“Día 1 [de 2025] y primer intento de los ultras de amedrentar” escribió ayer jueves el ministro de la Presidencia Félix Bolaños en su cuenta de X, la red social de Elon Musk. “En 2025 impulsaremos la reforma del delito de ofensas religiosas para garantizar la libertad de expresión y creación, una medida del Plan de Acción por la Democracia”.
El tuit de Bolaños hace referencia a la polémica provocada por la humorista Lalachus, que el pasado martes, en el programa de las campanadas de Nochevieja, mostró en pantalla una estampita con la vaquilla del Grand Prix que caricaturizaba la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.
Este diario comparte la preocupación por la protección de la libertad de expresión, y por extensión, por la libertad de prensa. Pero duda que la protección de la libertad de expresión fuera lo que estaba en la mente del Gobierno cuando anunció el año pasado su intención de reformar el Código Penal para derogar el delito de injurias a la Corona.
Una presunta preocupación, la del Gobierno, que contrasta con su petición al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que sancione al juez Manuel Ruiz de Lara por unas alusiones burlonas contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. O por la ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina por unos comentarios irónicos similares del presidente argentino Javier Milei.
“El insulto al presidente y a su mujer por parte del juez es antidemocrático” escribió Ana Redondo, la ministra de Igualdad, en su cuenta de X, en relación al magistrado Ruiz de Lara. “La comisión disciplinaria del CGPJ tiene que actuar ante la contumacia de Ruiz de Lara que no respeta las reglas constitucionales de la convivencia. ¿Dónde está la independencia del Poder Judicial?”.
Contrasta también esa preocupación con los continuos ataques de los ministros, e incluso del presidente del Ejecutivo, contra los medios de prensa que investigan la presunta trama de corrupción que implica, entre otros, a José Luis Ábalos, ex número dos de Pedro Sánchez tanto en el Gobierno como en el PSOE.
Contrasta, finalmente, con la utilización arbitraria del delito de odio, que castiga las expresiones hostiles contra colectivos “vulnerables”, pero que en la práctica se ha convertido en un cajón de sastre que aspira a convertir en delito aquellas manifestaciones que, por su propia intrascendencia y falta de repercusión en la vida real, jamás podrían ser calificadas como tales de no existir dicha figura penal.
El Gobierno demuestra así su doble rasero respecto a la libertad de expresión y de prensa, dividiendo a los españoles en dos categorías diferentes en función del nivel de protección que se dispensa a su honor y sus sentimientos.
En una primera categoría están aquellos colectivos e instituciones democráticas de los que se puede hacer mofa, o incluso atacar, amparándose en la libertad de expresión. La Corona, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los católicos o los judíos, contra los que se han llegado a manifestar miembros del Gobierno bajo el lema del terrorismo palestino “desde el río hasta el mar”.
En un segundo grupo están aquellos colectivos supuestamente vulnerables protegidos por el perímetro del muy subjetivo delito de odio: el presidente y su ‘Sagrada Familia’, Lalachus, Broncano y cualquier otro personaje público, institución o colectivo social que, por las razones de oportunidad política que sea, merezcan la protección del Ejecutivo.
La respuesta por defecto a las críticas por el evidente doble rasero de un Ejecutivo con puño de acero y mandíbula de cristal es que los colectivos e instituciones “parodiables” no son colectivos vulnerables.
La respuesta evidente es preguntar a su vez quién es más vulnerable. Una humorista que presenta las campanadas en la televisión pública española amparada y jaleada por el Gobierno, o un ciudadano católico anónimo que ve como el dinero de sus impuestos es utilizado por un medio público para hacer mofa de sus creencias religiosas.
Este diario defenderá siempre la idea de que los perjuicios que puede generar el abuso de la libertad de expresión son siempre menores, y, por tanto, preferibles, a los generados por la restricción de ésta. Pero lo que no aceptará jamás es ese doble rasero que protege a unos ciudadanos y desprotege a otros en función de su afinidad ideológica con el Gobierno. O todos moros o todos cristianos.
