¿Tiene sentido tener Starlink y conectarse con computadoras y celulares viejos y caros? Es una buena pregunta para hacer en NerdearlaAr, que desarrollará su décima edición en Buenos Aires desde el 24 de este mes. Es de tal magnitud (10 mil asistentes presenciales, 25 mil on line) que allí estará Radia Pearlman -la madre de Internet- sólo por poner un ejemplo.
NerdearlaAr es un encuentro de “nerds” muy singular. Son los jóvenes -en edad y/o espíritu- que están lejos del foco de los medios masivos o del debate político. Emprendedores de una generación que demanda de las instituciones mucho de lo que la política elige no ver. Tienen capacidad para hacer nuevas empresas y desarrollar tecnología en la economía del conocimiento que domina el mundo, pero están encerrados con la “doble nelson” del Estado presente: promoción industrial y protección de mercado.
Algo viene cambiando. Federico Sturzenegger se jactó: “Argentina gastó 5 mil millones de dólares en Arsat y ahora cada colegio podrá tener Internet con 22 dólares. ¿Qué pasó con toda esa plata?”. El funcionario desregulador ironizó en la última convocatoria del Consejo de las Américas: “un papel decía que no se podía ofrecer servicios de Internet satelital en Argentina si no había reciprocidad. Se eliminó eso y en muy poco tiempo los argentinos tienen Internet satelital, esto con un costo cero para el Estado”.
Carga impositiva sobre celulares y computadoras importados.
Si la desregulación le facilita a los jóvenes -a los empresarios, a las escuelas y universidades- el acceso de conexión a menor costo, cualquiera sea el tiempo y el lugar, no pasa lo mismo con los dispositivos, que pagan sobrecostos de 94,6% de carga impositiva en el caso de los celulares y 55,1% en el caso de las computadoras.
No son casuales las colas en las fronteras con Chile o Paraguay para cruzar la frontera y hacer “shopping”. La Argentina no sólo promociona la producción más cara de celulares en Tierra del Fuego bajo la excusa de los “derechos adquiridos” (milei dixit) por una prórroga durante el gobierno del Frente de Todos hasta 2038; además mantiene una política fiscal que le protege el mercado a esos beneficiarios de los que el ministro desregulador no habla.
El costo del Estado protector
La Argentina -para productos electrónicos- tiene una Tasa de Asistencia Efectiva (TAE) de 124. ¿Qué significa? La TAE “es un indicador que cuantifica el nivel de asistencia que un determinado sector económico recibe producto de la intervención del Estado en relación al valor agregado que genera a lo largo de un año”, explica la Oficina de Presupuesto del Congreso.
En 2022 -último informe- la TAE para televisores, computadoras o celulares fue de 142; ese es el porcentaje de protección estatal sobre el “valor agregado” en las ensambladoras de Tierra del Fuego.
Tasa de asistencia efectiva.
Esa proporción es la suma de lo que el Estado pone o deja de percibir para “promocionar” la industria fueguina. Es la sumatoria de la protección comercial (aranceles a la importación) la asistencia fiscal focalizada (exenciones impositivas y los subsidios) y la asistencia fiscal no focalizada (exenciones impositivas y subsidios generalizados que benefician a todos los sectores por igual, aunque con diferente impacto, por ejemplo, los subsidios a la energía).
La desregulación que falta
“En el Siglo XXI los teléfonos móviles y las computadoras se transformaron en herramientas fundamentales para la actividad económica y social, por lo que encarecerlos obstaculiza el desarrollo y el progreso. Sin embargo, en Argentina, los precios de computadoras y celulares pueden ser hasta dos o tres veces más altos que en Estados Unidos, Chile o incluso Brasil”.
Con ese párrafo inician los fundamentos que los diputados Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni (ambos del PRO) alegan para proponer, en un proyecto de ley, “llevar a cero los aranceles sobre equipos informáticos y de telecomunicaciones, para abaratar el ingreso de productos importados y alentar la competencia.
Trabajo y sociedad
“La producción de tecnología en Tierra del Fuego genera, actualmente, 7.583 puestos de trabajo (principalmente fabricación de celulares, ya que la de computadoras se concentra mayormente en PBA)”, advierten los autores del proyecto de ley, que no afecta los “derechos adquiridos” de la promoción en tanto desregula la importación, lo que de todas maneras puede amenazar empleos. En el otro extremo apuntan los legisladores que “el universo de potenciales beneficiarios” de la iniciativa “es la sociedad en su conjunto. Tanto empresas como consumidores se verán beneficiados de las medidas aquí propuestas”.
El costo fiscal, y el otro…
En medio de la premisa excluyente de la administración Milei para preservar el superávit fiscal, el proyecto de ley supone un costo de 0,14% del PBI. Todo un desafío si se lo compara con un costo similar -en ambos casos calculado por la Oficina de Presupuesto del Congreso- al de la ley de Financiamiento Universitario.
Fernández Molero y Bongiovanni plantean que la medida “permitirá aumentar la productividad de la economía y apuntalar los ingresos tributarios de manera indirecta”.
Plantean además que “la desigualdad en el acceso a la tecnología en Argentina agrava las brechas económicas y restringe derechos fundamentales. Mientras que en Estados Unidos y Brasil el 97% de la población tiene acceso a celulares, en Argentina sólo el 89% lo logra.
“El acceso a computadoras es aún más limitado: solo el 61% de los hogares argentinos cuenta con un lo a, frente al 95% en Estados Unidos. Además, se estima que un 22% de la población en Argentina desea utilizar bienes tecnológicos, pero no puede acceder a ellos”.
