Por Rebecca Santana – The Associated Press
El Departamento de Seguridad Nacional está implementando recortes en tres oficinas clave que supervisan la protección de los derechos civiles en toda su amplia misión, y sugirió que estaban obstaculizando las iniciativas de control migratorio.
Tricia McLaughlin, portavoz del departamento, declaró el viernes que se estaba implementando una “reducción de personal” en tres oficinas: la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes y la Oficina del Defensor del Pueblo para los Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
El presidente, Donald Trump, ha convertido la reducción del tamaño del Gobierno federal en un objetivo político clave.
Se ordenó a las agencias federales que presentaran antes del 13 de marzo planes que no solo despedirían a empleados, sino que eliminarían puestos por completo y consolidarían programas. El diario The New York Times fue el primero en informar sobre los avances del DHS.
McLaughlin afirmó que Seguridad Nacional está “comprometido con la protección de los derechos civiles”, pero señaló que estas oficinas representaban un obstáculo para la aplicación de la ley migratoria.
“Estas oficinas han obstaculizado la aplicación de la ley migratoria al añadir trabas burocráticas y socavar la misión del DHS. En lugar de apoyar las iniciativas policiales, a menudo funcionan como adversarios internos que ralentizan las operaciones”, afirmó.
La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles fue creada por la Ley de Seguridad Nacional de 2002, con la misión de proteger las libertades civiles en el departamento, creado tras los atentados del 11 de septiembre. Investiga cientos de quejas al año sobre la misión de la agencia y recomienda cambios según sea necesario.
La Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes es una oficina independiente dentro de Seguridad Nacional, no vinculada ni al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ni a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Su función es garantizar que los centros de detención de inmigrantes sean seguros y humanos.
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La Oficina del Defensor del Pueblo para los Servicios de Ciudadanía e Inmigración es otra oficina independiente del departamento, responsable de ayudar a personas o empresas a resolver problemas con la agencia que supervisa los beneficios migratorios.
Los demócratas criticaron duramente las medidas, alegando que perjudicarían la transparencia.
“Con el despido masivo de todo el personal de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Trump se asegura de antemano de que no habrá transparencia ni supervisión de su agenda extremista”, declaró el representante Bennie G. Thompson, de Mississippi, el demócrata de mayor rango en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.
Un miembro del personal de la oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, que pidió no ser identificado por temor a represalias, enfatizó que la misión de la oficina va mucho más allá de la inmigración y la seguridad fronteriza, y señaló que investigan denuncias relacionadas con todos los ámbitos de Seguridad Nacional, incluyendo la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
