El Comité de Derechos Humanos de la ONU notificó la apertura de un caso contra Venezuela por presunto fraude electoral el 28 de julio. Según reveló Efe, el organismo de 18 expertos independientes habría exigido conservar las actas de escrutinio.
Ese organismo supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados parte.
De acuerdo con la agencia, un grupo de cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC, interpuso una solicitud de investigación a Venezuela ante el comité. La petición -hecha en octubre- acusa al gobierno de Venezuela de fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia.
Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DDHH, y uno de los abogados demandantes, mostró la notificación de apertura del caso. En el documento se plasman medidas provisorias mientras se determina si se avanza con la investigación.
«Se ha solicitado al Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales incluyendo las actas de escrutinio, y otros documentos necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación», destaca el documento mencionado por la agencia.
🔴Desde @ihrlegal presentamos petición ante el Comité de Derechos Humanos ONU sobre elecciones en #Venezuela 2024. Logramos HOY la ONU determinar a Maduro SE ABSTENGA de destruir el material electoral: todas actas de escrutinio, material Totalización, Adjudicación y Proclamación! pic.twitter.com/xjTKIwYpre
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) December 3, 2024
Avance en la lucha por la democracia en Venezuela
Para los abogados, la apertura del caso es un «avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela». En declaraciones recogidas por Efe, esperan que se concluya con una decisión «trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela».
Destacaron que en su denuncia se esforzaron por señalar que el patrón de persecución se acrecentó en Venezuela antes, durante y después de las elecciones. «Es un patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados», afirmaron.
Y agregaron: «Se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025».
Enfatizaron en que «a pesar de que se impidió votar a 99% de los millones de venezolanos que viven en el exterior, las actas de escrutinio publicadas por la oposición revelan que el gobierno en funciones perdió las elecciones por una mayoría abrumadora de quienes sí votaron dentro de Venezuela».
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