Las familias de varios venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador que, a través de fotos y videos creen haber identificado a sus parientes, pueden buscar el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, dijo a CNN su titular, Andrés Guzmán.
Por órdenes del presidente de EE.UU., Donald Trump, 238 inmigrantes venezolanos fueron deportados y se encuentran recluidos, desde el domingo, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Washington asegura que estos migrantes forman parte de la banda criminal Tren de Aragua, algo que sus familiares niegan.
“En el caso de que alguna persona tenga algún caso en el que crea que sus familiares o las personas están injustamente privadas de libertad o tienen un problema que tenga injerencia directa en asuntos de derechos humanos pueden venir a la oficina. Estas son oficinas totalmente abiertas”, dijo Guzmán en entrevista con CNN.
Guzmán, nombrado por Bukele en mayo de 2023, aclaró que aunque su oficina no tiene funciones operativas, tiene la facultad de recibir y entregar a las instancias que corresponda la información de personas que crean que sus parientes están detenidos de manera injusta.
Guzman dijo que las personas pueden enviar la información que consideren necesaria al correo comisionddhhle@presidencia.gob.sv y que la entregará a las instancias correspondientes para que se analice cada caso.
“Lo que hacemos cuando nos llega cualquier caso, que nos pueden llegar todos los casos que quieran y todas las solicitudes que quieran, es llevarlos o enviarlos a las entidades encargadas, ya sea en este caso, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía o alguna instancia que sea de Cancillería para que se revise cada caso particular”, aseguró Guzmán a CNN.
Hasta ahora ni Estados Unidos ni El Salvador han dado a conocer el listado de venezolanos que fueron enviados a prisión, por un año prorrogable, según explicó Bukele el domingo en un mensaje en X. Los detenidos no han sido acusados formalmente en tribunal alguno ni condenados.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el miércoles a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, que entregue a Caracas a sus ciudadanos. Bukele no le ha respondido a Maduro y no se ha pronunciado sobre este tema. Tampoco ha respondido la solicitud de comentarios de CNN.
El Gobierno de El Salvador asegura que los derechos de los detenidos han sido respetados. “En el caso de los privados de libertad que vienen de otra nacionalidad el trato es totalmente idéntico que cualquier otro privado de libertad dentro del sistema carcelario salvadoreño”, afirmó Guzmán.
El Gobierno de Venezuela y las familias que creen que sus parientes están detenidos han criticado el trato que han recibido en la prisión de El Salvador sin que, hasta ahora, se haya probado en un proceso penal o mostrado evidencia de que son parte de una estructura criminal.
El Cecot es la megacárcel del presidente Nayib Bukele construida con capacidad para albergar a 40.000 detenidos, aunque las autoridades, por ahora, solo han trasladado a 14.500 internos, señalados de pertenecer a las dos principales pandillas que operan en el país.
Varias organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, han criticado el trato que reciben los detenidos en esa megacárcel. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó en 2023 un informe que habla de violaciones a derechos humanos. El Gobierno de Bukele lo niega.
EE.UU. hasta ahora no ha presentado pruebas de que las personas deportadas en esta oportunidad pertenezcan a organizaciones delictivas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aseguró esta semana que llevó a cabo una revisión cuidadosa de los perfiles de las personas en cuestión para verificar que forman parte de grupos criminales.
La deportación de los migrantes venezolanos a El Salvador ha generado más tensiones entre EE.UU. y Venezuela, así como algunas protestas sociales. El martes, grupos de venezolanos se manifestaron en Caracas contra la situación. Algunos incluso dijeron haber identificado a familiares suyos en el grupo deportado, rechazaron que sean delincuentes y exigieron su regreso al país.
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