El Gobierno italiano deberá pagar una indemnización a un grupo de migrantes rescatados en el Mediterráneo que fueron obligados a permanecer durante 10 días en el buque Diciotti, de la Guardia Costera, en el puerto de Catania en agosto de 2018. No pudieron ser desembarcados porque Matteo Salvini, entonces ministro de Interior en el Gobierno de coalición con el Movimiento 5 Estrellas, lo prohibió. Eran los tiempos de la férrea política de puertos cerrados con la que el líder de la ultraderechista Liga desafió a la Unión Europea para imponer duras medidas antiinmigración. En aquella ocasión, después de varios días de bloqueo en el puerto siciliano y a la espera de que se les asignara un puerto, el ministro permitió el desembarco de los más de 100 migrantes a bordo, cuando otros países como Irlanda o Albania, además de la Iglesia católica italiana, se comprometieran a acoger a los náufragos.
Salvini, ahora vicepresidente y ministro de infraestructura y Transporte en el Gabinete de Giorgia Meloni, fue acusado de secuestro con coacción, omisión de actos oficiales y detención ilegal por mantener durante días a los afectados en el barco tras su rescate, y se abrieron dos sumarios, en Palermo y Catania. Por estos casos nunca llegó a sentarse en el banquillo, ya que el Senado italiano no concedió el suplicatorio para que la Justicia lo procesara ―sí fue juzgado y absuelto recientemente por vetar en 2019 un desembarco de migrantes rescatados por el barco de la ONG Open Arms―. Más tarde, la Fiscalía de Catania pidió que se archivara el caso.
Ahora, el Tribunal Supremo italiano ha aceptado el recurso presentado por un grupo de migrantes de origen eritreo que estuvieron bloqueados en aquel barco y ha dictaminado que tienen derecho a recibir una indemnización ―que deberá fijar otro juez― por los daños morales que les causó el Gobierno italiano privándoles de su libertad de manera ilegítima. Los jueces del Supremo consideran que las acciones del Ejecutivo “no pueden considerarse incuestionables cuando están en juego los derechos fundamentales de los ciudadanos, y de los extranjeros”. Por ello, ese desembarco debería haberse autorizado “tan pronto como fuera razonablemente posible”, para permitir a los migrantes llegar a un “lugar seguro”, en el que se pudiera garantizar su seguridad y donde ejercer sus derechos, como, por ejemplo, solicitar asilo político.
Los magistrados, citando los usos internacionales, también subrayan que el rescate en el mar “constituye un deber preciso de todos los sujetos, públicos o privados, que tengan noticia de una nave o de una persona en peligro en cualquier zona marítima”. Y apuntan que este principio debe prevalecer “sobre todas las normas y acuerdos bilaterales destinados a combatir la inmigración irregular”.
La decisión del máximo tribunal italiano sienta jurisprudencia y deja claro que rechazar durante días la autorización para desembarcar a migrantes rescatados en el mar no puede considerarse un acto político exento del control de la justicia.
El fallo de los jueces ha despertado la ira del Gobierno encabezado por la ultraderechista Meloni, que desde hace meses mantiene una pugna con la justicia a cuenta de cuestiones relacionadas con la inmigración, aunque no solo. La primera ministra, a través de una publicación en sus redes sociales, ha criticado la sentencia, que ha definido como “frustrante”. “No creo que estas sean las decisiones que acercan a los ciudadanos a las instituciones y confieso que tener que gastar dinero en esto, cuando no tenemos suficientes recursos para hacer todo lo que habría que hacer, es muy frustrante”, ha escrito Meloni.
Matteo Salvini también ha cargado contra la justicia y ha tildado la sentencia de “vergonzosa”. “Que paguen los jueces de su bolsillo y que acojan ellos a los clandestinos en su casa, si tanto les importan”, ha clamado el líder de la Liga. Hace dos años, el Tribunal Supremo confirmó la condena al partido de Salvini por utilizar términos como “clandestinos”, para referirse a de forma despectiva a los inmigrantes sin papeles en su propaganda electoral. “Que paguen los jueces de izquierdas, no los italianos”, ha protestado, por su parte, el subsecretario de la Liga, Andrea Crippa.
El Gobierno de Meloni mantiene desde hace meses un pulso contra la magistratura, que ha frenado algunas de sus medidas estrella, como los centros de deportación de migrantes rescatados en el mar construidos en territorio albanés. Además, la primera ministra está impulsando una reforma de la Justicia que prevé separar las carreras de los jueces y de los fiscales, para que no se puedan alternar entre ambos roles. Los magistrados se oponen a la reforma porque consideran que debilitará el Poder Judicial y podría poner a los fiscales del Estado bajo el control del Ejecutivo.
La justicia está investigando también a la primera ministra y a otros miembros del Gobierno por la liberación y repatriación de Osama al Masri, el jefe de policía y paramilitar libio reclamado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad, y que es del jefe de la terrible prisión del terror para migrantes de Libia donde se han denunciado numerosas torturas y violaciones de derechos humanos.
La oposición se ha puesto del lado de la justicia y ha criticado al Gobierno. Elly Schlein, secretaria del Partido Democrático, ha acusado a Meloni de “seguir alimentando el enfrentamiento con el poder judicial para encubrir los fracasos de su Gobierno”. Y ha lanzado: “No es posible que el Gobierno ataque las sentencias todos los días. Lo que aleja a los ciudadanos de las instituciones es una sanidad pública que se va a pique por los recortes de su Gobierno, los bajos salarios, con 3,5 millones de italianos pobres, aunque trabajen, o los casi 1.000 millones de euros del dinero de los contribuyentes despilfarrados por Meloni en Albania para construir cárceles vacías. El precio de sus decisiones, mientras tanto, lo siguen pagando los italianos”.
El secretario de +Europa, Riccardo Magi, ha criticado el “victimismo grosero” de Meloni “para volver a la crispación contra la decisión de un órgano independiente del Estado, en este caso el Tribunal Supremo, que ha dictado una sentencia que debería ser sacrosanta”. Y ha agregado: “Solo quien no conoce las historias de las personas que iban en ese barco puede expresarse como lo hace Giorgia Meloni. Yo estaba en el muelle del puerto de Catania pidiendo al Estado italiano que se comportara como un Estado democrático y permitiera desembarcar a esas personas que huían de la violencia y las violaciones que habían sufrido en Libia, como un grupo de mujeres eritreas que habían pasado por un infierno”.
Angelo Bonelli, portavoz de Europa Verde y diputado de la Alianza de los Verdes y de la Izquierda, ha reclamado que el pago de las indemnizaciones recaiga en Salvini. “No puede ser el Estado el que se haga cargo de esta indemnización, debido al fracaso e ineptitud del ministro, por lo que ahora Salvini debe pagar de su bolsillo” ha dicho. Y ha criticado también a Meloni, que, “creyéndose Dios, patria y ley, se muestra cada vez más refractaria a respetar las sentencias”.
