El Gobierno que preside Donald Trump ha puesto en pausa algunas aplicaciones de residencia permanente o green card mientras las autoridades de inmigración investigan con mayor profundidad a quienes solicitan este beneficio, confirmó este martes un portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) a NBC News, cadena hermana de Noticias Telemundo.
“Para identificar mejor los fraudes, los problemas de seguridad pública o la seguridad nacional, USCIS está poniendo una pausa temporal en la finalización de ciertas solicitudes de Ajuste de Estatus en espera de que se completen evaluaciones y verificaciones adicionales”, explicó el portavoz, que pidió anonimato.
La agencia dijo a NBC News que la medida se alinea con la orden ejecutiva 14161 firmada por Trump que, según el Gobierno republicano, busca proteger a Estados Unidos “de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y pública”. En febrero, el Departamento de Estado designó como organizaciones terroristas a la banda venezolana Tren de Aragua, a la pandilla salvadoreña MS-13 y a seis carteles mexicanos del narcotráfico
La cadena CBS News informó el martes que USCIS ha ordenado a su personal que realice una verificación adicional de antecedentes de refugiados o personas a quienes se les concedió asilo y que han solicitado la residencia permanente legal o green cards.
La agencia indicó en un comunicado atribuido a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional que está “pausando temporalmente la finalización de ciertas solicitudes de ajuste de estatus a la espera de que se completen las revisiones y verificaciones adicionales”.
El comunicado no abordó qué solicitudes se vieron afectadas, si la pausa afectaría el gasto de la agencia, su duración ni otras preguntas formuladas por NBC News.
Para los refugiados y quienes han recibido asilo en Estados Unidos, se trataría de una verificación de antecedentes que se sumaría a algo que ya se lleva a cabo con bastante rigor para los refugiados, quienes generalmente son investigados en el extranjero antes de poder establecerse en Estados Unidos.
“Hay cierta cantidad de documentación que se debe proporcionar, tanto como refugiado como asilado”, declaró a NBC News Laura Collins, directora de la Iniciativa de Crecimiento Económico del Instituto Bush-SMU del Instituto George W. Bush. “Todas estas personas que son aprobadas para el reasentamiento o para permanecer en Estados Unidos, lo son porque el Gobierno estadounidense ya las aprobó para estar aquí”.
Las personas a quienes se les concede asilo o son admitidas en Estados Unidos como refugiados deben esperar un año antes de poder solicitar la residencia permanente.
Collins afirmó que aún está por verse cómo se llevará a cabo la verificación de antecedentes y cuánto durará la pausa. Explicó que durante la primera Administración de Trump, el USCIS se aseguraba de que cada espacio en blanco de un formulario se completara correctamente.
“Entonces, si no tenías segundo nombre… te devolvían la solicitud y decían: ‘Bueno, no completaste la parte de tu segundo nombre’”, dijo Collins. Añadió que es posible que USCIS revise las redes sociales, “cosas que probablemente ya hayan verificado, pero que piden otra revisión o una revisión más profunda”.
Trump tomó medidas similares en su anterior mandato presidencial. En su primer mandato, se le ordenó a USCIS revisar cada solicitud con lupa, lo que interrumpió las operaciones de la agencia, dijo Collins.
“Al ralentizar el proceso de solicitudes, dado que USCIS se financia con las tarifas que pagan los migrantes, entre menos solicitudes se procesen menos dinero ingresa, lo que lleva a una falta de fondos para mantener a los contratistas y demás personal y por ello se empieza a reducir la agencia”, dijo. “No sé si ése sea su objetivo final”.
El Instituto de Política Migratoria informó en 2020 que una disminución en el número de solicitudes y un aumento en el gasto en investigación y control de inmigración fueron fundamentales para el déficit de 1,200 millones de dólares de la agencia en 2020.
De 2016 a 2020, el gasto en investigación casi se triplicó, pasando de 53 millones a 149 millones de dólares, según el grupo de expertos en inmigración que ha apoyado una reforma migratoria que incluye fondos para la aplicación de la ley, así como una vía para obtener la ciudadanía para las personas que se encuentran en el país sin estatus legal.
