Se ha comunicado a los estados que ya no pueden usar las subvenciones para la gestión de enfermedades infecciosas, servicios de salud mental, tratamiento de adicciones y otros problemas de salud.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos canceló abruptamente más de 12.000 millones de dólares en subvenciones federales a los estados que se estaban utilizando para el seguimiento de enfermedades infecciosas, servicios de salud mental, tratamiento de adicciones y otros problemas de salud urgentes.
Es probable que los recortes perjudiquen aún más a los departamentos de salud estatales, que ya carecen de fondos suficientes y luchan contra las exigencias de enfermedades crónicas, infecciones que resurgen como la sífilis y amenazas emergentes como la gripe aviar.
Los departamentos de salud estatales empezaron a recibir avisos el lunes por la noche de que los fondos, que se asignaron durante la pandemia de COVID-19, serían cancelados con efecto inmediato.
“No se podrán realizar actividades adicionales, ni incurrir en costos adicionales, en relación con estos fondos”, decían los avisos.
Para algunos, el efecto fue inmediato.
En Lubbock, Texas, los funcionarios de salud pública han recibido órdenes de interrumpir los trabajos financiados con tres subvenciones que ayudaron a financiar la respuesta al creciente brote de sarampión, según Katherine Wells, directora de salud pública de la ciudad.
El martes, algunos departamentos de salud estatales se preparaban para despedir a decenas de epidemiólogos y científicos especializados en datos. Otros, como Texas, Maine y Rhode Island, seguían esforzándose por comprender el impacto de los recortes antes de tomar medidas.
En las entrevistas, los funcionarios de salud estatales predijeron que miles de empleados de los departamentos de salud y trabajadores contratados podrían perder sus empleos en todo el país. Algunos predijeron la pérdida de hasta el 90 por ciento del personal de algunos equipos de enfermedades infecciosas.
“La realidad es que, cuando quitamos financiación a los sistemas de salud pública, los sistemas simplemente no tienen capacidad, porque están crónicamente subfinanciados desde hace décadas”, dijo Umair Shah, quien fue secretario de salud del estado de Washington hasta enero.
La noticia de los recortes fue comunicada primero por la NBC.
Las subvenciones suprimidas incluyen unos 11.400 millones de dólares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), así como alrededor de 1000 millones de dólares de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, conocida como SAMHSA, por su sigla en inglés.
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El Congreso autorizó el dinero para los programas estatales de salud pública como parte de los proyectos de ley de ayuda a la covid. De hecho, los fondos se utilizaron inicialmente para realizar pruebas de detección y vacunación contra el coronavirus, así como para hacer frente a las disparidades de salud en las poblaciones de alto riesgo.
Pero el año pasado también se permitió destinar el dinero a otros problemas apremiantes de salud pública como las pruebas y la vigilancia de otros virus respiratorios, una serie de vacunas para niños o adultos sin seguro y la preparación para emergencias de salud.
El martes, Andrew Nixon, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés), dijo en un comunicado: “La pandemia de COVID-19 ha terminado, y el HHS ya no malgastará miles de millones de dólares de los contribuyentes en responder a una pandemia inexistente que los estadounidenses superaron hace años”.
Las cancelaciones por parte del gobierno de Trump de subvenciones y contratos en todo el gobierno han dado lugar a numerosas demandas de estados y grupos sin fines de lucro, que aún se encuentran en sus primeras fases. Las subvenciones de salud en cuestión fueron autorizadas y consignadas por el Congreso, y su rescisión podría dar lugar a nuevas demandas. Varios estados dijeron que estaban explorando opciones legales.
“Seguiremos evaluando todas las repercusiones y estamos en contacto con la Fiscalía General y los otros 49 estados que se enfrentan a retos similares”, dijo en un comunicado la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey.
Los fondos sobrantes habían sido una bendición para los departamentos de salud pública con problemas de liquidez que trataban de modernizar sus sistemas obsoletos.
Por ejemplo, Alaska había estado aplicando parte de los fondos a la compra de equipos de laboratorio y a la actualización de los registros electrónicos, para que los epidemiólogos estatales ya no tuvieran que rellenar manualmente los datos de los pacientes. Otros estados estaban construyendo sistemas para vincular los datos de vigilancia de hospitales y laboratorios con los departamentos de salud.
Los sistemas de datos anticuados obstaculizaron la respuesta de muchos estados a los brotes de covid y viruela símica.
“Tuvimos la oportunidad de actualizar algunas de estas cosas que necesitaban desesperadamente ser actualizadas para tener una respuesta de salud pública más eficiente”, dijo Anne Zink, quien renunció como directora médica de Alaska en agosto.
Pero ahora, con el recorte de las subvenciones, el proyecto quedará inconcluso, y el dinero de los contribuyentes invertido hasta ahora podría desperdiciarse, dijo.
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En algunos estados, los fondos también han ayudado a estudiar las enfermedades crónicas, cuya presencia aumenta el riesgo de resultados graves y de muerte por el coronavirus.
Los fondos de la SAMHSA no se destinaron a programas de covid, y se destinaron a abordar problemas de salud mental y consumo de sustancias. La pandemia provocó soledad, aburrimiento y ansiedad generalizados, factores que contribuyeron a un aumento de las muertes por sobredosis, que superaron las 111.000 en 2022, frente a unas 70.000 en 2019.
Las cifras máximas de sobredosis descendieron a unas 87.000 en el periodo de 12 meses que finalizó en octubre, según los datos federales más recientes. Algunos de los descensos más agudos se produjeron en estados como Virginia Occidental, Míchigan y Tennessee, todos los cuales apoyaron firmemente al presidente Trump en las elecciones presidenciales.
Brian Hepburn, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Programas Estatales de Salud Mental, dijo que muchos estados también habían usado sus fondos para ampliar sus líneas 988 de prevención del suicidio y otros servicios de crisis. Pero los estados comprendieron que la financiación estaba sujeta a limitaciones temporales, por lo que pocos la utilizaron para financiar servicios continuos, dijo.
En Colorado, los fondos suplementarios de la era de la covid financiaron unos 60 programas, incluidos los destinados a equipos de respuesta a crisis; servicios para adultos con enfermedades mentales graves y para adultos jóvenes con trastornos psicóticos de inicio precoz; y asesores de apoyo entre iguales para personas en recuperación de la adicción a las drogas y el alcohol. Colorado había comprometido los 31,5 millones de dólares restantes en subvenciones para apoyar a los proveedores de estos servicios.
“En muchos casos, se trata de programas y servicios que salvan vidas, y nos preocupa el bienestar de aquellos que han llegado a contar con este apoyo”, dijo Dannette Smith, comisionada de la Administración de Salud Conductual de Colorado.
Estaba previsto que las subvenciones de la SAMHSA expiraran en septiembre, pero algunas subvenciones covid de los CDC debían durar hasta 2026 y 2027.
Los estados se estaban preparando para que las subvenciones expiraran entonces, pero “que ocurra antes y sin previo aviso es, obviamente, extremadamente disruptivo”, dijo un funcionario de salud pública estatal que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar con los medios de comunicación.
Algunos estados, como Kentucky y Carolina del Sur, dependen en gran medida de la financiación federal para llevar a cabo sus programas de salud, mientras que otros, como Nueva Jersey y California, dependen menos de esta. Aun así, la mayoría de las personas y los sistemas de datos que hacen el seguimiento de los brotes de enfermedades están financiados por los CDC.
La brusquedad de la decisión no dejó “ninguna oportunidad de transferir personas a otros medios, ninguna oportunidad siquiera para que un gobierno estatal diga: ‘En nuestro próximo ciclo presupuestario, vamos a añadir X número de puestos’”, dijo un funcionario con conocimiento cercano del impacto, que pidió no ser nombrado por temor a represalias del gobierno de Trump.
“Se han gastado millones de dólares que, esencialmente, los proyectos nunca se podrán terminar”, dijo el funcionario. “Esto es como tirar el dinero por la ventana; es un desperdicio total”.
Teddy Rosenbluth colaboró con reportería.
Apoorva Mandavilli reporta sobre ciencia y salud en el mundo, y se enfoca en las enfermedades infecciosas, las pandemias y los organismos de salud pública que intentan gestionarlas. Más de Apoorva Mandavilli
Margot Sanger-Katz es periodista de políticas de salud y salud pública en The Upshot del Times. Más de Margot Sanger-Katz
Jan Hoffman es reportera de salud del Times y cubre la salud mental y leyes sanitarias. Más de Jan Hoffman
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