El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Creado por las Naciones Unidas para sensibilizar sobre problemas que abarcan desde la contaminación del aire hasta el calentamiento global, esta celebración se ha convertido ya en una de las mayores plataformas de promoción de las grandes causas ambientales.
Aunque el activismo global sobre la crisis climática ha cobrado impulso, un hecho relativamente ignorado todavía es que las personas que luchan por estas causas en primera línea —los defensores y defensoras de los derechos ambientales, o ambientalistas— corren grandes peligros para proteger sus hogares y sus comunidades.
¿Quiénes son los defensores y las defensoras de los derechos ambientales?
Los defensores y defensoras de los derechos ambientales son personas que alzan la voz para proteger los derechos relacionados con el medio ambiente, la tierra y el territorio. Suelen ser dirigentes o salvaguardas de comunidades, cuyos derechos y bienestar intentan defender, especialmente protegiendo los hogares, el aire, el agua, la tierra, el territorio y los bosques de la destrucción o la contaminación. En muchos casos pertenecen a pueblos indígenas. Aunque suele ser en contextos locales donde se cuentan sus casos y se habla de cómo luchan para proteger a sus familias y a sus seres queridos, su trabajo nos incumbe a todas las personas, porque reviste una importancia global enorme. Consideremos, por ejemplo, el caso de la selva amazónica, los pulmones de la Tierra, que los pueblos indígenas llevan siglos protegiendo, combatiendo en primera línea para evitar la deforestación.
Imagen de la selva amazónica. © Félix Narváex para Amnistía Internacional
Sin embargo, ser defensor o defensora de los derechos ambientales tiene consecuencias mortales, hasta el punto de figurar entra las formas más letales activismo. Según el informe anual de la ONG Global Witness, en 2022, último año del que se tienen datos, 177 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas. Casi nueve de cada diez homicidios registrados en 2022 se produjeron en América Latina, y más de un tercio de todas las agresiones con consecuencias mortales tuvieron lugar en Colombia.
Hoy ponemos de relieve cuatro increíbles casos que nos recuerdan por qué debemos salir en defensa de quienes defienden la Tierra.
Jani Silva, defensora colombiana. © AI
Jani Silva, defendiendo la Amazonía
Jani nació en el corazón de la selva Amazónica. Ella es una campesina valiente que ha dedicado su vida a defender nuestro oxigeno y nuestra agua. En 2008, Jani cofundó la Asociación para el Desarrollo Integral y Sostenible de la Perla Amazónica, ADISPA, que defiende los derechos de más de 1.200 personas campesinas que habitan en la “zona de reserva campesina Perla Amazónica”, en el Putumayo, una región al sur de Colombia, de diversidad única.
“Defendemos los ecosistemas que permiten la existencia de la vida”
Jani Silva, defensora amazónica del medioambiente
Jani lucha en contra de la contaminación ambiental creada por la empresa petrolera Amerisur, y a favor de la implementación del acuerdo de paz, para que los grupos armados dejen de controlar su territorio y atemorizar a las personas que viven en él. Por su trabajo Jani ha tenido un arma apuntándole a su cabeza a punto de ser disparada, ha sido desplazada de su territorio y se conocen planes para asesinarla. Para que Jani y los miembros de ADISPA puedan seguir defendiendo nuestro medio ambiente es urgente que se desmantelen los grupos armados en Colombia. Esto solo es posible creando la “comisión de verificación de garantías para personas defensoras”.
Yuly Velásquez, defensora de los derechos medioambientales. © Óscar Castaño/Amnesty International
Yuly Velásquez, protegiendo los humedales de Colombia
Yuly Velásquez es presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander, formada por unas 500 familias en la región del Magdalena Medio, Colombia. Desde 2019, este colectivo, que incluye siete asociaciones, se organiza para proteger el medio ambiente frente a la contaminación provocada por empresas como Ecopetrol, acusada de delitos ambientales y violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica en el país. Ecopetrol ha sido sancionada por un derrame de crudo en 2018 que afectó gravemente los humedales locales.
Los humedales de Colombia, que incluyen las ciénagas, son de extrema importancia para el país, ya que abarcan cerca del 26% del territorio. Sin embargo, estas fuentes de agua y las especies que las habitan están amenazadas por la ganadería y la agricultura intensivas, la deforestación, la urbanización, la minería y el desarrollo de infraestructura.
Yuly Velásquez y otros miembros han sufrido ataques y amenazas debido a su labor. En julio de 2022, dos atacantes no identificados dispararon contra Yuly. Ella salió ilesa, pero hirieron al guardaespaldas que la Unidad Nacional de Protección le había asignado. Ambos han tenido que abandonar la ciénaga. También integrantes de la organización que los acompaña jurídicamente, la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), que lleva más de treinta años trabajando en la región, han recibido ataques similares.
Yuly ha sido galardonada recientemente con el Premio de Derechos Humanos 2024 de Amnistía Internacional Alemania en una ceremonia celebrada en Berlín. Al recoger el galardón, Yuly declaró: “Este premio ayudará a dar a conocer nuestro trabajo y contribuirá a que las autoridades colombianas aborden las violaciones de los derechos humanos. Queremos dedicar este premio a las personas pescadoras que fueron asesinadas y arrojadas al río mientras los culpables quedaban impunes. Lo dedicamos a las personas enviudadas y huérfanas, a los y las guardianes de los ríos, los humedales y los canales. Este premio nos da esperanza”.
Manifestación contra la minería del litio en Argentina. © 2023 SOPA Images
La minería del litio en territorio indígena argentino
Los pueblos Kolla y Atacama han habitado y cuidado la cuenca de Salinas Grandes y la laguna Guayatayoc en el noroeste de Argentina durante generaciones. Su relación con el territorio es profunda y espiritual, siendo esencial para su sustento, historia, cultura e identidad.
Salinas Grandes, una región semidesértica con un gran salar, y la laguna Guayatayoc están en el centro de la discusión sobre el medio ambiente y los derechos indígenas debido a su ubicación en el “triángulo de litio” que alberga más de la mitad de las reservas mundiales de este mineral estratégico para las baterías recargables y almacenamiento de energía.
Desde 2010, las 33 comunidades se organizaron en la Mesa de Comunidades Originarias para denunciar el impacto negativo de la minería de litio en su subsistencia y derechos humanos. La extracción de litio, que requiere un alto consumo de agua en una región con déficit hídrico, amenaza actividades tradicionales como la producción de sal, agricultura y ganadería. Las comunidades no han ejercido su derecho a un consentimiento libre, previo e informado, y las concesiones mineras se basan en estudios de impacto ambiental de las propias empresas interesadas.
Las autoridades locales han realizado decenas de detenciones, incluida la del defensor Alberto Nallar y Amnistía Internacional ha denunciado las detenciones arbitrarias, el uso ilegal de la fuerza y otras prácticas llevadas a cabo por la policía provincial de Jujuy.
Desde agosto, comunidades de Jujuy están instaladas pacíficamente frente a la Corte Suprema, en Buenos Aires, bajo el lema “Arriba los derechos, abajo la reforma”.
“Están queriendo hacer negocio con el extranjero, con las empresas (…) Nos tenemos que sacrificar para salvar el planeta. En nuestras tierras, viven personas, animales silvestres, animales domésticos… Nuestros antepasados nos defendieron para que estuviéramos bien y ahora hacemos lo mismo para las futuras generaciones. Salinas Grandes está en riesgo; debemos unirnos a la lucha”, declaró Verónica, una mujer de Salinas Grandes.
Las “quebradeiras” que luchan por el acceso a la tierra en Brasil
La Cooperativa Red Mujeres de Marañón (RMM) incluye a 15 comunidades a lo largo del ferrocarril de Carajás y beneficia a 200 mujeres. Su coordinación está a cargo de 12 mujeres y 15 asociaciones, que producen aceite, jabón, dulces y otros productos del coco babaçu. Las “quebradeiras” de coco recolectan y procesan esta fruta, una actividad histórica de mujeres negras y mestizas que se agrupan en el Movimiento Interestatal de Rompedoras de Coco Babaçu (MIQCB) para luchar por el acceso a la tierra.
RMM se creó en 2014 cuando las “bandequeiras” dejaron de vender sus productos en trenes y necesitaban nuevas fuentes de ingresos. Silvana Barbosa, presidenta de RMM, destaca su labor en el estado de Marañón, el más pobre de Brasil, en una región de transición entre la Amazonía y el Cerrado, conocida como Amazonía Legal.
Después del gobierno de Jair Bolsonaro, que promovió la deforestación, el presidente Lula da Silva anunció en 2022 un plan para proteger los biomas, incluyendo la participación de pueblos indígenas y comunidades locales. Sin embargo, la sociedad civil criticó la falta de ambición para lograr la deforestación cero para 2030 y la falta de claridad en los derechos territoriales indígenas. Además, el Senado aprobó un proyecto de ley limitando el derecho a la autodeterminación indígena, agravando la discriminación que enfrentan mujeres negras y afrodescendientes.
Las mujeres de RMM denuncian la falta de protección en su trabajo, infraestructura insuficiente para educación y acceso a agua potable.
A inicios de 2023, la red recibió un premio que se otorga a proyectos que contribuyen a la preservación del planeta. Este ha sido un revulsivo importante para que las mujeres continúen con su labor. “El premio llegó justo a tiempo. Nosotras nunca habíamos recibido un premio y este vino para valorar nuestra lucha como defensoras del medio ambiente”, declararon Antônia Maria Alves y Maria Antônia Santos Lopes, de la fábrica Todos los Días.
