Consultores seniors de la empresa Soarblue, especializada en asuntos de sostenibilidad, medioambiente, compliance y comunicación corporativa de la región, analizaron con Diario Sostenible los principales aspectos de la normativa.
Recientemente fue promulgada la Ley de Delitos Económicos, que incluye una amplia gama de delitos asociados a la actividad empresarial.
Un objetivo clave de esta normativa es elevar los estándares en el tratamiento especializado para combatir la criminalidad económica.
El propósito central de la ley es prevenir la comisión de delitos económicos e incluye los delitos ambientales, a través de imposición de mayores exigencias a las personas jurídicas y sus sistemas de cumplimiento interno.
La promulgación de esta ley es uno de los avances y cambios más importantes al sistema penal del país, valorando de un modo distinto este tipo de delitos por las consecuencias sociales y ambientales que provoca.
Aspectos clave
Franklin Gallegos, consultor y director de Compliance y Felipe Zapata, consultor senior y director ejecutivo, ambos de Soarblue Consultores, analizaron junto a Diario Sostenible la importancia de la ley, su implementación y transcendencia en la Región de Los Ríos.
La Ley sobre Delitos Económicos, Ley 21.595 de 2023, establece un estatuto diferenciado de determinación de pena para los denominados delitos de cuello y corbata.
“Ahora no sólo se persigue a la corrupción sino que una serie de conductas que afectan al medio ambiente y diversas actividades económicas relacionadas. Hay cuatro tipos de delitos económicos: primero, mercados financieros (bancos, tema bursátil)”, señala Franklin Gallegos.
“Segundo, aquellas asociadas a actividades empresariales expuestas a transgresiones de orden penal. Tercero, delitos en cuanto la empresa incurre en actividades que fomentan la corrupción de funcionarios públicos. Cuarto, aquellos relacionados con el blanqueo de capitales, lavado de activos, terrorismo, etc.”, agrega.
En este contexto, las penas son más altas y el análisis se vuelve más técnico. “Modifica, además, de forma relevante el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así se consideran a todos los delitos económicos (alrededor de 250) como aquellos que deben ser prevenidos por las empresas para que no se desarrollen en sus procesos” y “crea un sistema más restrictivo para que los condenados puedan obtener libertades”, señala el abogado.
Aspecto ambiental
La ley crea nuevos delitos, entre ellos los que afectan al medioambiente, relacionados a las actividades empresariales.
Felipe Zapata comenta que en cuanto a asuntos relacionados con la sostenibilidad y el medioambiente, las empresas deberán tener una visión más amplia e integrada, tanto interna como externa de sus proyectos. A su vez, agregó la necesidad de incorporar el compliance ambiental unido al compliance financiero y su importancia estratégica en la inversión y desarrollo sostenible de la Región de Los Ríos.
“Debes ver de forma orgánica e integrada la estrategia de desarrollo de los proyectos de inversión, incorporando estas nuevas temáticas preventivas, observado riesgos y oportunidades. Sabemos que las empresas, a veces, cometen errores y hay aspectos que ahora entran en la calidad de delitos”, afirma.
“Hoy las multas son proporcionales, más altas e incluso guardan relación con las utilidades que las empresas pudiesen obtener y aquí no sólo se consideran a las organizaciones grandes, sino también las pequeñas”, indica.
Desafíos en la región
Gallegos señala que en la Región de Los Ríos aún existe la idea de que, “lo que yo hago en mi empresa nadie lo puede saber porque mi competencia me mata”.
“El asunto está en que si sigues ese criterio te haces poco transparente y la gente empieza a dudar de lo que hace tu empresa o lo desconoce. Por eso, más allá del cumplimiento de las medidas ambientales, es necesario que se comunique a la comunidad, lo que la empresa está haciendo”, dice.
-¿Qué pasaría si por la acción de la empresa hay un hecho que afecta al medioambiente?
“Si algo se sale del control es una contingencia de que puede ocurrir. El asunto está en cómo capacitas, inviertes y mejoras los mecanismos de control y las tecnologías para evitar que se repita”.
Para Felipe Zapata la normativa apunta a regular los impactos sociales y ambientales que tienen los proyectos. “Qué es lo que hace la empresa para conectarse con la ciudadanía y qué beneficios aporta a su entorno. La empresa salmonera en el sur ha dado ejemplos de ello, de cómo se relacionan con la comunidad. Habría que preguntarse sobre la forma en que las empresas cumplen con sus objetivos sociales”, indica.
-O sea fomentar la sostenibilidad…
“Sí, ahora se debe visualizar la sostenibilidad desde un punto de vista virtuoso, lo cual implica, modificar paradigmas y generar nuevas conexiones con las industrias de la zona mediante una comunicación efectiva e intuitiva, disminuyendo asimetrías. Esta es una región que necesita desarrollarse sosteniblemente para crecer y atraer inversión sostenible”.
-¿Cuál es el llamado a las empresas?
“Diría que a no asustarse con la nueva normativa. No hay que resistirse, sino adaptarse. La región la veo como resistente al cambio, pero no podemos oponernos. Hay que ser positivos y aprender de los errores”.
-¿Las empresas deben ser ahora unos buenos vecinos?
“Hay industrias en la zona que cumplen con lo mínimo de la normativa ambiental. Ese es el piso y no debiéramos conformarnos con eso. Hay que cumplir la ley, pero no porque sea una obligación, sino que como dices, hay que ser un buen vecino”.
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