La escala de la economía es otra, pero Javier Milei no resigna su afán por emular a Donald Trump: el Gobierno argentino impulsa la construcción de un límite material en la frontera con Bolivia. No será un muro kilométrico como el que quiere Trump para separar a EE UU de México, sino un cerco de alambre de unos 200 metros que intentará detener el paso ilegal de personas y, según las autoridades, el narcotráfico. El Gobierno de Bolivia expresó su preocupación por la medida y señaló que “los temas fronterizos deben ser tratados por medio de mecanismos de diálogo bilaterales”.
La Administración ultra confirmó este lunes que pretende instalar un alambrado en el paso de frontera de la localidad de Aguas Blancas, en la provincia norteña de Salta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que la zona “se encontraba completamente descontrolada”. El cerco intentará delimitar la distancia que hay entre la estación de ómnibus del lugar y la oficina de migraciones del Puerto de Chalanas, por donde las personas circulan sin pasar por los controles, sostienen las autoridades.
“El cruce fronterizo era tierra de nadie: narcotráfico, muertes y descontrol”, indicó el Ministerio de Seguridad nacional en un comunicado. El Gobierno ya había enviado unos 300 agentes de fuerzas federales a Aguas Blancas en diciembre pasado, para reforzar los controles migratorios y aduaneros. Con el alambrado, informó la cartera liderada por Bullrich, se buscará “reforzar la pared existente, vulnerada repetidamente por el narcotráfico para ingresar cocaína”. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, explicó que la zona es “un punto al que la gente llegaba […] ya sea por taxi, colectivo [ómnibus], por lo que sea, y de ahí saltaban un muro, que es de protección por las inundaciones que genera el [río] Bermejo, y la gente salía caminando e iba para las chalanas. O sea, del puesto de migraciones, 200 metros antes, la gente saltaba hacia el río”, dijo a la prensa local.
La medida no fue bien recibida por el Gobierno de Bolivia. El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó a través de un comunicado “su preocupación ante el anuncio del Gobierno de Argentina de instalar una cerca de 200 metros en la frontera entre ambos países” y reclamó el diálogo bilateral “para encontrar soluciones coordinadas a temas en común. Cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”.
La Administración de Luis Arce anunció que solicitará “a través de los canales diplomáticos la información sobre este tema para emprender las acciones que correspondan”. El ministro de Justicia boliviano, César Siles, consideró que el anuncio del Gobierno de Milei “es vulneratorio de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional” y que “iría en contra de los tratados internacionales”.
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