Era venezolana, tenía 27 años, trabajaba como panadera y vivía en Perú junto a sus dos hijas y su pareja. Pero hace cuatro años la vida de Diana Aleman Díaz y su aventura en un país que no era el suyo se interrumpió de manera trágica. El 3 de julio de 2020, en plena pandemia, la joven acudió desesperadamente al hospital María Auxiliadora, en el distrito de San Juan de Miraflores, al sur de Lima, porque había sufrido un aborto espontáneo y urgía atención. Fue recibida recién a la medianoche pues, según su familia, le exigían la compra de ampollas y una serie de implementos.
Al día siguiente su madre fue a visitarla y todo indicaba que sería dada de alta sin mayores complicaciones. Pero, por la tarde, desde la red social de una compañera de cuarto, Aleman Díaz se comunicó con su pareja, Eudomar Gonzales, y le dejó un mensaje que los preocupó: “Mi vida, estos doctores van a llamar a Serenazgo por lo del aborto. Necesito que me ayudes”. El domingo 5 de julio, tras varias horas de espera, el personal del hospital les comunicó que su paciente había fallecido durante la madrugada. Su cuerpo había sido hallado en el sótano del hospital.
Se supo después que Diana Aleman Díaz había caído de un tercer piso, desde la ventana de un baño. No se sabe con exactitud cuánto tiempo permaneció allí, ni si la estuvieron buscando durante horas y si nadie se percató de su ausencia. Lo que sí se sabe es que el hospital atribuyó su muerte a un suicidio, y que a lo largo de este tiempo ha evitado pronunciarse con claridad sobre el caso. Incluso quemaron sus pertenencias. Para los familiares, la joven fue intimidada y acosada por quienes la atendieron, y ello derivó en una crisis de angustia que al parecer nadie advirtió y cuyo desenlace fue fatal.
Hace poco, un grupo de asociaciones, encabezada por Proyecta Igualdad y Justicia Verde de Perú, han presentado el caso ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), institución de las Naciones Unidas, como medida de fuerza frente a lo que consideran es una muerte originada por la criminalización del aborto y la violación del secreto profesional. La solicitud cuenta con el aval del Instituto O’Neill de la Universidad de Georgetown y Ríos Rivers, una ONG estadounidense que brinda apoyo legal.
“Acudimos a las instancias internacionales para solicitar justicia y reparación para la familia de Diana (Aleman Díaz) y medidas para que ninguna mujer o persona gestante en el Perú vuelva a vivir lo que Diana y su familia enfrentaron. Entre estas medidas solicitamos la eliminación de las normas que criminalizan el aborto voluntario”, ha señalado la abogada Brenda Álvarez, presidenta de Justicia Verde, quien ha acompañado el caso desde sus inicios.
La defensa de Aleman sostiene que no se cumplieron los estándares mínimos durante la investigación y que la muerte de esta inmigrante venezolana estuvo marcada por múltiples estereotipos de género. A excepción del terapéutico, el aborto en el Perú está penalizado. Existe un artículo de la Ley General de Salud que obliga al personal médico a denunciar a las mujeres que buscan atención post-aborto. Esta cruzada plantea que la CEDAW inste al Estado peruano a derogarlo, pero además que el Gobierno asuma su responsabilidad en esta aparente cadena de negligencias.
“En Perú, el aborto es un delito salvo cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar un mal grave y permanente en su salud. Además, el artículo 30 de la Ley General de Salud establece expresamente que, cuando existan indicios de aborto criminal, (el médico) está obligado a poner el hecho en conocimiento de la autoridad competente, forzándole así a vulnerar el secreto profesional y la confidencialidad médica. Los hechos que provocaron el fallecimiento de Diana fueron consecuencia de la vigencia conjunta de ambas normas”, señala el pronunciamiento.
En la solicitud a esta institución de la ONU se pide una reparación para los deudos que incluya regularización migratoria, así como un seguro de salud y acceso a tratamientos médicos; y también disculpas públicas. Y en líneas generales, la implementación de protocolos para garantizar la confidencialidad de las pacientes, eliminar las sanciones penales al aborto voluntario y adoptar acciones de formación y capacitación para el personal de salud, la Policía y los funcionarios judiciales.
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