Nadie, ni siquiera las autoridades, sabe con exactitud por qué un grupo de casi 14 personas irrumpieron armados en un apartamento del complejo Edge at Lowry, situado en el corazón de la ciudad de Aurora, en Colorado, y torturaron a dos venezolanos que permanecían dentro. Los ataron, los golpearon, los amenazaron por casi cinco horas. “Les dieron una paliza. Una de las víctimas fue apuñalada. Tenía una herida de arma blanca”, dijo a la prensa Todd Chamberlain, jefe de policía de Aurora. Luego se hizo una pregunta: “¿Eso entra en la categoría de tortura? Para mí, sí”. De una cosa está casi seguro Chamberlain, y es de que se trata de otra provocación de las bandas criminales, específicamente del llamado Tren de Aragua, una pandilla venezolana que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) clasificó como la sexta pandilla con más presencia en la frontera de los Estados Unidos.
En una rueda de prensa, Chamberlain aseguró que el incidente que tuvo lugar en la noche del lunes era “100% actividad de pandillas”. También dijo que se les hacía difícil identificar a los miembros porque “carecen de marcas o señales distintivas”. No obstante, insistió en que estaba haciendo uso de “todos los recursos” a su disposición “para verificar quiénes son estos individuos, cuál fue su participación en el crimen y cuáles son sus identidades”.
Mientras el grupo de hombres armados saqueaba el apartamento, las víctimas —un hombre y una mujer— fueron trasladadas a otro. Después de horas de tortura, prometieron que si los dejaban en libertad no iban a informar a las autoridades. En la mañana del martes los dejaron ir. Las víctimas se fueron a la casa de un amigo y de inmediato llamaron a la policía.
La información difundida refiere que el hombre y la mujer luego fueron llevados a un hospital. Aunque por el momento no se tienen noticias actualizadas sobre su estado de salud, las autoridades dijeron que el hombre, quien fue apuñalado, es muy probable que sobreviva.
En estos momentos la policía local y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) colaboran para identificar a los 14 detenidos. El jefe de la policía ofreció sus “sinceras disculpas a las víctimas” y prometió que no van a “ceder ante lo que está ocurriendo”. “Algo está muy mal y vamos a tratar de arreglarlo tan pronto como sea posible, y lo hemos estado haciendo”, aseguró.
Chamberlain, además, señaló al Gobierno federal por no manejar la crisis que vive la ciudad con la llegada de emigrantes. “Ahora estamos en el proceso, como muchas otras ciudades de esta nación, de tratar de recoger los pedazos de un sistema increíblemente malo que estaba en vigor”, dijo.
Con el incidente del lunes en la noche, la ciudad de Aurora —la misma que le ha dado nombre a la operación de deportación que pretende hacer el presidente electo Donald Trump— vuelve a acaparar titulares y, muy probablemente, a servir de excusa a los republicanos para justificar por qué, una vez en el poder, comenzarán a expulsar del país a miles de “criminales”.
Aurora, en las campañas de Trump
Ya el complejo de apartamentos Edge at Lowry, propiedad de la empresa CBZ Management, había aparecido en las pantallas de la televisión estadounidense, con sus seis edificios de tres niveles y sus paredes color ladrillo. A mediados de agosto de 2024, se hizo viral el video de un grupo de hombres que recorrían armados las escaleras del complejo y golpeaban la puerta de uno de los apartamentos.
Entonces se dijo que se trataba de presuntos miembros del Tren de Aragua, la banda criminal más grande de Venezuela, que lidera desde la cárcel de Tocorón, a unos 140 kilómetros al suroeste de Caracas, Héctor “Niño” Guerrero, condenado a 17 años por los delitos de tráfico de drogas, homicidio, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra, entre otros.
Con la última ola migratoria que ha hecho que más de ocho millones de venezolanos huyan de la crisis económica y política en el país sudamericano, también se han diseminado los miembros de la que es considerada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como “una grave amenaza delictiva para toda la región”. En julio, el Departamento de Estado la nombró una “Organización Delictiva Transnacional” y ofreció una recompensa de 12 millones de dólares por información que conduzca a la identificación de los miembros de la pandilla. En territorio estadounidense, las autoridades han dicho que operan con mayor presencia en estados como Nueva York, California, Texas, Florida, Washington D.C., Montana o Wyoming.
Enseguida Donald Trump y su equipo se dieron cuenta de que poner el foco de su campaña en las bandas criminales que “atentan contra la seguridad nacional” podía agenciarle no pocos votantes. El video viral de los supuestos miembros del Tren de Aragua llegó en el momento preciso para que mostrara a su país la supuesta necesidad de limpiarlo de 11 millones de migrantes, el plan que tiene en mente para su próximo mandato.
Desde entonces, el video de estos hombres lo ha acompañado en las proyecciones que hacía en cada una de sus campañas presidenciales. Incluso, aprovechando la coyuntura, el pasado 11 de octubre el republicano visitó Aurora, ciudad de unos 400.000 habitantes a la que Trump nunca hubiese ido más que a conquistar el apoyo de sus votantes temerosos de los migrantes que llegan últimamente.
La ciudad de Aurora —y específicamente el Edge at Lowry— ha sido tildada de ser foco de delincuencia y actividad criminal, de estar ocupada por pandillas, pero las autoridades aseguran que la situación no es tan límite como se ha tratado de dibujar. Incluso Trump dijo que estaba “invadida” por el Tren de Aragua, pero le dejaron saber que estaba “exagerando gravemente”.
En un discurso de casi 90 minutos en el centro de convención Gaylord Rockies Resort en Aurora, el republicano prometió que llevaría adelante la llamada Operación Aurora, un programa basado en la Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) de 1798 que contempla la deportación masiva de emigrantes con la ayuda de las fuerzas armadas y la policía local.
“Enviaremos escuadrones de élite de ICE, la Patrulla Fronteriza y agentes federales encargados de hacer cumplir la ley para cazar, arrestar y deportar a todos los miembros de pandillas de inmigrantes ilegales hasta que no quede ni uno solo en este país”, dijo entonces el republicano. “Y si regresan a nuestro país, se les dirá que es una sentencia automática de 10 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional”.
Grupos en defensa de los derechos de los migrantes, como la Coalición de Derechos de los Inmigrantes de Colorado, se han mostrado en contra de las declaraciones del presidente electo y la Operación Aurora. En un comunicado, aseguraron que se trataba de “un ataque directo a los valores que definen a Colorado”. “Su retórica racista y alarmista es un intento de dividir nuestras comunidades y convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios para su propio beneficio político”, sostuvieron. “Aurora, como el resto de Colorado, tiene una orgullosa historia de oposición a estas tácticas divisorias”.
