Ocho exempleados de una empresa internacional de alimentos con sede en el municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte, llevan años reclamando algo que debería ser sencillo: que les devuelvan el dinero que cotizaron en su AFP.
La Confederación Unión Clasista de Trabajadores (UCT) denunció que estos trabajadores fueron traspasados sin su consentimiento desde el sistema de capitalización individual a un esquema estatal que no les corresponde, dejándolos fuera de sus fondos de pensión sin siquiera notarlo a tiempo.
Según la UCT, los afectados —Leónides Tejada Surun, Ángel Bolívar Báez, Nereyda A. Estrella, Samuel Santana, Justiliano Díaz, Rafael Antonio Serrano, Bienvenido Durán Polanco y José Antonio Martínez— estaban afiliados a la AFP Siembra, como cualquier empleado del sector privado.
Sin embargo, resoluciones del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), la No. 77-08 de 2003 y la No. 189-06 de 2008, los trasladaron al sistema de reparto de la Ley 379-81, un régimen exclusivo para empleados públicos.
La UCT afirma que el propio CNSS reconoció la irregularidad. En la Resolución No. 572-07, emitida el 6 de julio de 2023, el organismo ordenó la devolución del dinero a todos los trabajadores del sector privado que fueron trasladados de manera indebida. Pese a esto, el Ministerio de Hacienda —según denunció la organización sindical— lleva más de dos años sin ejecutar la devolución, reteniendo fondos que no le pertenecen.
“Hemos acudido a todas las instancias, incluso a la Defensoría del Pueblo, sin obtener respuesta”, declaró la UCT, que este jueves realizó una “parada sindical” frente al Ministerio de Hacienda como inicio de una jornada nacional de lucha junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). No descartan acudir a los tribunales.
Piden cumplir la resolución
La Confederación sostiene que la situación ha “perjudicado gravemente” a los exempleados, hoy retirados de la vida laboral, quienes dependen de esos fondos para sostenerse económicamente. “Nos vemos obligados a salir a las calles a defender el derecho de estos humildes e indefensos trabajadores”, expresó la organización.
El gremio reiteró su llamado al ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, para que disponga el cumplimiento inmediato de la resolución del CNSS y garantice el respeto a los derechos de quienes aportaron durante décadas al sistema de capitalización individual.
La UCT y la CNDH anunciaron que iniciarán acciones judiciales en los próximos días, en busca no solo de la devolución del dinero, sino también del resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados.
Mientras tanto, los afectados siguen esperando que se les devuelva lo que es suyo: los ahorros que aportaron trabajando, y que —según denuncian— fueron movidos de sistema sin que nadie les avisara.
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