Ha sido el propio Joe Biden quien ha decidido no prorrogar el programa de parole humanitario que su Administración implementó hace dos años para proteger de la deportación a inmigrantes procedentes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. Así lo anunció su Gobierno este viernes, dejando a más de medio millón de inmigrantes vulnerables a ser expulsados del país en los próximos meses. Pero el parole no es el único programa federal que permite a inmigrantes permanecer temporalmente en Estados Unidos que corre el riesgo de desaparecer pronto. A este se suma el TPS y DACA. Juntas, estas tres salvaguardias legales permiten que tres millones de inmigrantes residan en el país de manera legal, y todas podrían expirar de aquí al 2026, especialmente si Donald Trump vuelve a la presidencia, ya que el republicano ha prometido derogar o al menos restringir los tres programas.
En concreto, un nuevo análisis demuestra que hasta 2,7 millones de personas perderían la protección frente a la deportación durante una segunda Administración Trump. “Muchas personas con Estatus de Protección Temporal (conocido como TPS, por sus siglas en inglés) y beneficiarios del parole humanitario y del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) podrían ser deportados” en los próximos dos años, concluye la National Foundation for American Policy (NFAP) en un estudio publicado esta semana. Muchos de estos 2,7 millones de inmigrantes, cuya información personal ya está en manos del Gobierno y cuyo paradero es más fácil de rastrear que el de los inmigrantes irregulares, serían el blanco fácil para la deportación masiva que el expresidente pretende llevar a cabo si vuelve a la Casa Blanca.
Aunque quedaría por concretar cómo serían expulsados. La NFAP admite que es imposible predecir con certeza cuántas de estas personas se marcharían voluntariamente, dadas las condiciones en sus países de origen, y cuantas tendrían que ser expulsadas. “La gran mayoría se enfrentan a perspectivas sombrías si se ven obligados a regresar a sus países de nacimiento, y los obstáculos en el Congreso significan que la legislación puede no rescatar incluso a los grupos más simpatizantes”, señala en su informe la organización de investigación no partidista con sede en Virginia. Muchos de los 2,7 millones cuyas protecciones expiran de aquí al 2026 han vivido en Estados Unidos durante una década o más.
Por programa, el análisis —basado en datos del Departamento de Seguridad Nacional y otras fuentes gubernamentales— concreta que a unas 1.312.000 personas se les ha concedido el parole humanitario durante el Gobierno de Biden. De ellos, unos 530.000 provienen de América Latina y el Caribe: de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Tras el anuncio de Biden de que no renovará las protecciones para estos inmigrantes cuyas permisos de estancia expiran entre este octubre y enero del año que viene, cuando se cumplen los dos años establecidos en el programa, lo más probable es que Trump intente acabar con la política por completo si gana la presidencia. Por ahora, el programa continuará recibiendo nuevas aplicaciones, pero incluso antes de que se anunciara la decisión del Gobierno demócrata, Trump ya había prometido que se deshará del parole si es reelegido. “Prepárense para irse”, dijo en una entrevista con Fox News la semana pasada.
En cuanto al TPS, 863.880 personas viven en Estados Unidos bajo esta protección. Provienen de 16 países designados, entre ellos Venezuela, Haití y El Salvador. Trece de estas nacionalidades verán sus protecciones expirar el año que viene a menos que se prorroguen, mientras que las tres restantes terminarán en 2026. Trump ya trató de acabar con este programa cuando fue presidente. Durante su mandato, intentó despojar de esta protección a varias nacionalidades, incluyendo a los haitianos, nicaragüenses, salvadoreños y hondureños. Su decisión habría dejado a unas 300.000 personas vulnerables a la deportación, pero una serie de demandas se lo impidieron.
Por último, en el país hay 535.030 beneficiarios de DACA, según las últimas cifras de junio. En septiembre de 2017, la Administración Trump anunció que pondría fin a este programa que protege de la deportación a los llamados dreamers, jóvenes sin estatus legal que llegaron a Estados Unidos siendo niños. Aunque el Tribunal Supremo frenó esa decisión y mantuvo la protección de los beneficiarios, una serie de apelaciones y fallos posteriores podrían elevar el programa de vuelta a la alta corte a finales de este año o en 2025. El tribunal, de una mayoría conservadora consolidada por el propio Trump, “podría dejar a los beneficiarios de DACA desprotegidos frente a la deportación, a menos que obtengan otra forma de alivio o un estatus legal”, según la NFAP.
Venezolanos y haitianos, en el punto de mira
Los inmigrantes haitianos y venezolanos —que representan el 32% de los 2,7 millones cuyas protecciones expiran en los próximos dos años— han estado en el punto de mira de la campaña de Trump y Vance. El ticket republicano ha acusado a la comunidad haitiana de comerse las mascotas de sus vecinos en Springfield, Ohio, y a la venezolana de pertenecer a bandas criminales como el Tren de Aragua y “atacar pueblos y ciudades por todo el Medio Oeste”. Por ello, la NFAP espera que la Administración Trump dará prioridad a eliminar las protecciones para estas dos nacionalidades.
En total, 875.335 venezolanos y haitianos están en el país de forma legal gracias al TPS y al parole humanitario, según las últimas cifras del Gobierno. La mayoría de ellos —medio millón— cuentan con TPS, un estatus migratorio que se le concede a personas de países específicos que se consideran demasiado peligrosos para retornar, bien sea por desastres naturales o conflicto armado, y que les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos de manera temporal.
Si Trump cumple con sus promesas y no prorroga este programa para los venezolanos cuando expire en septiembre de 2025 y para los haitianos en febrero de 2026, muchos de estos inmigrantes quedarían en un estado de “limbo”, denuncia la NFAP. Esto se debe a que el Gobierno venezolano puede negarse a aceptar a sus ciudadanos de vuelta y la violencia en Haití —razón por la que estas personas abandonaron su país en primer lugar— sigue descontrolada a día de hoy.
En cuanto al parole humanitario, 116.000 venezolanos y 210.000 haitianos han podido, a través del amparo de un patrocinador en Estados Unidos, entrar al país con una autorización de dos años para vivir y trabajar legalmente. No obstante, esos venezolanos verán sus protecciones expirar a finales de este mes. Y para los haitianos, la fecha de expiración llega en enero. Si no optan por otras vías legales para permanecer en el país, como el TPS o el asilo, podrían ser deportados en los próximos meses, ya sea bajo una presidencia republicana o demócrata.
