Este año, como se sabe, es uno particularmente relevante en el ámbito electoral mundial: al final de 2024 deben haberse celebrado más de setenta elecciones nacionales.1 De entre ellas, destacan el proceso de Estados unidos.
Por la relevancia de este país en términos geopolíticos, así como por el agitado comienzo de la contienda entre Donald Trump y Kamala Harris, existe gran expectación internacional sobre el desarrollo de estos comicios.
Pero, en contraste con México, para resolver las controversias que surjan del proceso electoral, Estados Unidos carece de una instancia jurisdiccional especializada en la materia a nivel nacional.
En ese país, desde el ámbito federal se fija el calendario electoral general, se reconocen derechos —como el sufragio activo y pasivo y la posibilidad de solicitar el recuento de votos— y se establecen regulaciones no menores como el financiamiento de campañas que deben ser observadas en todas las entidades. No obstante, al mismo tiempo, el sistema electoral estadunidense otorga gran autonomía a los subsistemas estatales. Los estados definen las reglas específicas para la inscripción de candidaturas, el registro de los partidos políticos, la organización de las campañas, la delimitación de las circunscripciones y el proceso de votación.
En el caso de la elección presidencial, casi todos los estados utilizan un sistema electoral mayoritario para designar a los miembros del colegio electoral que elegirán al jefe de Estado de ese país.2 Además, durante el periodo postelectoral, queda a cargo de cada estado la tabulación y certificación de votos, la publicación de los resultados electorales en la entidad y la elaboración de los lineamientos para realizar un recuento de votos.
En cuanto a la elección presidencial, las controversias que conciernen a la contienda son resueltas por los tribunales estatales. Sin embargo, la Corte Suprema decide, en última instancia, sobre las inconformidades relacionadas con las resoluciones locales.3 Así ha ocurrido durante el actual proceso electoral, como lo demuestran las decisiones de la Corte Suprema que se describen a continuación.
Trump vs. Anderson
En diciembre de 2023, la Corte Suprema de Colorado determinó que Donald Trump era inelegible para la presidencia de Estados Unidos por involucrarse en el asalto al Capitolio, durante enero de 2021.4 Este tribunal local señaló que Trump violó la tercera sección de la decimocuarta enmienda a la Constitución federal, la cual establece que:
No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir Presidente y Vicepresidente ni desempeñará cargo civil o militar alguno […quien] como funcionario de los Estados Unidos […] haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra los Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país.5
Por lo tanto, la Corte de Colorado ordenó que Trump fuera excluido de la boleta para definir al candidato presidencial del Partido Republicano.
Donald Trump impugnó esta sentencia ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual decidió por unanimidad revocar la decisión del tribunal estatal.6 Al respecto, la Corte Suprema estadounidense determinó que correspondía únicamente al Congreso federal establecer la legislación apropiada para implementar las disposiciones de la decimocuarta enmienda. Además, destacó que las autoridades estatales carecen de facultad para establecer los requisitos que debe cumplir una persona que busca desempeñar una responsabilidad pública en el gobierno federal. De lo contrario, podría ocurrir que algunos estados aprueben una candidatura presidencial, mientras otros la declaran inelegible, juzgando los mismos hechos.
Con su resolución, la Corte Suprema de los EE. UU. evitó que otras entidades —como Illinois y Maine— utilizaran la misma enmienda para declarar inelegible a Trump. De esta forma, el nombre del expresidente pudo aparecer en la boleta de las elecciones primarias para la candidatura del Partido Republicano, en todos los estados de ese país.
Alexander vs. la Conferencia estatal de la NAACP de Carolina del Sur7
Otra decisión de la Corte Suprema que afecta el desarrollo del actual proceso comicial estadounidense se refiere a la delimitación de los distritos con representación en el Congreso. En este caso, tras el censo de 2020, Carolina del Sur modificó la distritación en la entidad con la intención de propiciar una mayor inclinación republicana en un distrito —lo cual, de acuerdo con una decisión de la Corte Suprema de 2019, no constituye un argumento válido para que las cortes federales declaren la modificación inconstitucional—.
En respuesta, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) impugnó la redistritación, alegando que se basaba en consideraciones raciales y que diluía el poder electoral de los votantes afrodescendientes de dicha entidad federativa, por lo que era inconstitucional. El caso fue analizado por la Corte Suprema, la cual decidió ratificar el nuevo mapa distrital de Carolina del Sur. De acuerdo con la opinión de la mayoría de jueces, su fallo se motivó por la ausencia de evidencia que apuntara, indiscutiblemente, a que la modificación de distritos respondía a cuestiones de raza y no a aspectos partidistas. La consecuencia electoral de esta decisión es que el Partido Republicano aumentó las posibilidades de ganar el escaño en el Congreso, correspondiente al primer distrito de Carolina de Sur.8
Trump vs. los Estados Unidos9
Ambas decisiones de la Corte Suprema demuestran que este órgano jurisdiccional desempeña un papel fundamental determinando las reglas que guían la contienda electoral. Sin embargo, esta Corte —además de decidir sobre la regulación de las elecciones— también influye en el curso político de EE. UU. con resoluciones que no corresponden al ámbito propiamente electoral.
Un ejemplo de ello es el caso que se refiere a la decisión de la Corte de Apelación del Distrito de Columbia que confirmó la culpabilidad de Donald Trump, frente a cuatro cargos relacionados con su participación en los acontecimientos que resultaron en los ataques al Capitolio. Se alegaba que, después de perder las elecciones, Trump conspiró para anularlas difundiendo noticias falsas de fraude electoral para obstruir la certificación de los resultados electorales. El caso era particularmente relevante pues, por primera vez, se juzgaba criminalmente a un expresidente por acciones cometidas durante su cargo.
En febrero de este año, Trump solicitó a la Corte Suprema atraer el caso. El expresidente alegaba que se juzgaban actos oficiales que realizó como jefe de Estado, por lo que la inmunidad presidencial impedía que fuera procesado. También propuso desestimar la acusación bajo el argumento de doble incriminación, debido a que el Senado lo había absuelto de estos cargos previamente.10
Tras analizar el caso, la Corte decidió, por una mayoría de 6 votos a favor y 3 en contra, que la persona que ostenta la presidencia goza de inmunidad por las acciones ejecutadas dentro de sus funciones oficiales. Al respecto, señaló que distinguir las actividades oficiales que realiza un presidente de las que no lo son es crucial para evitar que se vulnere la separación de poderes. Con ello, la Corte Suprema estableció un precedente sobre lo que puede ser juzgado o lo que debe ser desechado por tratarse de actividades oficiales. Al respecto, en una postura disidente, la jueza Sonia Sotomayor destacó que el fallo implica otorgar un trato diferenciado a la persona que ocupa la presidencia frente al resto de la ciudadanía, pues “[e]n cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”.11
Sobre el impacto electoral de esta decisión, es relevante señalar que la legislación estadounidense carece de disposiciones que impidan a una persona encontrada culpable de un delito postularse a la presidencia.12 Sin embargo, un veredicto desfavorable a una candidatura puede afectar negativamente la percepción del electorado.13 Al respecto, de acuerdo con una encuesta realizada por el medio Politico, una sentencia que confirme la culpabilidad de Trump haría menos probable que vote por él más de un tercio del electorado identificado como independiente.14
En suma, como los tres casos expuestos demuestran, las decisiones de la Corte Suprema de los EE. UU. tienen importantes repercusiones en la definición de las contiendas políticas de ese país. Esta aseveración es válida incluso cuando las resoluciones de esta Corte se refieren a cuestiones desvinculadas con las reglas que orientan la propia disputa electoral. Por ello, es necesario tener presente que las decisiones de la Corte en Estados Unidos tienen una influencia determinante en la operación práctica del escenario político en ese país, especialmente en este inusual proceso electoral.
Gabriela Chágary.Internacionalista por El Colegio de México y la Universidad de Cambridge.
Fernanda Rodríguez. Internacionalista por El Colegio de México y la University College London.
1 IDEA Internacional, “The 2024 Global Elections Super-Cycle”.
2 Algunos estados utilizan un sistema proporcional. Redondo, J. “El sistema electoral de los Estados Unidos. Las raíces históricas de la fórmula mayoritaria”, Revista Latinoamericana de Política Comparada, enero 2016, volumen núm. 11, pp. 39-55.
3 Informe final de la Misión de Observación Electoral de las Elecciones Generales de EE. UU., 3 de noviembre de 2020.
4 Caso 23SA300, Anderson vs. Griswold, 2023 CO 63.
5 Constitución de los Estados Unidos, enmienda XIV, § 3.
6 Donald J. Trump, Petitioner v. Norma Anderson, et. al., 601 U.S., 2024.
7 Alexander, President of the South Carolina Senate et al v. South Carolina Conference of the NAACP et al.
8 Howe, A. “Court rules for South Carolina Republicans in dispute over congressional map”, SCOTUS Blog.
12 Astor, M. “Trump Has Been Convicted. Can He Still Run for President?”, The New York Times, 20 de junio de 2024. . Cabe señalar que existen otros procesos judiciales abiertos en su contra: por la presunta injerencia electoral en Georgia, por el asalto al Capitolio y por los documentos clasificados encontrados en su residencia privada. Además, el 30 de mayo de 2024, Trump fue declarado culpable de 34 delitos en el caso de Stormy Daniels. La condena la dictaría el juez el 11 de julio, pero después del fallo de la Corte Suprema del 1.° de julio, se recorrió para septiembre y la defensa de Trump está apelando la sentencia para que se excluya evidencia del caso que puede ser considerado como “actos oficiales”.
13 Se pueden ver las tendencias de las preferencias electorales en la encuesta de Ipsos.
14 Khardori, A. “The Good, Bad and Ugly in a New Poll on Trump’s Trials and the Supreme Court”, 18 de marzo de 2024.
