En Colombia, futuro anfitrión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el informe detalla que “la inmensa mayoría de los ataques se han producido en las regiones suroccidentales de Cauca (26), Nariño (9) y Putumayo (7). La combinación del cultivo de la coca, el narcotráfico y el conflicto armado ha devastado estas regiones y, en muchas ocasiones, las comunidades y quienes defienden la tierra y el medioambiente han quedado atrapados en el fuego cruzado”.
Para el territorio mexicano, se observó una concentración de ataques en Jalisco, Colima y Michoacán, en la costa del Pacífico. “La mayoría de las víctimas (40%) luchaban contra las explotaciones mineras de la región”. Destaca el caso michoacano de la extracción de grandes cantidades de mineral de hierro y la contaminación derivada de la fabricación de acero contra la que se han opuesto las comunidades locales.
Sujetos no identificados irrumpieron en un centro de investigación para la sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el Estado de México, y atacaron al ambientalista Álvaro Arvizu, quien murió derivado de las heridas.
Además, en todo México han desaparecido a 93 personas defensoras de la tierra y el medioambiente entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de agosto de 2023. Más del 40 % aún no han sido encontradas.
Al sur del continente, en Brasil, se acusa a las reformas del ex presidente Jair Bolsonaro de haber expuesto a la Amazonía a la explotación y destrucción, fomentando la invasión de tierras. La organización brasileña Comisión Pastoral de la Tierra detectó que la mayoría de conflictos relacionados con la tierra ocurrieron en 2023, con 1,724, seguidos de ocurrencias de trabajo esclavo rural (251) y conflictos por agua (225).
En los países de Centroamérica —Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá— que tienen menos del 1% de la población mundial, se asesinó a 36 personas defensoras del medioambiente. Casi la mitad, eran indígenas. “Centroamérica ha estado sometida durante décadas a actividades extractivas insostenibles, como la explotación forestal, la minería, los proyectos energéticos y las plantaciones de monocultivos”, detalla el trabajo de la organización internacional.
“En uno de los casos de Honduras, junto a un defensor de la tierra y el medioambiente asesinaron también a su hijo, un joven de 15 años”. Honduras tiene el mayor número de agresiones per cápita y su gobierno no ha firmado el Acuerdo de Escazú, tratado de América Latina que promueve el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, y que exige a sus firmantes prevenir las agresiones contra personas defensoras.
Homero Gómez González fue hallado sin vida, después de 16 días desaparecido. El caso del defensor de la mariposa monarca en México sigue impune, y se une a la lista de 93 asesinatos a defensores de la tierra, en los últimos tres años.
En Nicaragua, que alberga la segunda selva más grande del hemisferio occidental, grupos defensores de derechos humanos acusan al gobierno de facilitar la deforestación de sus bosques.
El informe también detalla un caso de Panamá relacionado con nuevos contratos para una mina de cobre de propiedad canadiense, que desató protestas a nivel nacional durante más de un mes contra la deforestación, la contaminación y la escasez del agua de la actividad extractiva. En las manifestaciones, cuatro personas fueron asesinadas.
“Estudios recientes han demostrado que, entre 2012 y 2023, en Centroamérica y México se atacó a más de 9000 activistas de derechos humanos. Casi la mitad de esas agresiones fueron perpetradas por el Estado, cuyo objetivo generalmente era proteger los intereses de las industrias extractivas y la delincuencia organizada”, se lee en el documento.
Para Léna Lazare y otras personas radicalizadas por años de inacción ante la crisis medioambiental, destruir ciertas propiedades no es vandalismo. Es un acto de resistencia.
Filipinas es el país con la mayor cantidad de homicidios. El continente asiático destaca el secuestro de personas defensoras y el hostigamiento judicial es la forma de agresión más usual en ese continente. Entre 2012 y 2022, Forum Asia documentó 1,033 incidentes.
En la última década, en África, la mayoría de los asesinados han sido contra guardaparques de la República Democrática del Congo. En Panamá, Indonesia y Estados Unidos, siete manifestantes contra la destrucción del medio ambiente fueron asesinados.
Global Witness recomienda a los gobiernos crear un entorno seguro para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente, documentar y analizar los ataques contra ellas y garantizar el acceso a la justicia. A las empresas les pide documentar, mitigar y reparar los perjuicios causados por sus operaciones a las personas defensoras y garantizar el cumplimiento de la legislación y la responsabilidad corporativa.
