros afectaría directamente la producción de alimentos, tal como explicó Virginia Resendis, coordinadora de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida: “Si se pone el presidente en ese plan, de que va a sacar a toda la gente indocumentada, pues no va a tener sus frutas y verduras en su mesa”.
En específico, la organización estima que hay unos 300.000 trabajadores agrícolas que viven ilegalmente en Florida, según indicó el centro de investigaciones Casa Ambrook.
Sin embargo, los agricultores también enfrentan un dilema, ya que las políticas restrictivas podrían disuadirlos de contratar trabajadores indocumentados por miedo a sanciones legales. Según Resendis, esta situación deja a los inmigrantes en una posición vulnerable, sin opciones claras de empleo.
Por otro lado, Jeannie Economos, quien coordina el proyecto de salud ambiental y seguridad en agrotóxicos de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, destacó en diálogo con Truthout las amenazas adicionales que enfrentan los trabajadores rurales con el retorno de Trump al poder.
Además de las deportaciones, mencionó retrocesos en regulaciones destinadas a proteger a los empleados de condiciones extremas, como el calor y la exposición a químicos tóxicos. “En el gobierno anterior de Trump, no recibimos casi ninguna denuncia porque los trabajadores tenían mucho miedo por su estatus migratorio”, señaló Economos.
En este contexto, las comunidades de trabajadores rurales comenzaron a organizarse para enfrentar un posible escenario con deportaciones. Frente a la inminente asunción de Trump, que asumirá el cargo el próximo 20 de enero, forman redes de respuesta rápida y colaboran con organizaciones de asistencia jurídica y legisladores estatales y federales.
El programa H2A del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), que permite la contratación temporal de extranjeros para labores agrícolas, también genera preocupaciones. En esta línea, Economos lo describió como explotador y plagado de vulnerabilidades.
Según señaló la representante de la organización, bajo este régimen, los trabajadores dependen completamente de sus empleadores, carecen de redes de apoyo en Estados Unidos y desconocen sus derechos, lo que los expone a situaciones de abuso e incluso de trata de personas.
